Megáfono en mano, como lo hizo el presidente Gustavo Petro en Nueva York, la aspirante presidencial Vicky Dávila invitó desde Sabaneta, Antioquia, a las Fuerzas Armadas a desobedecer al jefe del Estado.
Como lo hizo el mandatario en una plaza en Nueva York, al llamar las tropas americanas a desacatar a su colega Donald Trump en relación con la franja de Gaza, la precandidata presidencial exhortó al Ejército a no acatar las órdenes de Petro respecto a operaciones conjuntas con Venezuela.
Como recurso de campaña, una parodia de esa naturaleza puede resultar llamativa u original, pero desde el punto de vista legal podría tratarse de un procedimiento riesgoso, de acuerdo con abogados y analistas consultados por Las2Orillas.
El discurso callejero de Petro tuvo consecuencias: le costó la cancelación de su visa de ingreso a Estados Unidos, poco después de haber sido descertificado en materia de lucha contra el narcotráfico. También pudo haber expuesto la libertad del mandatario colombiano, de no ser por el fuero que le reconoce instrumentos como la Convención de Viena, ya que la legislación de Estados Unidos tiene un arraigado concepto sobre la “conspiración”.
“Una candidata debe comprender que tiene un ascendiente sobre la opinión que la obliga, quizá más que a ningún otro ciudadano, a desarmar la palabra y a no usarla con llamados que a la luz de la ley podrían ser interpretados como un intento de sedición”, asegura Sandra Madrid, experta en derechos constitucional y procesal.
Más allá de las parodias o del efectismo de un discurso, que de hecho están protegidos por las reglas de la libertad y la democracia, un llamamiento a las Fuerzas Armadas a la insubordinación tendría una categoría distinta a luz de la legislación. De hecho, la legislación colombiana contempla penas de prisión para quien incite a la insubordinación.
Santiago Pertuz, politólogo de la Universidad Nueva Granada, observa que la práctica discursiva es comparable en ocasiones a un campo minado. “Es un terreno que hay que trasegar con cuidado, sobre todo en un país polarizado donde los llamados a desescalar el discurso se ha convertido en un saludo a la bandera, pese a que hay discursos que condujeron a la violencia”, destaca el especialista.
En su opinión, la candidata Dávila ya no tiene la investidura del periodista que es libre de opinar dentro de los límites del Artículo 20 de la Constitución y tampoco tiene un fuero que la libere de la responsabilidad por sus palabras que podrían ser interpretadas literalmente por los auditorios a los que van dirigidos.
En concepto de los analistas, no deja de ser una paradoja que las víctimas de la violencia, como la familia del inmolado senador de Miguel Uribe Turbay, tengan que ir hasta La Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar la existencia de un mensaje de odio en las esferas del gobierno, mientras que aspirantes presidenciales que comparten en teoría esa posición la estarían utilizando en beneficio de sus fines proselitistas.
El enfrentamiento entre Petro y Dávila por esa causa generó una línea de comunicación agresiva que marcó tendencias en redes y prácticamente opacó las voces ciudadanas que reclamaban compostura en una época preelectoral signada por la violencia.
También le puede interesar:
Anuncios.
Anuncios.
