Uno de los efectos más perversos de la polarización es que llegamos a considerar inaceptables ciertas posturas no por su contenido, sino porque son compartidas por quienes se ubican en la orilla contraria. Superando ese obstáculo, expreso hoy mi preocupación por los ataques mortales contra personas en alta mar, bajo el argumento de que transportaban cocaína.
Cada cosa, y todas las que se permitan en la ley, que se hagan para combatir a los criminales que explotan el narcotráfico y otras rentas ilícitas para perpetuar su poder y el imperio del mal en nuestro país, deben hacerse. Ninguna duda.
Pero, lo que se permita legalmente. Los colombianos que creemos en el Estado de derecho —que somos casi todos— comulgamos en la fe de que no se puede pisotear la ley para combatir el mal.
Una de las garantías legales más preciosas es que creemos que la justicia es de leyes y no de personas. Confiamos en que elegimos representantes al Congreso y que ellos hacen por nosotros las leyes. Una vez existen las normas, estas son escritas y aplicables a todos. Obviamente, ninguno seremos culpables o sancionados por comportamientos u omisiones diferentes de los que se prevén como crímenes. Decidir si se han infringido esas normas les corresponde a los jueces, y ellos siguen los procedimientos que se han previsto para hacer ese juicio.
En ese marco, bien vale la pena revisar si, más allá de la discusión política, los asesinatos de personas mediante ataques a embarcaciones en alta mar, bajo el argumento de que transportaban cocaína, están bien. Y creo que no.
Uno de los grandes triunfos de las democracias ha sido la separación de poderes. Eso implica que hacer justicia le corresponde a los jueces y no al legislativo, y menos al ejecutivo encabezado por el presidente. Obvio que, entonces, si existe sospecha de que individuos están conspirando o ejecutando acciones ilegales, deben ser ellos —y no otro poder— quienes valoren la situación. No hemos tenido conocimiento de que se haya tenido ese cuidado. Por la manera como se han dado a conocer, los ataques han sido decididos por los comandantes militares.
Resulta que el delito de narcotráfico no tiene prevista la pena de muerte
Dentro de los pilares del debido proceso penal, que en Colombia y en el mundo civilizado es un derecho fundamental, está la garantía de no ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes. Y resulta que el delito de narcotráfico no tiene prevista la pena de muerte.
Obviamente, para que una sentencia se dicte acorde con lo mínimo que consideramos que se debe asegurar a todos, debe darse por un juez con jurisdicción y competencia para ello. Los comandantes militares de EE. UU. no cuentan con esas investiduras y, mucho menos, en aguas internacionales.
Para superar la arbitrariedad, es pivotal que existan procedimientos, que esos procedimientos sean conocidos, escritos y aplicables a todos. Las decisiones sobre la muerte de quienes iban en las embarcaciones no siguieron ningún procedimiento que se haya dado a conocer.
En esas condiciones, además, y obvio, para tomar la decisión fueron totalmente ignorados el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Nadie pudo, de ninguna manera, hacer el caso de quienes iban en las naves, ni aportar o controvertir las pruebas que hubiera en su contra.
Lo que nos diferencia a nosotros de los criminales es que creemos, profesamos y defendemos la aplicación de la ley. Pero a todos y siempre. Entonces, hagamos un alto. Pensemos. Recapacitemos. Ruego que, como resultado de ese análisis, concluyamos que no todo vale para combatir el mal y que no dejemos un antecedente que luego no sabremos a dónde puede llevarnos.
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