Rodolfo Esteban Sánchez, fiscal Anticorrupción de Medellín, es el funcionario judicial que más ha avanzado en las investigaciones penales contra un clan del que hacen parte el exalcalde de Medellín y aspirante presidencial, Daniel Quintero Calle, y su hermano Miguel.
Contra viento y marea y en medio de dilaciones durante cinco años, Sánchez logró llevar a la fase de audiencia de imputación de cargos el primero proceso orientado a demostrar, entre otras cosas, que los bienes y lujos de los que presume en las redes sociales Miguel Quintero provienen un coto de caza de la contratación pública que fue montado durante el gobierno de Daniel (2020 a 2023).
Miguel Quintero el señalado de recibir las coimas durante la Alcaldía de su hermano
El expediente más adelantado se relaciona con un pago de coimas por más de $3.2000 millones que involucran a Misael Cadavid, exgerente de Bomberos de Itagüí, Álvaro Alonso Villada García, ex subdirector de gestión administrativa y financiera del Área Metropolitana de Medellín y al propio Miguel Quintero.
La apertura de esa fase previa a un juicio coincidió con las revelaciones hechas por alianza de medios de comunicación que tuvo acceso a chats, fotografías y documentos que tienen a demostrar que el hermano del entonces alcaldes movía los hilos de la contratación e integró un gueto con amigos suyos, con los que creó un comité paralelo que deba vía a jugosos negocios públicos, para sacar provecho económico personal.
Miguel Quintero, el hermano, que se ha mostrado en redes en vehículos de alta gama, exhibió también imágenes de un apartamento incautado a la mafia y administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), del que dijo ser “prácticamente el dueño” porque lo puede usar a su antojo con solo pagar la administración. El bien se encuentra en el edificio Sierra Alta de El Poblado, en Medellín, y es utilizado por Miguel y sus contertulios para pasarla bien “con amiguitas”, según se desprende de uno de los mensajes. De su grupo de chat hacen parte de Sebastián Ortega, hijo del cacique político de Bello William Ortega y Villada.
Las denuncias, que han venido creciente desde 2023, han cobrado fuerza en la actual coyuntura electoral y han servido para sacar del silencio o de las respuestas elusivas al exalcalde Quintero, aspirante presidencial impulsado desde el gobierno.
El precandidato niega las evidencias que comprometen a su hermano
Quintero asegura, sin exhibir evidencias, que los chats ya fueron examinados y descartados judiciales. En un video subió a redes el exalcalde admite que su hermano tuvo injerencia en la contratación, pero que solo lo hizo con el propósito de ayudar a aliados de la campaña que lo llevó a la Alcaldía y que se quedaron por fuera en medio de las estrecheces de la burocracia.
Las investigaciones incluyen otros casos, como los revelados en su momento por Las2Orillas sobre la manera como Miguel, el mayor de los Quintero, convertía en “franquicias” el manejo de entidades públicas.
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Son 44 los funcionarios que investiga y acusa la justicia que formaron parte de la Alcaldía de Quintero
Hoy los sindicados en los procesos judiciales llegan a 44 e incluyen a exfuncionarios de distintos niveles, desde gerentes de entidades hasta funcionarios de base como Yaneth Rúa, del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Uno de los hechos que más llama la atención es que se trata de la primera ofensiva judicial es la que ninguno de los sindicados ha propuesto hasta hoy acogerse a un principio de oportunidad, es decidir a un esquema de colaboración que le reporte beneficios judiciales o incluso judicial.
¿Por qué nadie levanta la mano?
Según experimentados juristas como José Luis Giraldo, apoderado de víctimas en grandes descalabros como el de Interbolsa, podría ser que los implicados le estén apostando a nuevas dilaciones o a la prescripción por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron las conductas. La ausencia de decisiones de fondo en el campo penal tiende a darle la razón. La Procuraduría, en el campo disciplinario, va mucho más adelantada pues ya falló casos como el de Jorge Liévano, exgerente de Metroparques, a quien destituyó e impulso una inhabilidad de nueve años, algo que no lo inhibió para participar en las juergas convocadas por Miguel Quintero.
Sin embargo, puede haber otras razones de peso que expliquen las causas del silencio de quienes tendrían las condiciones para convertirse en testigos de mucho peso. De acuerdo con denuncias hechos por el diario El Colombiano de Medellín existiría una campaña de amedrantamiento y hostigamiento que ha dado lugar a un pacto de silencio producto del temor.
De acuerdo con el periódico se han producido incluso reuniones en Panamá -uno de los destinos favoritos de Miguel Quintero- en las que los “invitados”, personas implicadas en los escándalos, han sido advertidas de que cualquier cambio de actitud podría ser castigada por intermedio de la temible “oficina” (como se llama ahora al cuerpo sicarial de la oficina de Envigado).
Los testimonios que le apuntan a Miguel Calle se han dado por fuera de los escenarios judiciales y en condiciones de anonimato. Gracias a ellos han trascendido el cobro sistemático de coimas, que reportan miles de millones que estarían siendo lavados o puestos bajo custodia en fiscales. Los mismos testigos anónimos han ofrecido pistas de otros negocios, inclusos fallidos, como la venta con sobreprecios del Lote de Carabineros con la intervención del Área Metropolitana, Metroparques, Inder y la EDU.
Los implicados en el arranque de la alcaldía de Quintero que han pasado al olvido
La dilación y lentitud en los procesos han hecho que varios integrantes de los que se podría llamar la “primera generación” de implicados ya estén protegidos entre las sombras del olvido. Entre ellos está Johnny Armando Jaramillo Montoya, excandidato a la Cámara y socio principal de la empresa C.I. Golden Platino Colombia S.A.S. Desde hace ya dos años, Fiscales especializados buscan encontrar la nuez de una denuncia según la cual Jaramillo, uno de los financiadores de la campaña del alcalde Quintero, era el dueño de la franquicia en la que se ha convertido el Inder (Instituto de Recreación).
Johnny Jaramillo promovía la elección de la fórmula integrada por León Fredy Muñoz, al Senado, y Juan Camilo Londoño Barrera a la Cámara, por el Partido Alianza Verde. Muñoz que ‘quemó’, pero su afinidad con el Petrismo le sirvió para ser nombrado embajador en Nicaragua, cargo que desempeñó hasta pocos días antes de que se conociera que ayudó al exdirector del DAPRE y de Inteligencia Carlos Ramón González a encontrar protección en Nicaragua.
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La concentración de los negocios era tan jugosa para los operadores de los contratos que un 50 por ciento del presupuesto anual del Inder se iba en convenios con Metroparques, entidad que bajo la figura jurídica de Empresa Industrial y Comercial del Estado no estaba sujeta a las reglas señaladas por el Estatuto de Contratación Pública.
En solo el año 2021 los contratos fueron 56 y su monto total llegó a $56.000 millones. Como el presupuesto anual del Instituto superaba ligeramente los $100.000 millones, varios observadores se preguntan entonces si se justifica que el Instituto de Recreación y Deporte siguiese existiendo porque toda su función misional estaba quedando prácticamente a cargo del contratista mayor, en cuyo entorno la única sombra perceptible era la de Miguel Quintero.
Así las cosas, ante la existencia del que parece ser un pacto de silencio la única alternativa que le queda a la justicia es apretar el acelerador, como lo está haciendo el fiscal anticorrupción Rodolfo Esteban Sánchez.
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