Después de casi cinco años del robo de los recursos que había dispuesto el Ministerio de comunicaciones entonces en cabeza de Karen Abudinen en el gobierno de Iván Duque para una ambicioso proyecto para llevarle internet a 7 mil escuelas en el campo colombiano, la Fiscalía dio un golpe clave para recuperar el anticipo de $ 70 mil millones que se le entregó al consorcio Centro Poblados que ganó la licitación para instalar los centros digitales en zonas apartadas en 16 departamentos.
De éste formaba parte el contratista Emilio Tapias, condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá y quien terminó comprometido sentimentalmente con la congresista cordobesa Saray Robayo con quien tiene una pequeña hija.
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La Fiscalia dictó medidas cautelares con el propósito de extinción de dominio sobre 23 propiedades de personas vinculadas al entramado de corrupción que ha mandado a la cárcel a pagar condena a los principales cerebros del caso. En la comunicación de la Fiscalía también aparecen mencionadas Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares
Emilio Tapia, figura central en el entramado de Centros Poblados
El nombre de Emilio Tapia Aldana está tatuado en la memoria pública desde el carrusel de la contratación en Bogotá, pero volvió a escena como una figura central en el escándalo de corrupción más grave del gobierno Duque. La Fiscalía sostiene que Tapia participó activamente en la arquitectura financiera que permitió desviar los recursos del contrato y ocultarlos bajo una mezcla calculada de bienes lícitos e ilícitos. Esa estrategia, frecuente en los grandes casos de corrupción, buscaba precisamente lo que hoy se intenta revertir: hacer casi imposible rastrear el dinero público.
La respuesta del Estado ha sido el uso de una de sus herramientas más contundentes: la extinción de dominio. No se trata de una condena penal, sino de una acción patrimonial que apunta a quitarle a los implicados los bienes que habrían sido adquiridos con recursos ilegales. En este caso, la Fiscalía decretó medidas cautelares sobre 23 bienes avaluados en más de 65.900 millones de pesos, una cifra que se acerca peligrosamente al monto del anticipo perdido.
Los bienes son diversos y están dispersos, como si el dinero hubiera intentado esconderse en el mapa. Hay predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias. Están ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Algunos aparecen a nombre de Tapia; otros, de socios, intermediarios y familiares de los implicados, lo que da cuenta de una red que no fue improvisada, sino diseñada para diluir responsabilidades y confundir rastros.
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La Fiscalía sostiene que muchas de estas propiedades fueron adquiridas directamente con los recursos desviados del contrato, mientras que otras se compraron mezclando dinero de origen lícito con fondos provenientes del anticipo. Esa mezcla es clave para entender la complejidad del caso: el dinero público no siempre se convierte en mansiones evidentes o lujos ostentosos, sino que se camufla en inversiones aparentemente normales, en sociedades, en activos que, vistos de lejos, no levantan sospechas.
Dentro de ese paquete de bienes incautados hay un capítulo que amplía el alcance político del caso. Cinco de las propiedades sometidas a investigación están a nombre de la congresista Saray Robayo, con quien Emilio Tapia tiene una relación sentimental que nació en la cárcel y de la que hay una niña. La medida cautelar contra los bienes de Robayo ya está en la oficina de instrumentos públicos de Monteria, aunque ella no haya aparecido mencionada en el comunicado de la Fiscalía. Ella tendrá que demostrar el origen de las propiedades habida cuenta de su corta edad, 33 años, que no le dan para tener ese robusto patrimonio que la Fiscalía le acaba de incautar con fines de extinción de dominio.
Entre esas propiedades figuran un penthouse y dos apartamentos ubicados en Coveñas, en el departamento de Sucre, una de las zonas turísticas más exclusivas del Caribe colombiano. No son viviendas modestas ni inversiones menores: su ubicación, características y valor despertaron alertas sobre la capacidad económica real con la que habrían sido adquiridas. A ellos se suma un lote en San Bernardo del Viento, en Córdoba, una región costera cuyo desarrollo inmobiliario ha elevado considerablemente el precio de la tierra en los últimos años. El quinto bien es el predio conocido como El Chinchorro, ubicado en Montería, un terreno que, por su localización y extensión, resulta estratégico y refuerza las dudas sobre su origen financiero.
El caso no se limita a Tapia y su círculo familiar. Las medidas también alcanzan bienes asociados a otros de los principales implicados en el escándalo. Entre ellos están Juan José Laverde, vinculado a la aseguradora Rave Seguros; Ottomar Lascarro, contratista; y Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados. Según la Fiscalía, estos actores cumplieron roles determinantes dentro del esquema que permitió presentar garantías falsas, obtener el anticipo y desviar los recursos sin que el proyecto avanzara.
En paralelo al proceso contra Tapia y otros particulares, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de la exministra Karen Abudinen. Su nombre quedó ligado al caso desde el momento en que se conocieron las irregularidades del contrato firmado durante su gestión. Aunque la discusión sobre su responsabilidad penal sigue otro camino, la medida patrimonial busca garantizar que el Estado pueda recuperar parte de los recursos comprometidos, bajo la tesis de una relación directa con el manejo del contrato y de los dineros públicos.
El caso Centros Poblados tiene una carga simbólica que lo hace especialmente sensible. No se trataba de una obra monumental ni de una megaestructura visible desde el aire. Se trataba de antenas, conexiones, pantallas y cables destinados a escuelas rurales donde el internet no es un lujo, sino una puerta mínima al mundo. Cada peso desviado no solo es una cifra en un expediente, sino una clase que no se dictó, una tarea que no se envió, un estudiante que siguió desconectado.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía ha sido la encargada de adelantar estas medidas, aplicando figuras jurídicas como la equivalencia, la mezcla y la destinación. Son conceptos técnicos que, traducidos a lenguaje llano, significan lo siguiente: aunque no se pueda encontrar cada peso robado, el Estado puede ir tras bienes equivalentes; aunque el dinero se haya mezclado con recursos legales, puede ser perseguido; y aunque haya cambiado de forma, su origen ilícito no se borra.
Mientras este nuevo capítulo del proceso avanza, Emilio Tapia continúa enfrentando sus procesos penales, incluso después de decisiones judiciales que le concedieron beneficios como la libertad condicional, generando una nueva ola de cuestionamientos públicos.
El objetivo final es que los bienes incautados pasen a la administración de la Sociedad de Activos Especiales, que se encarga de gestionarlos, venderlos o monetizarlos para devolver recursos al erario. No es un proceso rápido ni sencillo. La extinción de dominio suele enfrentarse a recursos judiciales, maniobras dilatorias y disputas sobre la propiedad. Pero es, en muchos casos, la única vía real para que el Estado recupere algo de lo perdido.
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