Carlos Gustavo Cano, exministro de Estado y reputado dirigente gremial, nunca fue objeto de investigaciones o escándalos. Por eso su sorpresa, que pronto se convirtió en preocupación, fue grande cuando vio su nombre en una lista de “objetivos” de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), un organismo técnico de inteligencia que se ha ido transformando en lo que algunos medios llaman “la policía del presidente”.
La información trascendió cuando quedó al descubierto un curioso acuerdo interinstitucional entre Ecopetrol y la UIAF para velar, en teoría, por la integridad institucional.
Al amparo de ese acuerdo fue elaborada una lista de 61 nombres, entre directivos, funcionarios y el exintegrante de la junta directiva de la empresa. Entre esos nombres fue incluido el del exministro de Agricultura, Cano.
Eso hecho lo llevó a pedirle públicamente al Procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, que detenga la que parece ser una acción sistemática que constituye una violación a la Constitución, a las leyes y los derechos fundamentales de las personas.
“Manifiesto categóricamente mi rechazo frente a las actuaciones que, según he sido informado por distintos medios de comunicación, vendría adelantando Ecopetrol S. A., consistentes en elaborar listas de personas que hemos servido a la empresa para que la UIAF acceda a la información que tiene a su disposición sobre particulares”, declaró Cano.
Denunció que un proceder de esa naturaleza es a todas luces inconstitucional y, en si caso, lo convierte en víctima de una persecución.
Cano pasó revista a las función específica de la entidad que al parecer ha estado espiándola: “La Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero -UIAF, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tiene acceso a la información tributaria y bancaria de todos los colombianos, entre mucha otra, la cual debe ser usada para reportar movimientos sospechosos de cualquier ciudadano exclusivamente a las autoridades competentes como lo son la Fiscalía General de la Nación y organismos con atribuciones de policía judicial, como la DIJIN, el CTI, la Procuraduría y la Contraloría”.
Dijo entonces que ante los sucesos relatados por reputados investigadores periodísticos y medios de amplia circulación nacional, pareciera evidenciarse que la UIAF, en este caso requerida por Ecopetrol y no por las autoridades competentes, no cumple la función para la cual fue creada, no está garantizando los derechos constitucionales, ni la reserva debida, ni actuando bajo estrictos principios de protección de la honra y buen nombre de los colombianos como lo exige la ley 1621 de 2013.
“Por el contrario -denunció- sirve de herramienta inquisidora para espiar o vengar contradictores, como arma de inteligencia política, ahora bajo el mando de Jorge Arturo Lemus, un antiguo militante del M-19, quien es también el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI-, y que le reporta directamente al presidente de la república”.
“En atención a la gravedad de los hechos divulgados, confío en que el señor Procurador General de la Nación, a quien por mandato constitucional le corresponde la guarda de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas, haga uso de sus competencias y detenga de manera inmediata la instrumentalización de capacidades estatales de inteligencia para objetivos ajenos al interés general”, insistió.
Su solicitud aboga por que el Ministerio Público opte, como es debido, por la suspensión provisional de los servidores públicos que habrían permitido la comisión de este desvío del uso de la inteligencia financiera de la nación, como son el presidente de Ecopetrol y sus subordinados y el Director de la UIAF. La suspensión solicitada por Cano regiría mientras se surte la correspondiente investigación disciplinaria. Evitaría que la permanencia en sus cargos, dadas sus competencias y acceso a recursos institucionales, permita la interferencia en la actuación o la reiteración de este tipo de conductas.
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