El escenario para la Fuerzas armadas no está fácil. La llegada de la flota de aviones cazas Saab JAS 39 comprada por Colombia a Suecia está enredada en medio de trámites contractuales y administrativos, mientras que 13 millones de dólares anticipados por la aviación del Ejército para la reparación de los helicópteros de tropas M-17 están en riesgo de perderse porque la firma contratada no ha logrado descifrar el funcionamiento de esas naves rusas.
Durante los últimos dos años las unidades militares y policiales que operan en áreas de influencia de grupos armados ilegales han sufrido cerca de 350 ataques con drones que han costado las vidas de 40 miembros de las Fuerzas Armadas y han dejado con graves secuelas a cien de ellos.
La delincuencia común se suma a las graves amenazas contra la seguridad ciudadana y ha desplegado el arma de los ciberataques y fraudes en red para golpear el patrimonio de los colombianos, aunque las cifras no están consolidadas.
Mientras todo eso ocurre, los recursos de inversión en defensa y seguridad caen verticalmente y no alcanzan siquiera el 5 por ciento del presupuesto del sector defensa. Su monto actual es de $3,5 billones, comparable a con la mitad de los recursos de los que dispone una ciudad como Barranquilla.
Las cifras están certificadas por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, quien las acaba de presentar en un foro sobre nuevas estrategias en ciencia, tecnología e innovación para el fortalecimiento de la defensa y la seguridad en Colombia.
En blanco sobre negro sus cuentas precisan que el presupuesto del 2024 destinó un 94,5 por ciento que corresponde a $53,8 billones para funcionamiento y personal del sector defensa. De esos recursos un 0,9 por ciento equivalente a $400.000 millones fueron destinados al pago de la deuda. Para inversión quedó tan solo un 4,6 por ciento que corresponderían $3,8 billones.
Para Rodríguez resultan inquietantes la administración y el manejo dados a esos recursos porque restringe la capacidad del sector para modernizarse y lo conduce irremediablemente hacia la obsolescencia tecnológica.
“Esta restricción presupuestaria -explica el contralor- no solo agudiza el rezago tecnológico, sino que también compromete la protección de la infraestructura crítica nacional, volviendo al país más vulnerable frente a amenazas externas e internas”.
“El panorama actual de amenazas es preocupante: las nuevas modalidades de criminalidad y delincuencia como ciberataques podrían paralizar los sistemas financieros, eléctricos y de comunicaciones. Ataques dirigidos con drones y sistemas no tripulados, entre otros, obligan al Estado a avanzar en soluciones que modernicen la fuerza pública”, remarca.
Para él es fundamental que el Gobierno Nacional descongele recursos y aumente la inversión destinada a la modernización de capacidades militares en los dominios terrestre, marítimo, aéreo, espacial y ciberespacial. También que integre tecnologías como inteligencia artificial y sistemas anti-drones.
No hacerlo equivaldría a seguir enfrentando amenazas del siglo XXI con tecnología del siglo pasado. Eso sí comprometería la soberanía y la seguridad nacional.
Así se malbaratan los recursos
El principal organismo de control fiscal tiene una auténtica “antología” de casos en los que se dilapidan recursos claves para la seguridad.
Sus investigadores han encontrado, por ejemplo, municiones y explosivos vencidos, almacenados en condiciones inadecuadas. El daño patrimonial detectado hasta ahora por esa causa supera los $9.500 millones.
Mientras eso ocurre, la justicia penal encontró que militares de un destacamento en el Cesar venden armamento de dotación exclusiva a las fuerzas a organizaciones tan temibles como Los Pachenca y el ELN o incluso las cambian por cocaína.
La Contraloría también se ha pronunciado sobre los convenios suscritos por el Ministerio del Interior a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia - FONSECON, destinados a la construcción de estaciones de policía en diferentes regiones del país. Los atrasos considerables frente a los cronogramas pactados. En Montelíbano, Córdoba el avance físico del 35 por ciento, Alto Baudó, Chocó, apenas alcanza del 11 por ciento y en Liborina, Antioquia el 15 por ciento y en Carmen de Viboral, Antioquia, la ejecución es casi nula.
A través de la auditoría financiera realizada a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL, en el primer semestre de 2023, se estableció un hallazgo fiscal por la transferencia de la propiedad de catorce predios por parte de la entidad, por un valor superior a $540 mil millones, a cambio de recibir un edificio en el año 2019, ubicado en la carrera séptima con calle 100 en la ciudad de Bogotá. Hasta ahora no hay edificio.
Recientemente fue verificado un daño patrimonial por valor de $27.814 millones, sobre el proyecto denominado Hospital de Rehabilitación Funcional BASAM, a cargo del Ejército Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con una inversión de más de $34 mil millones en ocho años, sin que la obra se haya concluido.
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