En su primera declaración bajo juramento, rendida a mediados de 2025 ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, el exministro Álvaro Leyva dijo que no fue testigo de ningún episodio de consumo de sustancias adictivas por parte del presidente Petro. Lo hizo mientras explicaba el contenido de las polémicas cartas abiertas en las que aseguraba que las presuntas dependencias del alcohol y de drogas alucinógenas harían al jefe del Estado indigno de ejercer su cargo.
“¿A usted le consta que el presidente ha sido un consumidor?” -, le preguntó con insistencia a Leyva durante diligencia el abogado Alejandro Carranza, apoderado del primer mandatario.
“¡No, hombre, pues claro que no! “, respondió ofuscado el excanciller y agregó que, de todas maneras, con los datos que él estaba dando, la Comisión bien podría averiguarlo.
Pese a eso, comienzos de septiembre Leyva presentó a la comisión un oficio en el que insistía en tema y decía aportar pruebas. Una de ellas, según él, era un formato de prescripción que en su cabezote identificaba a un médico siquiatra como especialista en tratamiento de problemas de alcoholismo y drogadicción.
La información sobre el nuevo escrito de Leyva trascendió a algunos medios de comunicación que lo presentaron como revelaciones de la historia clínica del presidente. Sin embargo, fuentes de la comisión le aseguraron a Las2orillas que aparte de la asociación hecha con la forma como se identifica el siquiatra en los papeles de su consultorio, no hay ningún diagnóstico o prescripción que confirme lo que dice Leiva.
Las verificaciones hechas hasta hoy señalan que a raíz de algunos problemas de salud que padeció Petro cuando se desempeñaba como alcalde Bogotá consultó al especialista, no por problemas adictivos, sino con episodios de ansiedad y depresión comunes entre miles de colombianos.
Como la pretendida prueba llevada por Leyva a la Comisión no fue decretada por ésta, su presentación y la manera como trascendió al público ha generado fuertes controversias entre los integrantes de una célula que, si bien cumple funciones judiciales, tiene un carácter político partidista. Por eso se reflejan también allí tensiones entre las bancadas de gobierno y oposición.
En lo que sí están acuerdo algunos de sus integrantes, de distintas bancadas, es que si los papeles e información llevados por Leyva corresponden a información contenida en la historia clínica podría estar incurriendo en un delito porque el Código Penal establece que el uso indebido de información obtenida de expedientes médicos y clínicos expone a los particulares a penas de prisión de entre uno y cinco años de prisión. Y quienes hayan entregado la información, si se trata de médicos u otros profesionales del sector sanitario, incurrirían en prisión de tres a cinco años, más sanciones de inhabilidad.
La consigna en la Casa de Nariño es fortalecer la denuncia penal que ya está presentada contra Leyva y llevar a la Corte a congresistas que han hecho eco a sus afirmaciones. En principio hay dos nombres. El del representante Carlos Cuenca, coordinador del triunvirato de investigadores de la Comisión, por un presunto quebrantamiento de la reserva sumarial con propósitos políticos. El otro. Miguel Polo Polo por su posible inclinación a replicar en redes como ciertas todas las afirmaciones de Leyva.
De hecho, Polo ya tiene una investigación abierta en la Corte por hostigamiento agravado por promover e instigar actos contra exintegrantes del M-19 y por replicar videos en los que manifestantes queman un muñeco con la cara de Petro. Según Polo, las acusaciones que dieron pie a la apertura del proceso “son exageradas”.
El abogado del presidente le confirmó a Las2Orillas que está gestionando la autorización presidencial para por a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en caso de que el proceso a Leyva no avance, como ocurre hasta ahora, con el propósito de denunciar una posible denegación de justicia, entre otros hechos que afectan la gobernabilidad del presidente.
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