Un grupo de militantes y candidatos del partido Oxígeno se atrevió a hacer algo que los ciudadanos deberían haber impulsado hace mucho tiempo. Me refiero a la denuncia presentada ante la Corte Suprema contra ciertos integrantes de la Comisión de Acusación por irregularidades al tramitar los procesos contra Petro.
El documento con la firma de Sofía Gaviria Correa, Ingrid Betancourt y John Pinchao, pide que previa comprobación de la responsabilidad penal, se condene como autores del delito de prevaricato por omisión a cinco de los representantes que hacen parte de la Comisión de Investigación cuyas actuaciones dejan preguntas y dudas. La solicitud está fundada en varios hechos:
—El congelamiento durante más de seis meses de las denuncias formuladas por Miguel Uribe Turbay y Federico Gutiérrez ante presuntas irregularidades financieras de la campaña presidencial de Petro. Este caso incluyó la omisión de diligencias sustanciales.
—La falta de acción frente a una denuncia contra el presidente por motivos similares y presentada por el ciudadano Esteban López. El proceso terminó archivado sin qué se hubieran practicado ni valorado las pruebas correspondientes.
—La indiferencia frente a la denuncia que suscribiera el Representante Christian Garcés por la presunta entrega a la campaña presidencial de quinientos millones de pesos provenientes de una organización contrabandista.
—Los ciento catorce procesos vivos y sin avances reales contra el Presidente, lo que demuestra una indiferencia inaceptable.
—La pasividad de la Comisión para apartar de los procesos a su miembro Carlos Cuenca, un personaje incurso en inhabilidad ética y jurídica al haber recibido condena de la Corte Suprema de Justicia como autor del delito de corrupción al sufragante.
—El archivo de tres investigaciones contra el presidente por su anterior desempeño como senador de la República. Estas acciones surgieron de denuncias presentadas por distintos actores como Pedro Antonio Herrera y María José Linero y concluyeron con auto inhibitorio o archivo, sin haberse practicado las pruebas requeridas. Incluso en algún de los casos se tachó de “temerarios” a los denunciantes.
—La aparente alineación política y electoral entre el sector mayoritario de la Comisión y el gobierno del Pacto Histórico.
No hay duda de que algunos miembros de la Comisión de Acusación están jugando con candela. Seducidos por cálculos electorales, afinidades ideológicas o prebendas, olvidaron sus funciones.
Creyeron que como parlamentarios su discrecionalidad sería absoluta, incluso cuando ejercen como investigadores, y podrían ponerse de ruana la justicia
Tal suposición es equivocada: su actuación en estas materias está sometida a los principios, reglas y exigencias que obligan a cualquier autoridad penal cuando de investigar posibles ilícitos se trata. El no actuar de la forma establecida es prevaricato por omisión, pero la Corte al conocer los casos podría encontrar razones para ampliar su indagación hacia otras figuras delictivas como el encubrimiento y la denegación de justicia.
El Supremo Tribunal tiene que actuar diligentemente para establecer responsabilidades con relación a lo denunciado, o los colombianos confirmaremos la percepción de que el organismo investigador se está convirtiendo en una verdadera Comisión de la Infamia.
La urgencia mencionada tiene que ver también con una situación que impactó a la opinión nacional y que seguramente será denunciada ante la Comisión de Investigación próximamente. Se trata de la libertad que la fiscal general Luz Adriana Camargo confirió al jefe guerrillero cuyo remoquete es Calarcá, cuando fue detenido en un retén vial mientras él y algunos de sus compinches perpetraban en flagrancia el porte ilegal de armas.
La fiscal justificó su decisión con el cuento de que la libertad debía darse porque se trataba de negociadores de la paz total de Petro. Se le olvidó a la controvertida dama que el beneficio establecido para los negociadores consiste en la suspensión de órdenes de captura vigentes al momento en que adquirieron el estatus de tales. Ofendería a la lógica y al derecho considerar que un beneficio de esa naturaleza pudiera ser patente de corso, carta en blanco que indulta a futuro cuanto crimen pudieran cometer los negociadores.
Si la Comisión de Acusación se hace una vez más la “orejimocha”, tendremos que prepararnos para que con la bendición de la fiscal Camargo veamos libres de toda culpa a Calarcá junto a su combo. También para que queden en la impunidad el asesinato de los diez y seis policías bajados del helicóptero de Amalfi, los siete masacrados en Casanare, y las carnicerías que a futuro protagonicen tales forajidos.
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