Como si la tragedia del Palacio de Justicia hubiera sido una locura del destino, persiste la tendencia a desconocer los descubrimientos y hechos que han sido probados y están disponibles para cualquier ciudadano que quiere conocer cómo funcionó su país en ese episodio. Por supuesto es cómodo negar la verdad y doloroso enfrentarnos a lo que somos, y a lo que soportamos que el estado haga. Pero es irresponsable. Como ciudadanos, lo ético es reconocer los hechos y comprenderlos.
El esfuerzo por mantener la confusión a través de los pactos de silencio, el ocultamiento, la manipulación y la desinformación continúa se hace con el propósito de garantizar la impunidad jurídica, social y política de los autores del crimen. Así impiden que empecemos las transformaciones culturales e institucionales que se requieren.
Toda la información
El abundante acervo informativo, sólido y válido, construido durante cuarenta años permite conocer lo ocurrido en el Palacio. Miles y miles de páginas con pruebas contundentes acumuladas en decenas de expedientes que contienen un conocimiento inmenso y válido, están disponibles; las declaraciones de testigos y protagonistas confrontadas con las evidencias; peritajes y análisis con técnicas forenses incuestionables. Son investigaciones rigurosas realizadas por funcionarios judiciales, profesionales y por especialistas en las distintas ramas de las ciencias jurídicas.
Lograr ese resultado le costó a la justicia enfrentar las presiones del estado y del poder militar, lo que aumenta su valor y confirma la intención de ocultar la verdad. A lo largo de 40 años hicieron lo posible por impedir que las investigaciones avanzaran. Semejante esfuerzo amerita que los ciudadanos hagamos el esfuerzo que corresponde a esa tarea: conocer los hechos.
Más, si se reconoce la intensidad de los esfuerzos de los familiares de las víctimas y sus abogados. Ellos también movilizaron contra viento y marea a las autoridades. A los familiares el estado les mintió, los engañó, les quiso ocultar los hechos y trató de impedir que conocieran cómo desaparecieron y asesinaron a sus familiares. Eran civiles inocentes ajenos a la guerrilla.
Como si fuera poco, existen decenas de investigaciones académicas y periodísticas, ensayos, novelas, documentales, películas, podcasts que procesan todos los elementos. Son trabajos que elaboran la información, la interpretan y la convierten en piezas que explican el momento y el episodio. Es fundamental que los ciudadanos se enteren. -
Ocultar la verdad, una tarea imposible
Con tantos trabajos, es irresponsable insistir en que hay preguntas sin respuesta. Es lo que nos quieren hacer pensar los responsables del holocausto. La verdad es que son pocas las preguntas sin respuesta. La confusión busca afianzar hasta la impunidad histórica. las responsabilidades jurídicas ya se evitaron. Gracias a esa impunidad, continuó la misma política oficial del Palacio: exterminar a la subversión, a la izquierda y a sus colaboradores. Sean o no lejanos al uso de las armas y la violencia. La doctrina es que quien potencialmente sea colaborador de la guerrilla, es guerrillero. Por eso, tras el triunfo de esta doctrina en el Palacio de Justicia, la impunidad jurídica y social permitió que se extendiera a todo el país.
La impunidad es fundamental. Los involucrados en los combates del Palacio, al igual que los responsables del poder civil que dieron la orden de proceder, sabían y saben que las revelaciones generan condenas ante el tribunal de la opinión pública. Conocer que se produjeron excesos y atrocidades, que no hubo esfuerzos por preservar la vida de los rehenes, y que como ciudadanos no reaccionamos era entendible cuando no se conocían los hechos.
Además de impedir el conocimiento de la verdad surgió un movimiento de respaldo al operativo, a los militares que lo ejecutaron y a la doctrina de exterminio. La rabia contra el proceso de diálogo y paz con M-19, su fracaso, le dio cierta legitimidad a esa doctrina. A pesar del costo en vidas civiles inocentes, se logró imponer la idea de que la respuesta era necesaria y adecuada. Aplaudían a los militares.
La razón sin razón del estado
La razón para impedir que se conociera la verdad de los hechos es que para aplicar la violencia exterminadora se necesita impunidad. Los excesos que cometa la fuerza pública no deben tener consecuencias jurídicas, políticas ni sociales. Esta es la razón para que la violencia estatal ilegítima se produzca usualmente bajo dictaduras. Se deben aun así ejecutar en secreto para prevenir la sanción social. El secreto, el silencio, manipular la información, desinformar son sus tácticas. Si los ejecutores acaban en cárceles convertidos en delincuentes, el modelo de violencia exterminadora no se puede usar. La impunidad es un requisito para que funcione.
Por esa razón la fuerza pública impidió el acceso al Palacio a los medios y a las autoridades forenses. Recogió el campo de batalla, los cuerpos, lavó el edificio, borró y alteró las pruebas de su barbarie y recogió el material de los medios. Así se dificultó la posibilidad de que la opinión conociera la verdad. La impunidad por los hechos del Palacio permitió aplicar la política de violencia exterminadora a escala nacional. Fue un gran triunfó político.
La responsabilidad del poder civil es mayor que la de los militares. Las evidencias confirman que no hubo un solo intento del presidente Betancur para dar la orden de contener la operación. Varios dirigentes civiles le insistieron que negociara, pero desconoció sus consejos. En cambio, está demostrado que bloqueó, dilató o desconoció los distintos intentos para lograr un cese al fuego para un diálogo que permitiera salvar a los rehenes y la entrega de los guerrilleros. Tampoco hay ningún indicio de desobediencia militar. El presidente actuó en pleno ejercicio de sus funciones como comandante en jefe, según las evidencias y sus propias declaraciones.
Las fantasías que distraen
La fantasía del golpe militar temporal se lanzó para exculparlo a él ante la opinión pública. Si hubiera ocurrido ¿por qué le habrían devuelto el poder y por qué no lo denunció ni lo manifestó después? Ningún fusil le apuntaba a la cabeza cuando asumió toda la responsabilidad del operativo y sus resultados frente al país la misma noche del 7 de noviembre. A diferencia de Reyes Echandía, Betancur era un presidente libre que tomó la decisión de acabar a sangre y fuego el episodio costara lo que costara a través de los militares.
La sumatoria de silencios confirma la intención de impedir que se conozca la verdad
Si hubieran actuado de manera correcta, gobernantes y militares no tendrían miedo a revisar su accionar. Tendrían la conciencia tranquila, darían la cara al país, serían transparentes. Hasta podrían argumentar que fueron errores involuntarios al fragor del tiroteo. Pero si actúan así, no se podría repetir la política de la violencia exterminadora para resolver el problema guerrillero.
Los cómplices del silencio
Al M-19 también le cabe la misma responsabilidad frente al silencio. Cuatro años después del Palacio, se le otorgó otra amnistía y luego un indulto. ¿Cómo lograron en tan poco tiempo dejar de ser catalogados bandidos y terroristas con los cuales era imposible negociar, para que si pudiera dialogarse con ellos? Se convirtieron en ministros, constituyentes, congresistas y presidente.
La razón es que, con la amnistía y el indulto, se amplió el pacto de silencio a su antagonista derrotado en el Palacio. El M-19 es cómplice del olvido en todas sus dimensiones. Así se completó el control de daños. Los militares, con su pacto guardaron silencio. El presidente guardó silencio hasta la tumba. Los guerrilleros prefirieron el olvido por los resultados de sus acciones armadas.
Gracias a lograr el silencio en los hechos del Palacio, se desató una ola de violencia sin controles del estado ni de la sociedad civil. Se inició con el exterminio de la Unión Patriótica, civiles desarmados como los magistrados del Palacio. Todo sospechoso de colaborar, inspirar o respaldar a la guerrilla, se clasificaba como guerrillero y se podía asesinar. Fue la manera de equilibrar las desventajas de combatir bajo instituciones que regulan y controlan el uso de la violencia en un estado de derecho. Las “Ías” -decían con ironía los ideólogos del exterminio- les impedía combatir con la eficiencia necesaria para derrotar a la guerrilla. Las instituciones diseñadas para evitar los excesos del poder -Procuraduría, Fiscalía, Defensoría- salieron del juego. Sin sanción pública ante la falta de información y evidencias, sin organismos de control actuando, sin cortes sancionatorias, tuvo vía libre la violencia oficial sin reglas.
Seguir el modelo del sur
Cuando los militares pidieron facultades amplias, como en las dictaduras, para contener la amenaza guerrillera, sabían que el aparato de justicia era un problema. La Corte Suprema dictaba las primeras sentencias contra militares que violaron los derechos de miles de ciudadanos detenidos durante la aplicación del Estado de Seguridad. El primer general condenado fue el propio Ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, responsable de enfrentar el ataque al Palacio de Justicia.
La idea de aplicar la violencia exterminadora para derrotar a la guerrilla rondaba las cabeza de los dirigentes civiles. La estructura estatal no estaba diseñada para manejar el problema de la insurgencia. Ni estaban equipadas las Fuerzas Militares para una victoria militar, ni el poder civil para una apertura política que desactivara a la insurgencia. Para complementar, la influencia de Estados Unidos por su temor a la propagación del comunismo los llevó a impulsar dictaduras en el Continente.
Cuando el M-19 empezó a crecer en popularidad con sus acciones de propaganda armada, las alarmas se encendieron. No era una guerrilla comunista, era una guerrilla populista que despertaba apoyo popular. Los militares lograron las primeras normas que suspendieron los derechos civiles con el Estatuto de Seguridad. Los procedimientos de las dictaduras del sur pero bajo una democracia suspendida bajo estado de sitio: 10.000 detenciones arbitrarias, torturas, desaparecidos. Así cayó la cúpula del M-19.
Las disputas domésticas
La política de exterminio o diálogo no fue unánime en el establecimiento. Los dirigentes colombianos y sus seguidores ya habían padecido la violencia exterminadora en carne propia. En los cincuenta los conservadores trataron de exterminar a los liberales y estos a los conservadores. Todos perdieron. En los ochenta, Betancur, como disidente de la clase dirigente inició un diálogo con el M-19. Amnistió a sus dirigentes ante la indignación de los militares que trinaban de rabia. Les arrebató su iniciativa frente a la seguridad y los militares respondieron saboteando el proceso de paz. La voluntad de paz del M-19 quedó poco a poco en entredicho, su popularidad decayó incapaces de entender las contradicciones de los dirigentes del país. Sus operaciones militaristas y su desprecio por los beneficios concedidos por Betancur, la amnistía y el diálogo, decepcionaron. Los militares ganaron la batalla política.
Tras el fracaso del proceso de paz de Betancur, la decisión fue activar la política del exterminio. Es cuando el M-19, debilitado militar y políticamente, intenta dar un vuelvo dramático a su situación con la toma al Palacio de Justicia.
Una nueva cultura con memoria histórica
En la antigüedad, las tragedias se interpretaban como un castigo enviado por los dioses. En la actualidad, desconocer el conocimiento que se acumula alrededor de las tragedias, es perpetuar el dominio del mal. En el 40ª aniversario se pueden conocer los hechos y sus consecuencias. La tarea que corresponde es divulgar los hallazgos para lograr una interpretación colectiva coherente. Con información cierta la sociedad puede comprender. Reconocer la verdad obliga a que los responsables enfrenten las consecuencias de sus decisiones. El ser violento propio de los humanos no va a desaparecer, entre los colombianos, pero si la práctica de convertir a cualquiera en enemigo para justificar su exterminio.
La verdad contribuye a que las versiones mentirosas, amañadas o manipuladas que buscan salvar el honor de los causantes de la tragedia, no prosperen. Ni prosperen las versiones para justificar la violencia que usaron como un acto legítimo e inevitable. Comprender el episodio a partir del conocimiento válido acumulado en las investigaciones de años, permite que la sociedad dé pasos para una convivencia civilizada, para una transformación cultural que erradique el uso innecesario de la violencia. En este proceso, activar la memoria colectiva, es necesario.
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