En el mundo del ajedrez, el juego ciencia, el nombre de Marcio Alfredo Melgosa Torrado está asociado al de un campeón nacional que obtuvo títulos en las categorías infantil, sub-16 y sub-20 y que representó a Colombia con buen éxito en dos mundiales de esas categorías y en un torneo por equipos en Europa.
En el mundo de la academia y el derecho es respetado como un jurista experto en contratación, doctorado en ese tema en España donde hace cuatro años se doctoró con una tesis de grado dirigida por dos de los más distinguidos profesores de la Universidad Complutense de Madrid: Felio José Bauzá y Fernando González Botija.
Lea también: Una antigua imprenta portuguesa que empezó en la Edad media reemplazará a Thomas Greg en los pasaportes
“Responsabilidad de la administración pública en la actividad precontractual: un análisis del derecho español y colombiana”, es el título de su trabajo doctoral convertido hoy en una obra de consulta.
En los dos tableros, el del ajedrez y el de la contratación, se ha sabido mover, según colaboradores suyos como un maestro. Es barranquillero de nacimiento, pero entidades vallecaucanas lo llamaron en busca de su asesoría calificada: las Empresas Públicas Municipales de Cali y la Alcaldía de Palmira.
Nombrado por la Procuradora Margarita Cabello lo ratificó como delegado para la vigilancia preventiva el Procurador Eljacah
El Congreso de la República también lo ha tenido como consultor. En esos ámbitos lo conoció Margarita Cabello Blanco y hace seis años lo llevó a la Procuraduría para que fuera su Delegado en materia de vigilancia preventiva. El actual procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, lo había conocido a su paso por el Capitolio Nacional y lo confirmó en el cargo sin dudarlo.
Coloquialmente algunos de sus colaboradores se refieren a él como un experto en los complejos enroques de la contratación y como un bombero capaz de sofocar las llamas que se encienden cuando un negocio de la contratación pública amenaza con salirse de madre. Tienen varias evidencias a la mano, como su intervención en 2024 para frenar una licitación para un contrato de conectividad por más de $407.000 millones que avanzaba vertiginosamente, sin la observancia plena de las normas contractuales que él conoce al dedillo, en el Ministerio de las TIC.
Este hombre, cerebral ajedrecista y experto en la normatividad, representa hoy a la Procuraduría -y con ella a la sociedad- en una demanda que busca nulidad de un convenio por $1,3 billones para la producción de pasaportes colombianos entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería representado por Elvira Sandra Sarabia, por parte de la Imprenta Nacional Viviana León Herrera y por la Casa de la Moneda de Portugal Dora María Dos Santos Ferreira.
Lea también: La funcionaria de confianza que Petro puso en la Imprenta Nacional para el lío de los pasaportes
En su demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Melgosa ordenó las fichas de un complejo ajedrez para identificar vicios sustanciales. Uno de sus primeros movimientos consistió en establecer que la sesión de la junta directiva del 18 de julio de 2025, en la que la junta directiva de la Imprenta Nacional aprobó el negocio de los pasaportes, fue citada extemporáneamente, carece de juntas y que la única memoria que se tiene de ella son videos defectuosos.
Encontró que el convenio fue firmado y comprometió recursos públicos hasta el año 2036 sin contar con la obligatoria autorización previa del Consejo de Política Fiscal (Confis) y sin la declaratoria de importancia estratégica que debió quedar plasmada en un documento del Consejo de Política Económica y Social (Conpes).
En criterio suyo, otros vicios vinieron por añadidura: se omitió la convocatoria a un proceso competitivo, en contravía de los principios de selección objetiva, transparencia, libre concurrencia e igualdad.
Además, los a los que se comprometió la Casa de la Moneda de Portugal fijaron un rasero del 21 por ciento, cuando las leyes vigentes obligan a que sea de no menos del 50 por ciento.
Si prosperan sus pretensiones, el Tribunal ordenará a la empresa extranjera contratista a devolver completos los anticipos que haya recibido, incluidos intereses moratorios calculados a las tasas más altas del mercado.
Como según la Procuraduría, la Imprenta Nacional no cuenta con la capacidad técnica y operativa para para ejecutar directamente el objeto del contrato y dejó en manos de la Casa de la Moneda la capacitación de sus funcionarios y la impresión transitoria de la impresión de las libretas de pasaportes, lo que hizo en realidad fue subcontratar, algo que también resulta irregular.
El gobierno, en su defensa, argumenta que el contrato busca eliminar el riesgo que significa que los datos de los colombianos sigan en manos de privado y que ya es hora que el Estado asuma esa responsabilidad. Mientras se zanja la disputa judicial, el contrato se encuentra en jaque.
Anuncios.
Anuncios.
