El cuadro de la guerra imperialista de Trump y Rubio contra Venezuela y el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro sigue ganando en complejidad y aristas violentas.
En una reunión con su generalato y almirantazgo en Quántico, Virginia, el jefe de la Oficina Oval ordenó intensificar la presión y las operaciones de guerra en todas sus modalidades: híbrida, mediática, convencional, electrónica, con drones, portaaviones, aérea, propagandística y con inteligencia artificial. Todo ello con el objetivo de destruir al gobierno popular de Caracas, facilitar el retorno de la ultraderecha al poder y asaltar los recursos petroleros, mineros y gasíferos de la patria de Bolívar.
Caracas, por su parte, adelanta las acciones estratégicas necesarias para proteger sus intereses nacionales y la integridad de su territorio y población. Lo hace mediante movimientos militares, herramientas institucionales como la conmoción exterior y el fortalecimiento de alianzas internacionales con vecinos y socios estratégicos.
En su altisonante retórica, Trump insiste en que “todo lo que queremos hacer es impedir que las drogas fluyan hacia nuestro país”. Se presenta como un cruzado antidrogas, pero deja abierta la posibilidad de medidas aún más severas. Desde la Casa Blanca, asegura que sus militares intensificarán la persecución contra carteles en Venezuela, aunque nada dice de las rutas del Pacífico, Ecuador, Guatemala o Belice, más activas en el trasiego de droga.
Anuncia también que revisará rutas terrestres del narcotráfico como pretexto para una posible invasión continental con miles de tropas especiales. Con ello marca una nueva fase de sus planes para apropiarse de las riquezas naturales de Venezuela e instalar un gobierno títere de extrema derecha.
Los “gerentes” de la guerra en el Caribe
El escenario deja ver a los funcionarios de Washington que dirigen directamente este frente. Stephen Miller, asesor clave de Trump, ha tomado el control de la estrategia militar en el Caribe, un papel que recuerda al de Elliot Abrams en el fallido intento con Juan Guaidó.
Miller, incluso más influyente que Marco Rubio, ha orquestado los ataques bajo el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (HSC), entidad a la que dio mayor autonomía. El resultado: órdenes de ataque diseñadas en un círculo reducido, como ocurrió el 15 de septiembre, cuando un barco venezolano fue alcanzado por misiles Hellfire sin previo aviso a los altos mandos.
El protagonismo de Miller genera dudas legales y políticas, pues se ampara en el artículo II de la Constitución estadounidense y en la designación del Tren de Aragua como “organización terrorista extranjera”, aunque juristas en EE. UU. cuestionan esa conexión.
La respuesta de Caracas
Venezuela no se ha quedado quieta. Según analistas citados por Sputnik, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejecutó la maniobra “Caribe Soberano 20” en la isla La Orchila, donde probó misiles antibuque y proyectó la isla como “portaaviones insumergible”.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, busca consolidar una zona de negación de acceso naval (A2/AD), reforzada con misiles chinos C-802, iraníes CM-90 y drones de vigilancia.
Los expertos Oswaldo Espinoza y Roberto González Cárdenas coincidieron en que el mensaje central es de disuasión y reafirmación de soberanía: Venezuela no tolerará incursiones.
La conmoción exterior
El presidente Nicolás Maduro informó que inició consultas sobre un decreto constitucional de estado de excepción, que le otorgaría facultades especiales para responder a una eventual agresión. La vicepresidenta Delcy Rodríguez explicó que el decreto ya está firmado y permitiría movilizar a la Fuerza Armada, controlar servicios públicos y la industria petrolera, y desplegar planes de seguridad ciudadana.
Petro no se queda quieto
Además, el presidente Gustavo Petro ordenó profundizar los vínculos entre los ejércitos de Colombia y Venezuela en materia de inteligencia para enfrentar la ofensiva imperialista.
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