La carta de Álvaro Leyva al presidente da para muchos temas. Obviamente en el caso de que para comentarla se haya leído.
Sin embargo, el centro de interés se ha reducido a su uso político alrededor de Petro.
Si se elimina el elemento pasión por o contra Petro, varios otros aspectos llaman la atención.
¿Cuál es la motivación o el objetivo que dio lugar a ella?
Como redacción es lamentable: no parece un escrito del nivel intelectual de lo que corresponde a lo que se conoce o se supone del autor. Teniendo en cuenta lo incomprensible y lo cuestionable desde el punto de vista ‘ético’, no solo por la ‘deslealtad’ sino por el uso de insinuaciones sin claridad sobre lo que implican (caso de ‘satisfacer otras necesidades personales’ de Laura Sarabia al Presidente; o de lo que significa ser secuestradores del mandatario; o el tipo de adicción a la que se refiere; el tipo de otros temas que no trata en ella), aparece más como un caso de resentimiento, de despecho y de propósito de hacer daño a unas personas que de contribuir a algo positivo en algún campo o aspecto, cualquiera que pudiera ser.
No es claro si el blanco son los nombrados o el presidente mismo. Igual podría haber sido el autor de una carta así otro que antes tuviera la misma condición de ‘secuestrador’ y ahora, por no habérsele cumplido alguna pretensión, cumpliera la amenaza que le permitía serlo.
Por otra parte, de su contenido surgen y han surgido varios puntos que pueden ser debatidos en abstracto y no alrededor del caso concreto.
Implícita, y como lo más grave, hay la posibilidad de que por medio del chantaje que supone ejercer alguien sobre un presidente acabe ese o esos ‘alguien’ siendo quienes efectivamente tengan el poder para obligar decisiones de gobierno. Eso puede suceder cuando por una u otra razón el mandatario tiene algo que ocultar.
La gravedad se concreta no en el hecho de lo que se oculta (un romance secreto, un estigma social como era el homosexualismo, cualquier clase de enfermedad vergonzosa, etc. ) sino en la extorsión, si esta se presenta.
Es decir que la existencia de una adicción en sí misma es relativa para motivar una posibilidad de manejo de un gobernante.
Una adicción puede además no ser limitante dependiendo de en qué medida afecta el comportamiento. Por ejemplo, hoy en día tanto la marihuana como la cocaína son consideradas drogas suaves en cuanto son adictivas, pero solo afectan en alguna forma el control sobre el comportamiento en casos de consumo excesivo (en el tiempo o en cantidad). Diferente es el caso de otras drogas como los opiáceos o los alucinógenos, y aún más enajenantes son las nuevas drogas químicas.
Obviamente es diferente el caso según las responsabilidades que se tienen. Y obviamente se deben considerar las consecuencias que produce en otras personas el comportamiento de quien tiene una adicción -más en el caso de drogas, y más cuando es el caso de toda una población-.
Al respecto entra en escena el derecho a la intimidad. En todas las épocas y en todas partes esto ha sido más sujeto de pronunciamientos debatibles que de conclusiones. Es una confrontación que involucra temas de otras dimensiones como la relación entre un derecho individual y otro de interés público (en EE. UU. por ejemplo lo volvieron de ‘Seguridad Nacional’). Por eso la controversia y por eso el abanico de jurisprudencias al respecto. Por eso también la falta en general de legislación. En particular respecto a la obligación de evaluaciones médicas, de cuándo, por quién, de los parámetros de referencia, etc.
No existe en el orden institucional una instancia que permita que se obligue al mandatario a demostrar que es o no drogadicto
En el caso concreto colombiano el resultado es que no hay marco legal para resolver esta problemática. Aparentemente solo hay claridad en relación con este último punto, en el sentido de que no existe en el orden institucional una instancia que permita que se obligue al mandatario a demostrar que es o no drogadicto, ni menos a si está incapacitado o no para gobernar por ello.
Como el interés de los periodistas es solo hacer noticias, se cae en que de toda la carta de Leyva se minimiza lo que realmente sería más grave – que el presidente fuera manejado al punto de que quienes gobernaran fueran otros-; se saltan todos los elementos inciertos o nebulosos alrededor del universo de las drogas; y se fija únicamente en el objetivo noticioso de poner en el escenario a Petro.
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