En más del 75 % de los 1.103 municipios del país hay por lo menos una obra inconclusa o una obra de infraestructura social decorada por las fauces de la corrupción. Aunque no existen cifras oficiales, los cálculos de los órganos de control y estudios académicos indican que los costos de las iniciativas perdidas por obra de la venalidad de gobiernos y contratistas llegó a Los $25 billones durante los últimos diez años.
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Con esos recursos sería posible enjugar cerca del por ciento del actual déficit fiscal del Gobierno Nacional y multiplicar los 18 recursos destinados por el Gobierno para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), a través de la Unidad de Alimentos para Aprender. Serían útiles para financiar cerca del 55 % de los proyectos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).
Servirían para multiplicar 88 veces el presupuesta anual para construcción de vivienda de interés social o los programas que los han sustituido.
Los órganos de control no han dado abasto para combatir el problema. Los controles políticos que ejercen el Congreso, las Asamblea Departamentales, Los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras locales no han Demostrado una real capacidad disuasiva para frenar los vicios asociados a la corrupción. Las veedurías ciudadanas -respetables en su mayoría- se han transformado en algunos territorios en Instrumentos políticos sesgados y al servicio de intereses particulares.
Por eso la llegada al escenario político y administrativo de los nuevos consejeros municipales de juventudes, elegidos en las urnas este domingo 19 de octubre de 2025, representan una nueva esperanza para la defensa del interés público, el desarrollo y el bienestar.
Los consejeros, cuyas curules serán designadas de acuerdo con el número de habitantes de cada municipio o distrito, no solo tendrán influencia ante consejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones e influir eficazmente en la formulación de políticas públicas, sino que conformarán un cuerpo de vigilancia y control de los recursos públicos. “Son una fuerza joven para combatir viejos vicios”, dice Nidia Astorga socióloga cuya línea de investigación es la moralidad administrativa.
Desde esa perspectiva, los Consejos de Juventudes podrán ejercer una vigilancia preventiva que podría contribuir a que los procesos de contratación pública sigan teniendo el componente judicial que los lleva a desembocar en los tribunales de justicia. No en vano, durante los últimos cinco años han llegado a la Fiscalía 160.000 denuncias sobre corrupción, 130.000 de las cuales se relacionan con delitos que golpean el patrimonio público de los colombianos. Aunque la acción punitiva del Estado se ha fortalecido desde el punto de vista legislativo, las largas ritualidades en los procesos harán que varios de ellos queden en la impunidad.
Esa mirada vigilante fresca podrá contribuir también a la ejecución cabal de los Planes de Desarrollo y ha sacar del rezago, por ejemplo, a proyectos que se financias con recursos de regalías, pero en amplia medida no llegan a buen puerto, ya sea por desgreño administrativo y por calificación no adecuada de los ejecutores, desligados de la academia y otras fuentes de conocimiento.
Gendarmes del nuevo Sistema General de Participaciones
En caso de que el Congreso cumpla el mandato contenido en el Acto Legislativo que le dio vida a un nuevo Sistema General de Participaciones y expida antes de concluir la actual legislatura la nueva Ley de Competencias y Transferencias de Recursos, los Consejos de Juventudes estarían llamados a ser impulsores de un proceso en el que el Estado Central se adelgazará para darle mayor juego a las autonomías de las entidades territoriales.
Si la ley sale adelante, a partir de 2027 y durante los próximos doce años para que el giro de los recursos que la Nación transfiere a las regiones pasará del actual de 28,5 por ciento al 39,5 por ciento.
Las competencias se ejercerán por el nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía, lo que ampliará el espectro de los Consejos de Juventudes en la formulación de proyectos y en la veeduría de los recursos.
Tal como está concebido el proyecto, el municipio prestará el servicio, el departamento se encargará de la articulación regional y la cooperación técnica y la nación de la formulación de la política y la vigilancia con los sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación.
“La comunidad participará a través de los controles ciudadanos y territoriales”, plantea la iniciativa que tiene así una alusión tácita a los nuevos consejeros.
En salud -área crítica desprovista de una vigilancia real por parte de la ciudadanía- la prestación de los servicios se fortalecerá a través de los Centros de Atención Primaria (CAPS) y equipos de salud territorial. La asignación de tareas a los niveles regionales se realizará en forma gradual, progresiva y simultánea, es decir, en la medida en que las entidades territoriales vayan estando preparadas y ahí los consejos juveniles tendrán mucho por decir.
En los territorios de la llamada “otra Colombia” tendrán toda una tarea por delante porque allí está previsto que para la prestación de los servicios de educación y salud los municipios deberán estar certificados antes de recibir los recursos. De lo contrario, los asumirán los departamentos. Amazonas, Guainía y Vaupés tendrán un manejo diferencial. El departamento asumirá las funciones del nivel local en aquellas zonas que no estén municipalizadas.
Los Consejos de Juventudes podrán incidir también en la promoción de los nuevos esquemas normativos que permitirán a los municipios y departamentos asociarse libremente para ejercer conjuntamente las competencias y fortalecer su institucionalidad.
En📍Barranquilla, en diálogo con candidatos a los Consejos de Juventud, el registrador nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado a defender y robustecer con el voto esta opción que brinda la democracia y explicó que este mecanismo facilitó la vinculación a la entidad de 2.500… pic.twitter.com/22z6686ZKU
— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 19, 2025
Los desafíos son todavía más amplios. La categorización de municipios y departamentos tendrá en cuenta sus capacidades fiscales e institucionales, su densidad poblacional y su conectividad territorial.
Los municipios y departamentos de los niveles más bajos tendrán prioridad para la asignación de recursos del SGP y para su libre destinación en materia de funcionamiento e inversión.
El 96% de los rubros primarios se distribuirán así: 58,5% para educación, 24,5% para salud y 11,6% para saneamiento básico y propósito general. La distribución jugará un papel crucial si los nuevos gestores y veedores de las políticas públicas contribuyen con su fuerza renovada a empujar procesos de descentralización.
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