En Colombia nunca habíamos tenido un gobierno que pusiera al campesino en el centro del debate como lo ha hecho Gustavo Petro. En los diferentes escenarios a los que llega el actual presidente se destaca su multitudinaria comitiva, compuesta en su mayoría por campesinas y campesinos que vienen de diversas regiones del país a escuchar los discursos del mandatario, cargados de esperanza para el sector más golpeado por la desigualdad y la violencia: el campesinado colombiano.
Sin embargo, el actual gobierno debe realizar ajustes urgentes a su política de entrega de tierras, si realmente aspira a una reforma agraria integral. Los campesinos en Colombia necesitan mucho más que tierras para producir con garantías, estabilidad de precios y un mercado asegurado.
Aunque el gobierno ha cumplido con su compromiso de entregar tierras a campesinas y campesinos, es fundamental que los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras verifiquen los predios antes de realizar las compras a los propietarios. Estas visitas deben contar con el acompañamiento de equipos expertos en suelos y profesionales del área agropecuaria, que evalúen la existencia de fuentes hídricas y aseguren que las tierras entregadas sean verdaderamente productivas.
También es necesario resaltar la demora en la titulación de los predios entregados a las familias beneficiarias, quienes llevan años esperando el reconocimiento legítimo de su posesión. Esta incertidumbre se convierte en una preocupación constante, pues sin títulos de propiedad, miles de familias campesinas no pueden acceder a créditos ni a programas de apoyo financiero.
La formulación de proyectos productivos por parte de las entidades encargadas debe tener como eje central a los beneficiarios. Estos proyectos deben diseñarse con visión de corto, mediano y largo plazo, permitiendo que los campesinos elijan libremente los cultivos que desean sembrar, siempre con el acompañamiento técnico adecuado. La burocracia y la politiquería son incompatibles con el desarrollo productivo del campo colombiano.
Aunque el campesinado es sujeto de derechos y merece especial protección por parte del Estado, esta población debe gozar de plena libertad para participar en el fortalecimiento de la democracia, sin ser condicionada a una política de gobierno específica.
Venga el gobierno que venga, el Estado tiene una responsabilidad ineludible con las campesinas y los campesinos de Colombia. Se les deben ofrecer herramientas reales y garantías efectivas para que puedan producir alimentos en sus tierras.
Los campesinos colombianos requieren mucho más que tierras para cultivar alimentos: necesitan tranquilidad, lejos de cualquier perturbación violenta; acceso a créditos; estudios y mejoras de suelo; garantías de producción y canales de comercialización; servicios básicos dignos; vías de comunicación en buen estado; centros de salud equipados; escuelas rurales.
En fin, aún falta mucho camino por recorrer para poder afirmar que los problemas del campesinado colombiano han sido resueltos. Seguimos caminando por senderos empantanados, enfrentando reformas que deben sortear la mezquindad de un Congreso cuyo único interés parece ser el beneficio personal de sus representantes, antes que resolver de fondo los problemas estructurales del campo colombiano.
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