Lo que muchos quizás creían, a la hora de hablar del estrecho vínculo entre la fuerza pública de nuestro país, y los grupos paramilitares era cosa del pasado, tal vez se sorprendan al conocer la existente alianza criminal, entre los miembros de las fuerzas del Estado, y estas estructuras criminales, que siembran el terror en gran parte del territorio nacional.
Los diferentes actores armados han sabido explotar las ventajas que ofrecen las redes sociales, donde a diario publican contenido violento, en las diferentes plataformas, que dan muestran del control territorial y social, que ejercen en regiones como la costa atlántica, el departamento del Chocó, entre otros lugares del país.
Recientemente, se han venido realizando una serie de denuncias, sobre la incursión del grupo paramilitar “clan del golfo”, en la región del Carmen de Atrato – Chocó, sobre la vía Medellín – Quibdó, a comienzos del mes de septiembre del presente año. Casualmente, a esta estructura ilegal, que, a través de la resolución, 294 del 5 de septiembre del 2025, el Gobierno Nacional, le reconoce el estatus de grupo armado organizado (GAO) – Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), viene librando una guerra a muerte, con el Eln, en el golpeado departamento chocoano.
Las comunidades de la zona, han denunciado, reiterativamente, la grave situación de orden público que intranquiliza a los moradores por la fuerte presencia de la estructura criminal. Sin embargo, su clamor no ha sido escuchado por las autoridades civiles y militares, que se hacen los de la vista gorda, ante la incursión de los paramilitares.
De acuerdo con versiones entregadas por habitantes de la zona, en la vereda Guangarales, Del Carmen de Atrato, los miembros de este grupo paramilitar están viviendo desde hace más de un mes, en ese sector. Afirman que tienen establecidos sus campamentos, al igual que, en Mirla, también denuncian, que el ejército nacional, se encuentran ubicados en el 11, a tan solo 20 minutos de allí.
Situación similar viene ocurriendo en la mina la X, los pobladores que se atreven a denunciar, aseguran que este mismo grupo ilegal, lleva más de una semana en ese sitio. Lo que muchos no se explican es acerca de la inacción, de las fuerzas del orden, que se encuentran ubicados en la base militar del 20, a 15 minutos donde están ubicados los paramilitares, y no desarrollan acciones operativas, en contra del grupo ilegal.
Según las declaraciones entregadas por los pobladores, en el departamento del Chocó, existe una convivencia entre los paramilitares, y la fuerza pública (Armada Nacional, Ejército Nacional, y Policía Nacional). No existen señales que demuestren el combate en contra de estas estructuras armadas, por parte de las fuerzas del orden.
Lo mismo viene ocurriendo en el río Baudó, río San Juan, sobre las diferentes comunidades que comprenden, Novita, Truandó, río Atrato, Andagoya, Itsmina, Tadó, Condoto, Lloró, Bagadó, San José del Palmar, río Quito, Carmen de Atrato.
Es por ello que se extiende un urgente llamado, al Ministerio de Defensa, al igual que a los órganos de control, e investigación, para que se delegue una comisión de verificación, y se permita conocer los por menores sobre la complicidad de los miembros de las fuerzas del Estado, con las estructuras del crimen organizado que vienen sembrando el terror entre los chocoanos.
Atender el reclamo de las comunidades, quienes desde hace mucho tiempo vienen denunciando el avance del paramilitarismo en sus territorios, y nadie ha hecho nada, lo que se interpreta, como una alianza criminal entre los paramilitares y las fuerzas del Estado, situación que no debería estar pasando en el gobierno del cambio.
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