Luz Amanda Pallares, alias Silvana Guerrero, se esconde de nuevo. El alto al fuego que abrió una rendija de calma en el Catatumbo en 2023, recién llegado Petro a la Casa de Nariño, se cerró de golpe dos años después, en enero de 2025, cuando los ataques de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) en esa región, su zona de influencia histórica, llevaron a la suspensión de una mesa de diálogos que ya venía caminando con dificultad.
En la práctica, el regreso a la sombra no es un gesto nuevo para Silvana Guerrero: es el punto al que siempre se vuelve cuando la política se rompe y la guerra se impone. En ese mismo pulso entre palabra y fusil se inscribe la coyuntura de las últimas horas, luego de que el ELN negara haber amenazado de muerte al candidato presidencial y abogado Abelardo de la Espriella, quien había atribuido a esa guerrilla amenazas directas en su contra. Un cruce de versiones que volvió a poner al ELN en el centro del debate público, justo cuando la mesa permanece suspendida y sin muestras de su reactivación.
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Pallares nació en Norte de Santander, se formó como licenciada en educación básica y alcanzó a especializarse. Durante años ejerció como docente en entornos rurales marcados por la pobreza, la precariedad institucional y la violencia que se hereda como un oficio. A los 30 años tomó una decisión que alteró su vida para siempre: dejó el aula para unirse al ELN. En su historia personal pesa la influencia de una familia campesina volcada al cuidado del otro, a la solidaridad cotidiana con el enfermo y el más necesitado, y el encuentro posterior con una organización armada que, en su relato, conectaba con ese impulso de ayuda que había marcado su infancia y juventud. Ese tránsito de la educación formal a la insurgencia, la ubicó en una generación que entró a la guerra cuando el país ya había probado, sin éxito definitivo, varias fórmulas de negociación.
Con los años, Pallares, que dentro de las filas terminó llamándose Silvana Guerrero, escaló en la estructura del Frente de Guerra Nororiental y se convirtió en una figura reconocida dentro del ELN. Su rostro empezó a circular fuera del ámbito clandestino cuando integró la delegación que buscó negociar en Quito con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2017. En esa mesa asumió un rol visible en los temas de género y encabezó los espacios de escucha con organizaciones sociales, campesinas y comunitarias que llevaron propuestas a la agenda de negociación. Aquellas audiencias, realizadas en Cundinamarca entre octubre y noviembre de ese año, reunieron a más de 200 organizaciones que apostaron por abrir la conversación a la sociedad civil. Fue un intento de ensanchar el diálogo más allá de los comunicados y los comunicadores profesionales de la guerra.
Esa exposición pública también tuvo costos. En 2019, tras el atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, la Fiscalía vinculó a la cúpula negociadora del ELN y emitió órdenes de captura contra 17 comandantes, entre ellos Silvana Guerrero, por su presunta participación en los hechos. La decisión judicial marcó desde entonces su papel en cualquier intento de negociación: su nombre quedó atado a un expediente penal que convirtió cada aparición pública en un acto de riesgo y cada gesto de diálogo en una excepción frágil. Cuando se reanudaron las conversaciones con el gobierno de Gustavo Petro el 21 de noviembre de 2022, esas órdenes fueron suspendidas para permitir la continuidad de un proceso que buscaba desescalar un conflicto armado responsable de al menos 450 mil muertes entre 1985 y 2018, según cifras oficiales.
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El 13 de febrero de 2023, la reanudación formal de los diálogos entre el Gobierno y el ELN reforzó las expectativas de una salida negociada. Para la delegación insurgente, Pallares volvió a ser una pieza de articulación entre el discurso político y las bases en territorio. Pero la mesa nunca logró blindarse de los hechos de la guerra. En enero de 2025, los ataques del ELN en el Catatumbo terminaron de congelar un proceso ya debilitado por la desconfianza mutua y los incumplimientos acumulados. La escena se repitió: comunicados, reproches, suspensión, retorno al monte.
A esa fragilidad se sumó un factor externo que terminó de minar la mesa. La entrevista reciente de Gustavo Petro con Donald Trump en la Casa Blanca introdujo un giro en la relación bilateral que tuvo efectos directos en el proceso de paz. Según el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, en ese encuentro el presidente colombiano habría ofrecido ir tras la captura de alias Pablito, uno de los máximos líderes del ELN. El mensaje, leído en clave de seguridad regional y cooperación con Estados Unidos, fue interpretado por la guerrilla como una señal de endurecimiento que desdibujaba los compromisos políticos de la negociación. Para una organización que se presenta como la guerrilla más antigua del mundo, la promesa de capturar a uno de sus jefes en plena mesa suspendida funcionó como confirmación de que la paz seguía siendo un terreno inestable.
En los últimos años, Silvana Guerrero ha reaparecido de manera esporádica en el Catatumbo para anunciar liberaciones de secuestrados y para señalar responsabilidades en hechos de violencia atribuidos a estructuras rivales. Esas irrupciones públicas, breves y calculadas, contrastan con el resto de su vida, que transcurre en la clandestinidad, moviéndose entre campamentos y rutas de montaña. En ese vaivén se mueven también las expectativas de un proceso que, cada vez que se reactiva, promete desescalar la violencia, y cada vez que se suspende, devuelve a sus protagonistas al lugar donde la política se hace con fusiles y la paz queda, por enésima vez, como una promesa aplazada.
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