Los argumentos y las pruebas contra los exministros de hacienda, Ricardo Bonilla, y del interior ,Luis Fernando Velasco, que presentó la Fiscal María Cristina Patiño, quien investigó el entramado de corrupción en la UNGRD con Olmedo López, Sneyder Pinilla y la testigo María Alejandra Benavides como protagonistas centrales, terminaron convenciendo a la magistrada Aura Alexandra Rosero, de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá.
El caso terminó en manos de Rosero que tuvo el rol de juez control de garantías, por azar, es decir le cayó en sus manos por reparto y la Fiscal Patiño demostró más allá de toda duda razonable la vinculación de los dos exministros en el entramado criminal. Bonilla se defendió presencialmente y Velasco virtualmente a lo largo de varias audiencias de imputación.
Bonilla defendido por el abogado Mauricio Pava y a Velasco lo tomó la también experimentada abogada penalista Rosa Elena Suárez, los juristas no lograron probar su inocencia, aunque los funcionarios no aceptaron los cargos. El ex ministro de hacienda incluso declaró “¡No acepto los cargos! Hace medio siglo trabajo en actividades públicas y privadas y nunca he tenido un peso de actividad ilícita”, afirmaciones que la fiscal no tuvo en cuenta y siguió adelante con la imputación de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.
Según la acusación, Bonilla se encargó de direccionar los dineros, y Velasco trabajó en el acercamiento y contacto de los congresistas cuyos votos se requerían para aprobar decisiones legislativas y que fueron obtenidos con prebendas. El dinero se obtuvo de los presupuestos de la Unidad de Gestión del Riesgo. La Fiscalía pidió casa por cárcel pero la magistrada Aura Alexandra Rosero fue más drástica y ordenó detención intramural.
La magistrada Aura Alexandra Rosero reemplazó al jurista José Joaquín Urbano Martínez en la labor judicial y esta ya era mediáticamente conocida porque siendo parte del Tribunal de Bogotá le negó una tutela al expresidente Álvaro Uribe interpuesta por el abogado Jaime Granados. Una vez quede formalmente en firme la decisión, el IMPEC sera el encargado de decidir el lugar de reclusión donde tendrán que pagar la condena, cuyo tiempo todavia aún no se está definido.
Vea también: Las pesadas frases de la fiscal Patiño con las que argumentó la acusación contra los exministros Velasco y Bonilla
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