Cuando alguien menciona a la justicia transicional, la opinión vuelve sus ojos hacia el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP, como se le conoce, es noticia porque acaba de producir su primera condena de fondo contra los integrantes del antiguo secretariado de las Farc y porque abrió también el juzgamiento de exmilitares imputados de responsabilidad por los “falsos positivos”.
Pocos saben que esa forma de justicia, creada para conseguir las garantías de verdad, reparación y no repetición al cabo de guerras y conflictos históricos, tiene otras expresiones en el país. Una de las más importantes de ella es la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, creada en 2005 con la desmovilización de los paramilitares, y que a luego dio vida a la Dirección de Justicia Transicional del organismo de investigación y acusación.
Quizá menos publicitados, pero para algunos analistas más positivos y eficaces que los de la propia JEP, los resultados conseguidos por los fiscales, jueces y magistrados que investigan y juzgan los casos llevados a su jurisdicción son sorprendentes.
La Dirección de Justicia Transicional amerita atención porque, según varios de sus funcionarios, viene en camino una reforma que podría desmantelar sus mejores activos y frustrar decisiones claves que le permitirían al Estado recuperar activos por más de $3 billones para la reparación de las víctimas.
Esas decisiones tienen que ver con la resolución de incidentes de medidas cautelares con las que sus viejos dueños, vinculados en su mayoría a aparatos armados ilegales, buscan recuperar numerosos bienes y también con solicitudes de extinción d dominio que ya están listas para ser presentadas ante los tribunales.
Por esa razón Las2Orillas indagó sobre su balance durante los últimos cuatro años, entre otras cosas porque su operación hace parte de una política de Estado y no podría estar entonces al vaivén de las decisiones de los fiscales de turno. Este es el balance al que esta revista tuvo acceso.
Durante los últimos cuatro años -con corte a diciembre de 2024, los fiscales asignados a la Dirección de Justicia transicional impulsaron a la imputación de cargos contra los responsables de 37.741 homicidios, 37.285 desplazamientos forzados, 11.601 desapariciones, 3.964 atentados terroristas, 3.216 secuestros y 607 casos de reclutamientos de niños, niñas y adolescentes ocurridos durante el conflicto armado.
Sus acciones se dirigieron contra todos los bloques de grupos de autodefensa o paramilitares y contra otras estructuras criminales que, hasta su desmovilización, hicieron de la guerra un cruento y rentable negocio cuyos réditos busca recuperar el Estado para la reparación de miles de víctimas.
Salvatore Mancuso carga con 2296 delitos
Entre los perpetradores el rostro más visible ha sido el de Salvatore Mancuso, quien responde por 2.296 hechos delictivos. Bloque Córdoba y la llamada “Casa Castaño” (de los hermanos Fidel y Carlos) cometieron, según confesión de quienes estaban bajo sus órdenes, 4.038 actos criminales que dejaron 6.459 víctimas.
Mancuso había sido absuelto por la justicia ordinaria por la masacre de Pichilín, ocurrida el 4 de diciembre de 1996 en Morroa (Sucre), con la muerte de once personas y seguida por un desplazamiento masivo. Pero después de que la Corte resolvió una acción extraordinaria de revisión, la justicia transicional pudo imputarlo en una decisión que les devolvió el aliento a decenas de víctimas.
Ocurrió lo mismo con los responsables de la masacre de Tasajera, corregimiento de El Guamo, Bolívar, entre cuyas víctimas figura una mujer que fue torturada y empalada), generó el desplazamiento de los núcleos familiares de las víctimas. Y con los de la masacre del Paya, ocurrida entre el 18 y el 24 de enero de 2003, cuando un escuadrón de 150 hombres armados y uniformados, pertenecientes al Frente Tanela, del extinto Bloque Elmer Cárdenas de Autodefensas Campesinas, ingresó a territorio panameño y asesinó a varios indígenas de la etnia Kuna -Tule de Paya y Púcuro.
La justicia transicional tampoco dejó impune la masacre del tigre, ocurrida el 9 de enero de 1999 en el Tigre, área del Valle del Guamuez. Hombres del Bloque Sur del Putumayo ingresaron a las viviendas, sacaron a la calle a sus moradores, separaron a los hombres de las mujeres y los niños y los fusilaron. En total, asesinaron a 18 hombres y arrojaron sus cuerpos al río. En el expediente figuran como colaboradores de la matanza militares de batallones del Ejército Nacional acantonados en Santana, Orito y la Hormiga, Putumayo. Por eso cursan dos investigaciones adicionales ante la Justicia Penal Militar.
Lo que se han ido por burlar a la jurisdicción
La Fiscalía creó durante estos cuatros años cedazos para evitar que los postulados que aspiran a rebajas de penas burlen a la administración de justicia y eludan su deber de contar la verdad plena de lo que hicieron y de no seguir delinquiendo.
Por petición de un fiscal de la Dirección de Justicia Transicional, el 2 de agosto de 2023 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla excluyó del proceso especial a Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón o El Taladro, desmovilizado del Bloque Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La Fiscalía demostró que el postulado vulneró los compromisos del proceso de Justicia y Paz, en cuanto el incumplimiento de las garantías de no repetición y los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley 975 de 2005. Giraldo cometió delitos de violencia basada en género contra cuatro menores. Tres de ellas habrían sido revictimizadas por el postulado. Las violaciones ocurrieron dentro de cárceles de Barranquilla y Antioquia.
Giraldo Serna fue condenado el 18 de diciembre de 2018 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla por delitos de acceso carnal violento, actos sexuales violentos, acceso carnal abusivo, prostitución forzada o esclavitud sexual, desaparición forzada, homicidio, tortura, secuestro, desplazamiento forzado, trata de personas y reclutamiento ilícito.
Por petición de un fiscal de la Dirección de Justicia Transicional, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, el 28 de junio de 2022, excluyó del proceso especial de la Ley de Justicia y Paz a Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevo e Pisca, exintegrante del denominado Bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La Fiscalía demostró que Pereira Rivera incumplió su compromiso de esclarecer y obtener la verdad completa y veraz, en relación con los hechos de violencia contra la periodista Jineth Bedoya Lima.
Los bienes sí llegan al Fondo de Reparación de Víctimas
La reparación las víctimas es uno de los mayores desafíos para la justicia transicional. Es la antítesis con rostro humano del despojo a los que los grupos criminales las han sometido durante todos estos años. Por eso es importantes destacar los avances concretos en este campo.
La Dirección de Justicia Transicional, entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas la hacienda La Virgen del Cobre, ubicada en Necoclí (Antioquia), cuyo valor comercial asciende a $219.500 millones de pesos. Durante el proceso se ha ido estableciendo que estaba a nombre de José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, uno de los señalados financiadores de las autodefensas de Córdoba en el Urabá antioqueño.
Presuntamente el bien sirvió como lugar de encuentro de los cabecillas del Bloque Elmer Cárdenas con representantes de organizaciones políticas y económicas de la región. Allí habría sido impulsado el proyecto político regional ‘Urabá en Paz’, para el financiamiento del paramilitarismo. Este bien se constituye en el de mayor valor patrimonial entregado al Fondo para la Reparación a las Víctimas, durante la implantación de la Ley de Justicia y Paz.
Del inventario hace parte la Finca Torrealta, entregada en agosto de 2022 con un avalúo de $73.606’500.000. Se encuentra entre los municipios de Rionegro y El Retiro, en Antioquia. Su existencia y origen fueron denunciados por Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias Ricardo, postulado a la Ley de Justicia y Paz.
Según él, el bien estaba vinculado con Vicente Castaño, que la recibió como parte del pago de una deuda que tenían con él los narcotraficantes Gustavo Tapias Ospina, alias ‘Techo’ y Édgar Marroquín, alias ‘Marroco’, cobrada por Vicente Castaño. En los folios de matrícula figura, entre otras personas, el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez.
Hay medidas cautelares sobre 115 bienes inmuebles relacionados con alias ‘Memo Fantasma’ y el Bloque Central Bolívar avaluados en $173.028.687.59. Entre los bienes inmuebles se destacan el edificio Tierra firme, con ocho oficinas, avaluadas en $20.000 millones. Aparece también el edificio Torre 85, con 62 garajes, siete oficinas y un local, con un estimado comercial que supera los $25.000 millones de pesos.
Al Fondo deben ir derechos fiduciarios que superan los $59.884 millones de pesos que corresponden al piso 28 de una torre de oficinas ubicada en la carrera 7 con calle 100 (Edificio Pedregal), en Bogotá. Incluyen un lote ubicado en la calle 94 con carrera 13 en la misma ciudad.
La Fiscalía demostró que la constitución de derechos fiduciarios en proyectos inmobiliarios por parte de Guillermo León Acevedo (nombre de pila de ‘Memo fantasma’ correspondería a una estrategia de ocultamiento del patrimonio ilícito.
En Buenavista, Córdoba, figuran 23 bienes rurales con un avalúo de $43.052 millones de pesos.
La Dirección de Justicia Transicional entrego además al Fondo para la Reparación a las Víctimas 39 bienes relacionados con el Clan Cifuentes Villa, avaluado en más de $172.592 millones. Se destacan entre otros la finca La Caña, en zona rural de Montería, que alcanza un valor de $44.142 millones.
En sus vecindades se encuentran las fincas denominadas San Luis I, II y III, cuyo valor se calcula en $20.372 millones de pesos. Allí confluyen intereses de la casa Castaño y de la Oficina de Envigado que fue comandada por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.
Al clan Cifuentes Villa pertenecían además el lote Paso de la Bolsa y predio La Rivera, ubicados en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca). Estos predios están avaluados en $38.919 millones.
Las empresas privadas que se beneficiaron del aparato de la guerra
Foto CRIC
Hasta hace poco tiempo la participación de empresarios en la financiación de estructuras armadas paramilitares era un tema tabú. La justicia transicional lo ha roto con sus permanentes exhortaciones a la verdad.
Hay casos dignos de ser presentados como ejemplos. Uno de ellos es el de Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’, que comenzó siendo un empresario del sector bananero y terminó convertido en comandante del Frente Arlex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Según las declaraciones en versión libre, algunas comercializadoras y productoras de banano concertaron pagar tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada con el fin de apoyar la creación y financiación del Bloque Bananeros a través de la Convivir Papagayo. El delito imputado aquí ha sido el concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción y financiación de grupos armados organizados al margen de la Ley, conducta que fue declarada de lesa humanidad. Dieciocho empresarios bananeros fueron vinculados.
Los precios de los alimentos eran sobreestimados para garantizar el aporte mensual a la estructura armada ilegal.
Miembros del gremio azucarero del Valle del Cauca y ganaderos fueron acusados de patrocinar al bloque paramilitar Calima. El proceso tuvo origen en las versiones libres de Hébert Veloza García, alias HH, comandante de esa estructura. Algunos de los empresarios acusados decidieron acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Cuarenta y tres hombres de empresa resultaron acusados también por la creación de columnas armadas en Caramanta. Todo comenzó con una denuncia anónima que, en 2001, mencionó al empresario Hernando Mario Restrepo Osorio como comprador de unas 10.000 hectáreas en el municipio antioqueño. Durante el proceso posterior quedó demostrado que él y otros empresarios para financiar a los grupos armados ilegales.
Pedro Luis Barriga Peñaranda fue presentado inicialmente como uno de los 44 empresarios que patrocinaron económicamente al bloque Catatumbo de las AUC, que señalaron al señor Barriga Peñaranda de financiar con un aporte mensual el Bloque Catatumbo de las autodefensas. Luego quedó confirmado que se trataba de un narcotraficante que solo quería actuar con entera libertad en la región que estaba bajo el control del Eln.
A cambio de esto se le permitía presuntamente ejercer la actividad de narcotráfico con total libertad en la región. El delito imputado fue concierto para delinquir agravado en la modalidad de promover y financiar grupos armados ilegales, conducta que fue declarada de lesa humanidad. La resolución de acusación fue apelada y se encuentra a espera de decisión de la segunda instancia.
En los sumarios aparece la razón social de la petrolera Perenco como dotadora de recursos para el frente Héroes de San Fernando, del bloque Centauros, Tres de sus gerentes y más de 30 de sus funcionarios fueron acusados formalmente.
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