En Bogotá, la gestión de residuos sigue siendo uno de los retos urbanos más complejos y persistentes. La ciudad carga hoy con más de 666 puntos críticos de arrojo de residuos, según el más reciente reporte de la Personería Distrital de octubre de 2025. Son esquinas, lotes, separadores viales y zonas residenciales donde los desechos aparecen una y otra vez, pese a los operativos de limpieza. Para atender esta problemática, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos destina cada año entre 20.000 y 50.000 millones de pesos. Sin embargo, más allá de la inversión, el desafío real está en cambiar hábitos, recuperar espacios y sostener esos logros en el tiempo.
En ese escenario trabajan las cinco empresas operadoras del esquema de Áreas de Servicio Exclusivo de recolección de residuos. Una de ellas es Promoambiental Distrito, responsable de la zona oriental de la ciudad, que incluye las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz. Cuando la empresa asumió la operación hace cerca de ocho años, encontró 261 puntos críticos activos en estas localidades. El balance al día de hoy tiene un avance importante: 191 de esos puntos han sido recuperados o mitigados, lo que equivale a más del 70 por ciento de los focos identificados inicialmente.
El camino no ha sido sencillo. En varias de estas localidades confluyen factores que hacen más difícil el control de los puntos críticos: recicladores no organizados que rompen las bolsas en busca de materiales aprovechables, usuarios que sacan los residuos fuera de horario o en sitios no autorizados, alta presencia de habitantes de calle y población flotante que desborda canecas y contenedores. Otra situación que pesa es la actividad propia de las zonas con gran actividad comercial y un amplio tránsito constante de ciudadanos. Aun así, la experiencia acumulada ha demostrado que la intervención sostenida y el trabajo comunitario sí logran resultados.
Uno de los ejemplos más representativos está en la calle 81 sur del barrio Betania, en la localidad de Usme. Durante más de dos décadas, ese punto fue sinónimo de acumulación permanente de residuos, que aparecía a diario y ningún intento previo había logrado erradicar el problema. Para los vecinos, el deterioro de la zona era un asunto sin reversa. La intervención cambió cuando se apostó por un trabajo de largo aliento que combinó limpieza, pedagogía y articulación con la comunidad. Juntas de Acción Comunal, estudiantes de un colegio cercano, comerciantes y líderes barriales se vincularon al proceso. El resultado fue un cambio progresivo en el comportamiento de los residentes y en la forma como se disponen los residuos. Hoy en día aquel lugar que llegó a ser uno de los puntos más críticos, es un ejemplo de recuperación posible en zonas donde durante años se creyó que no había salida.
Desde 2021, el trabajo social ha sido clave en este tipo de procesos. A través de varias actividades pedagógicas, los ciudadanos empezaron a entender la importancia de sacar sus residuos en los días y horarios establecidos y de utilizar los puntos autorizados para depositar los desechos. En algunas zonas se logró que las bolsas volvieran a salir directamente desde las viviendas y no a esquinas improvisadas en el espacio público. Transformaciones que no se llevan a la realidad de un momento a otro, sino que requieren presencia constante en las zonas.
La estrategia aplicada en las localidades intervenidas parte de un paso básico pero fundamental: identificar los puntos críticos reales, aquellos donde el arrojo de residuos es diario y recurrente. A partir de ese diagnóstico, se empezaron a tejer alianzas con alcaldías locales, juntas de acción comunales, colegios y autoridades barriales. La pedagogía se convierte en el primer recurso, antes de acudir a medidas sancionatorias. Solo cuando estas acciones no funcionan, las autoridades locales recurren a los comparendos establecidos en el Código de Policía, que contemplan multas de 759.200 pesos por disposición inadecuada de residuos.
La aplicación de sanciones ha sido necesaria en casi todas las localidades de la zona oriental, con la excepción de Sumapaz, donde la dinámica rural y la relación comunitaria han permitido manejar la disposición de residuos sin recurrir a multas.
A pesar de los avances, hay zonas donde las problemáticas con los residuos siguen siendo compleja. El centro de Bogotá, en particular las localidades de Santa Fe y La Candelaria, concentra algunos de los puntos críticos más difíciles de erradicar. Allí, la presencia permanente de habitantes de calle, vendedores informales y actividades económicas informales hacen que el arrojo de residuos sea constante. En muchos casos, los operarios retiran los desechos y, minutos después, el punto vuelve a llenarse. Son focos que existían incluso antes de la llegada del actual esquema de aseo y que requieren soluciones integrales que van más allá de la recolección.
En estos puntos se arroja de todo: residuos ordinarios, escombros y desechos de distinto tipo. La experiencia en aquellos lugares ha mostrado que la limpieza, por sí sola, no es suficiente. Sin acciones sociales complementarias y sin corresponsabilidad ciudadana, los puntos críticos tienden a reaparecer. Por eso, uno de los aprendizajes más claros es que el trabajo de las empresas de aseo solo se fortalece cuando la comunidad se involucra y asume un rol activo en el cuidado de su entorno.
El actual esquema de aseo de Bogotá, adjudicado en 2018 por un periodo de ocho años y con una inversión cercana a los 4,8 billones de pesos, entra en su recta final en febrero de 2026. Deja, sin embargo, lecciones importantes. Entre ellas, que la lucha contra los puntos críticos no se gana únicamente con camiones y operarios, sino con procesos sociales sostenidos, presencia territorial y alianzas locales.
En medio de una ciudad que aún enfrenta cientos de focos de arrojo ilegal, los avances logrados en varias localidades del oriente muestran que es posible cambiar la historia de estos espacios. No es una tarea terminada ni libre de dificultades, pero sí una señal de que, cuando empresas operadoras, autoridades y ciudadanos trabajan en la misma dirección, los puntos críticos pueden dejar de ser cicatrices permanentes en el paisaje urbano y convertirse en espacios recuperados para la comunidad.
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