En sus consejos de ministros de la noche del martes 25 de noviembre, el presidente Gustavo Petro dijo que no tomaría decisión alguna frente a los funcionarios que presuntamente les permitieron a las disidencias de las Farc infiltrarse en altas esferas del Estado.
Petro dijo que solo creería en los resultados de pruebas forenses que debía practicar la Fiscalía para determinar si en verdad hubo diálogos, cruces de mensajes y encuentros subrepticios de al menos un general y del director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con el jefe extremista ‘Calarcá’.
Sin embargo, la protección ofrecida por Petro a los funcionarios cuestionados sirvió de poco. Este jueves 27 de noviembre la Procuraduría General de la Nación dispuso la separación al menos temporal de sus cargos del general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército y Wilmar Mejía, un profesor de educación física al que Petro llevó como director de inteligencia de la (DNI).
El procurador Gregorio Eljach tomó la decisión para evitar una posible injerencia de ambos en el proceso de investigación, pues su permanencia en los cargos les ofrecería una amplia margen de maniobra para ocultar pruebas o manipularlas.
Eljach dejó claro que la suspensión no significa una declaración de responsabilidad, pero sí representa un avance importante hacia el esclarecimiento de los hechos.
“La suspensión -resumió Eljach- tiene por objeto evitar que la persona involucrada interfiera en el desarrollo del proceso o que, estando en el cargo, vuelva a incurrir en la misma conducta que está investigando o use su poder para favorecerse”.
La noche de este domingo 23 de noviembre Noticias Caracol reveló que Huertas era en realidad un aliado de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Calarcá’, en el propósito de infiltrar al gobierno mismo y a instituciones claves como el Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía.
La investigación periodística probado a la luz de los contenidos que reposaban en la memoria del computador de ‘Calarcá’ y de cientos de chats y conversaciones telefónicas, era conocido hace 16 meses por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, sin que su despacho haya tomado hasta ahora ninguna decisión visible al respecto. La fiscal lo confirmó y designó a dos de sus mejores investigadores para determinar lo que pasó desde entonces.
Todo comenzó el 23 de julio de 2024 en un retén militar dispuesto en Anorí, Antioquia, por el Ejército Las tropas detuvieron a una caravana de vehículos en el que se desplazaban siete jefes de las disidencias de las Farc. A bordo fueron encontradas armas y dinero en efectivo. Calarcá y alias Érika, su compañera, fueron puestos en libertad después de una breve reclusión en un cuartel porque la Fiscalía dijo que actuaban al amparo del proceso de paz y las órdenes de captura en su contra se hallaban suspendidas.
Desde entonces fueron examinados técnicamente los contenidos de uno de los computadores de ‘Calarcá’, jefe de las disidencias y desencriptados contenidos de chat, correos electrónicos y mensajes verbales que resultarían comprometedores.
Allí apareció toda la trazabilidad de comunicaciones que involucran a funcionarios como el general Juan Miguel Huertas con ‘Calarcá. Entre los interlocutores y aliados de las disidencias en los altos círculos del gobierno apareció también Wilmer Mejía, un licenciado en educación física al que el presidente Petro le habría dado como fachada su representación ante el Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia, cuando en realidad era uno de los hombres más poderosos de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Uno de los contenidos más comprometedores sacados de los archivos es una carta fechada el 8 de febrero de 2024, en la que un hombre de las disidencias le narró a Calarcá una reunión sostenida en Bogotá con el general Huertas, en su condición de asesor del Ministerio de Defensa, del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia.
“El hombre me dio buena confianza y nos propuso montar una empresa de seguridad (…) dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas. Él dice que eso es una buena inversión porque llegado el momento en que todos estos procesos fallen, quedamos con hombres legales”, se lee en uno de los apartes de la carta que parece anticipar lo que ocurriría cuando el proceso de paz pudiera cristalizarse.
“Al hombre (a Huertas) le están ofreciendo puestos altos en el gobierno de ahora y él dice que no le quitará la demanda al general Zapateiro, que fue quien lo destituyó y lo sacó, que él prefiere ser una púa más en el zapato para Zapateiro y lograr que pague”.
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