Por años, Colombia ha tenido el reto de convivir con diversas culturas, orígenes y formas de vida. Sin embargo, la creciente intolerancia social, la polarización y los alarmantes niveles de violencia cotidiana han deteriorado profundamente nuestra capacidad de respeto básico hacia el otro.
Vivimos en un país donde, cada vez más, “no se respeta nada ni a nadie”. Ese es el contexto en el que existe una norma que muy pocos conocen, pero que tiene el potencial de causar un daño enorme: el numeral 8 del artículo 2.2.1.13.1.2 del Decreto 1067 de 2015, que permite abrir un proceso de deportación simplemente por recibir “constantes quejas de la ciudadanía”. Pero, aunque la norma contempla la causal, la administración no puede aplicar la medida arbitrariamente sin respetar el debido proceso y sin motivación probatoria.
Una causal subjetiva en un país que vive de la intolerancia
En una sociedad donde el prejuicio, el rumor y la sospecha son moneda corriente, basar una medida tan drástica como la deportación en “quejas” —sin exigencia de verificación, prueba objetiva o análisis judicial— es casi una invitación al abuso.
Hoy Colombia experimenta un aumento preocupante de intolerancia y violencia interpersonal: peleas por ruido, conflictos de convivencia, rechazo al que es distinto, señalamientos por apariencia o nacionalidad. En ese ambiente, ¿Qué significa entregar a la ciudadanía la capacidad de iniciar un proceso que prácticamente puede sentenciar a una persona extranjera a la expulsión, aun cuando no haya cometido delito alguno?
Significa oficializar el prejuicio, convertir el malestar social en decisión administrativa y, sobre todo, colocar a los migrantes —cualquiera sea su nacionalidad— en una situación aún más frágil.
Un antecedente interesante: cuando el prejuicio se convirtió en alarma colectiva
Este problema no es teórico. Hace pocos años, el entonces director de Migración Colombia tuvo que desplazarse personalmente a Taganga porque los habitantes estaban exigiendo la expulsión masiva de europeos y americanos. Fue necesario que la autoridad explicara algo tan básico como que los extranjeros también tienen derechos, porque el nivel de intolerancia había escalado a tal punto que el simple hecho de “ser extranjero” se volvió motivo de hostilidad.
En un país así, permitir deportaciones basadas en quejas ciudadanas es gasolina para un incendio social que ya arde.
No es así como funciona un Estado de derecho
La deportación es una medida extrema. Afecta arraigo, vida familiar, dignidad, estabilidad emocional y patrimonio. Por eso, no puede depender del estado de ánimo del vecindario, ni de percepciones, ni de chismes, ni de molestias subjetivas.
En cualquier Estado serio, las infracciones o delitos deben ser valorados por jueces, no por funcionarios administrativos que actúan sin las garantías del proceso judicial. Los mecanismos deben ser objetivos, probados, verificables y sometidos a control judicial pleno. Así se evitaría que la corrupción, las diferencias personales de funcionarios con extranjeros y las percepciones subjetivas escalen a límites fuera de la ley.
De lo contrario, estamos abriendo la puerta para que la administración termine suplantando la función de los jueces y, peor aún, legitimando decisiones impulsadas por la intolerancia social.
Un detonante para crímenes de odio
Lo más grave no es solo la deportación en sí. Lo más grave es el posible mensaje que la norma puede llegar a enviar:
“Si no te gusta el extranjero, quéjate muchas veces y lo sacamos.”
Ese interpretación institucional valida la xenofobia, alimenta los prejuicios y puede escalar en hostigamiento, acoso, violencia física e incluso crímenes de odio. Cuando el Estado respalda decisiones basadas en percepciones subjetivas, la discriminación deja de ser informal y pasa a ser una práctica tolerada desde lo normativo.
Es urgente corregir esta causal
La convivencia multicultural no se construye con normas que potencian el miedo, la sospecha y el rechazo. Se construye con garantías, reglas claras y procesos donde la verdad se determina mediante pruebas, no rumores.
A un país tan herido por la violencia y la intolerancia no podemos sumarle herramientas que conviertan al extranjero en un chivo expiatorio. Una sociedad que expulsa al distinto por quejas es una sociedad que renuncia a la convivencia y al aporte del que viene de fuera.
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