La Troncal de los Andes aparece una y otra vez en las conversaciones sobre movilidad en la Sabana de Bogotá. Es una vía corta, apenas 3,4 kilómetros, diseñada para conectar a Chía con la Autopista Norte y aliviar los trancones que desde hace años afectan a quienes se mueven entre el municipio y la capital. Sin embargo, lo que empezó como un proyecto clave para descongestionar la región terminó detenido durante casi una década por la presencia de un ecosistema que surgió en pleno trazado de la carretera.
A finales de noviembre de 2025, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales realizó una audiencia pública que se extendió durante nueve horas. Participaron funcionarios, delegados de Acceso Norte Bogotá S.A.S., organismos de control y cientos de habitantes de la zona. El objetivo era recopilar información y opiniones para evaluar la posible modificación de la licencia ambiental que permitiría retomar la obra. Ese material será parte de la revisión que definirá si la troncal puede avanzar o si necesita un nuevo diseño para evitar el área en disputa.
La vía tiene una historia larga que se remonta a 2016, cuando el Gobierno Nacional adjudicó la expansión de los accesos norte de Bogotá a la Promesa Sociedad Futura Acceso Norte de Bogotá, un consorcio de varias constructoras nacionales, que en su momento asumió compromisos como ampliar la Autopista Norte, construir la doble calzada por la carrera séptima y levantar la Troncal de los Andes. El proyecto completo, valorado en más de cuatrocientos cincuenta mil millones de pesos, prometía mejorar la movilidad entre Bogotá y buena parte de la Sabana Centro.
La construcción de la troncal comenzó en 2019 bajo la dirección de la Agencia Nacional de Infraestructura. La obra fue presentada como la solución más directa a los trancones de Chía, especialmente por el paso constante de vehículos de carga. La ruta proyectada incluía una doble calzada, separador central y dos puentes sobre el río Bogotá para conectar a municipios como Sopó, Zipaquirá, Tocancipá, Tenjo, Cota y Cajicá.
Los primeros meses avanzaron según lo planeado. Se construyeron más de la mitad de los tramos previstos y se levantaron estructuras iniciales de los puentes y la intersección. Pero en 2020, cuando la carretera mostraba un 54% de avance, la obra se detuvo. En reuniones entre la ANI, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Chía se confirmó que en más de dos kilómetros del trazado existía un cuerpo de agua que presentaba características de humedal. Para continuar, era necesario hacer estudios adicionales y evaluar si la vía debía desviarse o si era posible intervenir el área sin afectar el ecosistema.
Las entidades involucradas han sostenido discusiones técnicas y ambientales sin una solución definitiva. La CAR de Cundinamarca realizó un estudio en 2021 y concluyó que el ecosistema no podía clasificarse como humedal, pero que aun así debía contar con medidas especiales de protección. La ANLA, por su parte, ordenó en 2023 al concesionario modificar la licencia ambiental para ajustar el diseño de la obra, proceso que sigue abierto.
El punto crítico está en un sector conocido como La Veguita, muy cerca del río Bogotá. Allí se ubicaría lo que algunos consideran el último cuerpo de agua con funciones ecológicas relevantes en el municipio. Ese lugar quedó justo en el corazón del trazado definido hace más de una década, lo que convirtió la construcción en una disputa entre la urgencia por mejorar la movilidad y la necesidad de preservar un área ambientalmente sensible.
Mientras avanza la evaluación de la licencia, los habitantes de Chía conviven con la espera. La troncal sigue inconclusa, con tramos construidos que no pueden usarse y un diseño que podría cambiar de nuevo. Faltan 2,3 kilómetros por completar, y el proyecto continúa en un punto muerto que afecta a miles de personas que dependen de la movilidad entre la Sabana y Bogotá.
El futuro de la Troncal de los Andes depende ahora de las conclusiones que entregue la autoridad ambiental y de la capacidad del concesionario y las entidades públicas para ajustar el proyecto sin comprometer el ecosistema identificado en la zona. La obra sigue siendo una prioridad regional, pero su avance está atado a resolver un conflicto que lleva casi diez años sin una salida definitiva.
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