En 1997, Francisco Enrique Villalba Hernández era integrantes de una estructura paramilitar en el departamento de Antioquia. Conocido con el alias de "Cristian Barreto” y con una relativa cercanía Carlos y Fidel Castaño, participó en la masacre de El Aro, una acción criminal perpetrada durante ocho días (del 22 al 30 de octubre de ese año), que cobró las vidas de 17 personas.
Un año después, cuando las autoridades ya se aproximaban a él y las purgas internas en su organización lo agobiaban, Villalba decidió someterse a la justicia y se comprometió a colaborar con el esclarecimiento de ese y otros hechos trágicos. Respecto a lo ocurrido en el Aro propaló una versión ya conocida, en el sentido de que algunos miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios públicos habrían estado entre los instigadores de ese crimen.
Habló en principio, de manera genérica, de la “clase dirigente”. Y dijo que representantes del gobierno regional y de las castas políticas estuvieron también detrás de otros asesinatos selectivos de dirigentes de izquierda y prestantes líderes sociales, entre ellos Jesús María Valle, fundador y presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia y el jurista Jorge Eduardo Umaña Mendoza.
Cuando la Fiscalía le exigió precisar nombres ‘Barreto’ mencionó al gobernador y futuro presidente Álvaro Uribe Vélez a su hermano Santiago y a un general de apellido Ospina, que algunos asociaron al nombre de un oficial que fue comandante de la IV Brigada, aunque este último dato no quedó consignado expresamente en un expediente judicial.
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Por esos días ya hacía carrera en medios la historia sobre la existencia de un grupo criminal, estilo ‘mano negra’, que se habría fundado bajo la denominación de ‘Los 12 apóstoles’, que supuestamente había sido conformado en tierras de propiedad de los Uribe. Cinco Lustros después, Santiago Uribe fue absuelto en un proceso por este caso y su hermano Álvaro libró una batalla jurídica y política para desvirtuar lo que dijeron Villalba y otros paramilitares sobre él.
Villalba o ‘Cristian Barreto’ fue asesinado en abril de 2009 por hombres que llegaron a la casa del municipio de La Estrella donde cumplía en prisión domiciliaria dos condenas a 33 y 37 años por los hechos de El Aro y otra masacre. Sus homicidas usaron armas con silenciadores para no llamar la atención de los vecinos.
Aunque tenían un beneficio similar a la ejecución condicional de la condena, las penas tan largas significaban que la justicia consideraba que su colaboración no era suficientemente eficaz. Desde entonces los Uribe consideraban que las acusaciones en su contra quedaban ya en el pasado.
Sin embargo, el 5 de octubre de 2015 la vieja versión incriminatoria recobró vida sorpresivamente. La jueza Tercera Penal de Medellín. Claudia Castro, condenó a 28 años de prisión al exsubdirector del DAS José Miguel Narváez como autor intelectual del secuestro de la ya desaparecida senadora Piedad Córdoba Castro. Su secuestro ocurrió en mayo de 1999 a manos de hombres que seguían las órdenes de Carlos Castaño, uno de los asistentes a los cursos de instrucción clandestina en guerra irregular que solía dictar Narváez.
La sorpresa estaba en la parte resolutiva de la providencia que, además de la sanción a Narváez disponía compulsar copias a la Fiscalía para que investigara a los hermanos Uribe en relación con los homicidios de los que fueron víctimas Valle y Umaña. La decisión equivale a pedir una investigación en contra del expresidente de la República y su hermano.
La reacción de Uribe fue inmediata. A través de su cuenta en X el exmandatario calificó la decisión de la jueza de Medellín como “miserable” y “fantasiosa” y basada en una vieja versión sobre una reunión en la que habrían sido planeados los crímenes y que en realidad nunca existió. Uribe también adujo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la más alta instancia del continente desestimó por inexistencia de pruebas esos señalamientos.
Ahora en los medios jurídicos y políticos hay expectativa sobre lo que pueda ocurrir ahora cuando la Fiscalía reciba formalmente la solicitud. Para los seguidores de Uribe se trata de una especie de “cerco judicial” que se suma a la reciente condena al expresidente dictada por una jueza de Bogotá y en apelación actual ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Todo esto ocurre mientras el partido Centro democrático anuncia que incluirá a Uribe en su lista de candidatos al Senado para las elecciones de 2026.
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