En septiembre de 1992, Álvaro Enciso tenía 29 años y estaba en uno de los momentos más frágiles de su vida. Llevaba más de una década atrapado en el consumo de drogas, había pasado por varios procesos de rehabilitación inconclusos y su entorno inmediato —Envigado, en pleno auge del narcotráfico en los años ochenta— había sido un escenario constante de normalización del consumo. En medio de una terapia, recibió la visita de su novia, Gladys Valencia. Ese encuentro derivó en una promesa doble: a ella y a Dios. Si lograba salir de las drogas, dedicaría su vida a ayudar a otros adictos a rehabilitarse.
La promesa no fue una epifanía ni un punto final automático. Fue, más bien, un punto de partida incierto. Enciso había comenzado a consumir bazuco a los 17 años, después de que un vecino —a quien consideraba amigo— le ofreciera probar cocaína y base en una casa cercana a la suya. El impacto fue inmediato y devastador. Durante diez años intentó dejar el consumo sin éxito. Entraba a centros de rehabilitación y salía antes de terminar los procesos. El círculo se repetía.
El 10 de diciembre de 1995, tras salir de un tercer proceso de recuperación, decidió cumplir la promesa. No tenía capital, ni estructura, ni respaldo institucional. Vivía con su madre en Envigado y se sostenía vendiendo tamales en el barrio. Paralelamente, montó una pequeña fábrica artesanal de jabones y detergentes. De lunes a viernes producía; los fines de semana vendía comida. Contra todo pronóstico, el negocio funcionó. No era un emprendimiento ambicioso, pero le permitió reunir recursos y pensar en algo más grande.
Ese algo tomó forma cuando le hablaron de una finca en la vereda El Hatillo, en Barbosa, propiedad de Rodrigo Solórzano. Enciso había estado en centros de caridad donde todo era donado y, al conocer la finca, sintió que el lugar podía funcionar como un espacio de recuperación digno. El arriendo costaba 1.500.000 pesos mensuales, una cifra imposible para él. Solórzano se la dejó en 250.000 pesos y le dio seis meses de plazo. Incluía todo: habitaciones, salones, piscina. El gesto no fue casual. Solórzano había sido alcohólico y había estado al borde de la muerte por un coma diabético provocado por el consumo excesivo de alcohol.
El 2 de enero de 1996, Enciso llegó solo a la finca. Tres días después apareció la primera persona pidiendo ayuda: Sergio Vanegas, a quien conocía de procesos anteriores en centros de rehabilitación. Vanegas estaba nuevamente en la calle. Fue el primer admitido. Así comenzó la Fundación La Luz, bajo un modelo de comunidad terapéutica y una consigna simple: todos para uno y uno para todos.
En menos de un mes, había más de cien personas en la finca, aunque la capacidad real era para treinta. No cobraban nada. Se sostenían con donaciones de familias, aportes en especie de pequeñas y medianas empresas y rifas constantes. El crecimiento fue tan rápido como desordenado. Al año, el espacio quedó pequeño.
Enciso buscó nuevas sedes. Consiguió una finca en Copacabana y otra sobre la autopista Medellín–Bogotá. En poco tiempo, La Luz tenía tres sedes y más de 300 personas en proceso de rehabilitación. El desafío dejó de ser el espacio y pasó a ser la sostenibilidad. La respuesta fue crear unidades productivas: primero, Frupaluz, una empresa de procesamiento de pulpa de fruta que utilizaba excedentes de los centros de abastecimiento. Vendían entre dos mil y tres mil bolsas diarias. Luego, una panadería que producía 1.500 panes al día. Todo se reinvertía en la fundación.
La llegada a Bogotá fue menos planeada. La madre de una persona en rehabilitación, residente en el barrio Chicó, ofreció un espacio en su casa para atender personas con consumo problemático. Atendían entre diez y doce personas al día. Con el tiempo, esa presencia se formalizó. Hoy, la sede de Engativá lleva cuatro años funcionando y atiende alrededor de cien personas. En Chinauta, Fusagasugá, hay doscientas más. En Medellín, otras cien.
Treinta años después de su creación, La Luz funciona con un modelo interdisciplinario. Los terapeutas, en su mayoría, son egresados de la misma fundación. El equipo incluye enfermeras, psicólogos, psiquiatras y profesionales del deporte. Atienden no solo adicciones a sustancias, sino también ludopatía, trastornos alimenticios y otros comportamientos compulsivos. Han recibido pacientes desde los nueve años.
El acceso se da por convenios con EPS, consultas privadas o tratamientos completos. Un proceso de tres meses —con alojamiento, alimentación y atención en salud— puede costar alrededor de siete millones de pesos. Además, la fundación opera dos clínicas de salud mental: Serenamente, en Medellín, y Mental Health, en Bogotá, ambas habilitadas como IPS y con servicios de telemedicina.
Más de 50.000 personas han pasado por La Luz. El modelo terapéutico se ha ajustado con el tiempo: inicialmente duraba dos años; luego dieciocho meses; después un año; más tarde seis meses. Hoy, el proceso estándar es de tres meses, con posibilidad de extensión según el caso.
Entre los egresados hay músicos, deportistas y figuras públicas. Otros miles permanecen en el anonimato, que es donde la fundación dice medir su verdadero impacto. En la estructura actual, varios cargos directivos están ocupados por ex pacientes. La gerente de la clínica en Bogotá, Diana Fierro, es administradora en salud y pasó un año en rehabilitación. El gerente general y representante legal, Dubian Ruiz, también es egresado.
La Fundación La Luz proyecta abrir nuevas sedes en regiones donde hay demanda: el Eje Cafetero, el Meta, la Costa Caribe, más puntos en Bogotá e incluso fuera del país. No hablan de expansión como meta, sino como respuesta a una necesidad que no disminuye.
La promesa que Enciso hizo en 1992 sigue siendo el eje del proyecto. No como consigna religiosa, sino como estructura operativa. Una promesa que, tres décadas después, se convirtió en institución.
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