La presión sobre Nicolás Maduro para que abandone el poder en Venezuela es cada vez más evidente. Una serie de acontecimientos políticos, militares y diplomáticos han intensificado el aislamiento de su régimen, generando un escenario de máxima tensión.
El punto de inflexión reciente fueron las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En medio de una fuerte controversia, Maduro se declaró ganador en una alocución televisiva incluso antes del anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta proclamación se realizó sin presentar pruebas verificables de los resultados, bajo el argumento de un inverosímil "ataque terrorista" al sistema electoral.
La legitimidad de su victoria ha sido ampliamente cuestionada, contrastando con los datos de la oposición que daban a Edmundo González una victoria con el 67% de los votos y con la evaluación del Centro Carter, que calificó el proceso como no democrático. La respuesta del gobierno a las protestas ciudadanas fue una violenta represión, lo que generó una fuerte condena de la comunidad internacional, que exigió transparencia.
A esta crisis política se ha sumado una renovada estrategia de presión por parte de Estados Unidos. En febrero de 2025, la administración Trump designó como organizaciones terroristas a cárteles de la droga y otros grupos criminales de México, Colombia, El Salvador y Venezuela. Esta medida permite bloquear activos, sancionar a quienes los financian y, crucialmente, autoriza el uso de la fuerza militar más allá de las fronteras estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico. En este marco, grupos estrechamente vinculados al régimen venezolano, como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, fueron declarados formalmente como terroristas en agosto y septiembre de 2025.
La presión se ha materializado de forma directa y contundente. El 7 de agosto de 2025, la recompensa por la captura de Nicolás Maduro se elevó a 50 millones de dólares, superando la que en su día se ofreció por Osama Bin Laden. El gobierno estadounidense lo acusa de liderar el "Cartel de los Soles", una red narcoterrorista integrada por altos funcionarios de su gobierno.
Esta estrategia se complementó con una demostración de fuerza militar. El 14 de agosto, el presidente Trump ordenó el despliegue de más de 4,000 infantes de marina en el Caribe para combatir a estas organizaciones narcoterroristas. A principios de septiembre, medios de comunicación reportaron el avance de una flota naval, que incluía buques de asalto como el USS Iwo Jima, aviones de combate y un submarino nuclear, que zarpó de Norfolk, Virginia. Durante el mes de octubre, estas operaciones navales han continuado con maniobras de fuego real en la región como parte de la estrategia antidrogas. El objetivo declarado no es solo combatir el narcotráfico, sino debilitar las redes criminales que, como el Cartel de los Soles, sostienen al gobierno de Maduro.
La escalada ha llegado a un nuevo nivel. Según informes del The New York Times, confirmados posteriormente por el propio presidente Trump, la Casa Blanca autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela. Esta autorización permite a la CIA realizar acciones unilaterales o en conjunto con el ejército con el objetivo final de derrocar a Maduro.
Paralelamente, la oposición venezolana ha recibido un importante espaldarazo internacional. El 10 de octubre de 2025 se anunció la concesión del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado. Este reconocimiento no solo aumenta la presión sobre Maduro, sino que otorga una considerable legitimidad internacional a la figura más visible de la oposición.
En conjunto, estas acciones configuran un cerco estratégico sobre el régimen. La militarización del Caribe, la persecución de las finanzas criminales y el reconocimiento a la oposición, ahora reforzadas por la luz verde a operaciones encubiertas de la CIA, son piezas de un mismo tablero. Incluso, se puede estar a la espera de un cambio político en Colombia, con la posible llegada de un gobierno de derecha, para alinear aún más la presión internacional contra Maduro y acelerar su salida.
No cabe duda que la nueva fase de la "guerra contra las drogas" se presenta como una continuación de la Doctrina Monroe, utilizando el narcotráfico como justificación para una intervención cada vez más directa de Estados Unidos en la región.
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