Veinticinco días después de la accidentada renuncia de Eduardo Montealegre, su mentor, la viceministra de Política Criminal, Olga Lucía Claros, fue requerida por el ministro de Justicia encargado Andrés Idárraga para que presentara su dimisión.
Después del hundimiento del decreto mediante el cual el gobierno pretendía convocar a una consulta popular sobre reformas sociales, sin pasar por el Congreso, y de que el proyecto de ley de sometimiento a la justicia -del cual también fue artífice- se diluyera en medio de debates y conatos de escándalos, la abogada y exfiscal caqueteña se encontraba sin un norte claro en su agenda.
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“Ella se jugaba más por Montealegre que por el gobierno mismo y eso fue siempre muy notorio”, comentó un funcionario próximo a su despacho al confirmar que su salida era el comienzo de una poda en este y otros ministerios en plena época electoral.Idárraga, el único funcionario que desde la secretaría de Transparencia sobrevivió a las frecuentes crisis de gabinete llegó al ministerio con la instrucción de reestructurar en principio el equipo directivo para montar, en los poco más de ocho meses que le restan de mandato al presidente Petro, una nueva estrategia de relacionamiento con las cortes de justicia.
El suspenso en el que se encuentra la reforma pensional en la Corte Constitucional, el reciente allanamiento por parte de la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana a la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, y las frecuentes sentencias que ordenan a Petro rectificar sus palabras y retractarse de ataques públicos a sus contradictores, han afectado esa relación.
El gobierno esperaba que con el nombramiento del exmagistrado César Julio Valencia Copete como sucesor de Montealegre, su interlocución con la administración de justicia recobrara un tono de armonía. Sin embargo el hecho de que Valencia declinara a última hora -por recomendación de los médicos que lo atienden por una afección pulmonar- pareció dar al traste con ese propósito.
Marcela Tovar, directora de Política de Drogas del ministerio y una de las funcionarias que desplegó los mayores esfuerzos para conseguir que Colombia fuera descertificada por Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, fue ascendida al cargo que quedó disponible con la partida de Claros, si bien se daba como un hecho su nombramiento como embajadora ante la Organización de Naciones Unidas.
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La idea de borrar la huella del paso de Montealegre por el Ministerio, donde chocó fuerte con Benedetti, también deja en vilo al viceministro de Promoción de la Justicia, Yefferson Dueñas, cuya teoría sobre la “voluntad popular subyacente y manifiesta” en la llegada de Petro al poder era suficiente para que la consulta popular fuera convocada por decreto fue desvirtuada argumentalmente por expertos constitucionalista como Manuel Gaona.
Los equipos de asesores también quedaron en suspenso. Las renuncias que presentaron con la llegada del ministro encargado serán resueltas durante estos días porque, según sindicatos del sector público, el gobierno necesita mayor margen de maniobra para mover fichas burocráticas en plena campaña.
La idea es que la Ley de Garantías electorales frena procesos de contratación pública que supongan uso de recursos públicos cuantiosos, pero no inhibe ajustes de las nóminas. Parece haber varios recomendados en lista de espera.
Los cambios en las nóminas no son exclusivos del ministerio de Justicia por cuenta de la inestabilidad en una catera por la que ya han desfilado cinco ministros. También comienza a hacerse visible en Hacienda, de donde salieron directivos y asesores de confianza del exministro de Ricardo Bonilla y algunos de quienes lo han remplazado.
También en el Ministerio de las TIC, donde tras el breve paso como ministros de Mauricio Lizcano, Sandra Urrutia y Julián Molina han hecho de la inestabilidad una constante, también parece haber una larga lista de espera para reconfigurar la nómina de colaboradores de la jefe de la cartera, Carina Murcia Yela.
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