En abril de 2012, cuando seguían el curso de una decisión judicial que iba a enviarlo a la cárcel, reporteros de la revista Dinero descubrieron que Emilio Tapia llevaba una vida feliz, libre de apremios y preocupaciones evidentes. No solo los viernes, sino en días de entre semana, frecuentaba la discoteca Matilde Lina de Bogotá en compañía de su novia de esa época, Eileen Roca.
Días antes, cuando los mismos reporteros lo buscaron para proponerle una entrevista sobre el entramado del carrusel de la contratación, el joven zar de la contratación en Bogotá, recién venido de su natal Sahagún los citó en su amplia oficina que se encontraba en un edificio del costado suroccidente del Parque de la 93 en Bogotá.
Allí dispuso una mesa con las mejores viandas y banqueteros solícitos. La comida se enfrió, como también la entrevista en la que él se limitó a decir, en medio de argumentos circulares, que saldría bien librado de cualquier juicio. “Ya lo verán”, anticipó.
En buena medida, el tiempo parecía darle la razón. Tuvo que ir a la cárcel como cerebro de un carrusel de la contratación que golpeó duramente las arcas de Bogotá y los bolsillos de los contribuyentes, pero con la habilidad que nadie desconoce consiguió beneficios judiciales para no estar mucho tiempo detrás de las rejas.
Su papel en ese entuerto había sido descubierto por pura casualidad. Mientras intermediaba en la adjudicación de contratos para la ampliación de la malla vial de la ciudad, se retrasó en el pagó de créditos que obtuvo a través de una red de cooperativas de la sabana capitalina y prometió honrar la obligación, con sus respectivos intereses, cuando el gobierno de la ciudad le pagara una comisión que le tenía prometida.
Sus palabras fueron grabadas, como si se trataran de una garantía, por el abogado que representaba los intereses de las cooperativas y los reporteros conocieron los apartes más reveladores del audio. Una asistente de Tapia, a quien él despidió sin justa causa, se encargó de revelar el resto de sus contactos, negocios y andanzas.
Durante diez años solo se supo ocasionalmente de él. De medidas de aseguramientos, imputaciones, juicios y nulidades, pero nunca alguien dijo que estuviera en la cárcel purgando culpas ni abatido por problemas de conciencia.
Su nombre reaparecería en letras de molde al ser vinculado al escándalo de Centros Poblados, donde también aparecía como el gran estratega de una trampa contractual que privó a la población infantil de departamentos del Caribe del acceso a la internet, pero sirvió para llenar los bolsillos de los particulares.
Vinculado al escándalo de corrupción de Centros Poblados cuando se apropió junto a otros de 70 mil millones para el internet en escuelas rurales fue detenido en el 2021
Volvió a la cárcel, pero en medio de regímenes condicionales y beneficiosos concedidos por los jueces regresó también a la rumba y a la conquista de mujeres hermosas. Sus amores con Eileen Roca quedaron en el pasado, pero vinieron unas beldades y modelos hasta que se estabilizó, según él, en su relación actual con la congresista cordobesa Saray Robayo Bechara.
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Su regreso a la cárcel, después de seis meses
El 15 de abril de 2025, una jueza de Barranquilla decidía una solicitud hecha por la defensa de Tapia, al parecer comprometido en matrimonio, pudiera cumplir en libertad lo que le restaba de su condena a 76 meses de prisión.
Claribel Onisa Fernández Castellón, jueza Primera de Ejecución de penas de aquella ciudad se apartó por completo de los argumentos expuestos por un representante de la Procuraduría que insistía, como un catedrático en derecho penal: “En caso de condenados que se encuentren sindicados o condenados por hechos punibles cometidos durante el tiempo de reclusión, no podrán gozar de los beneficios de establecimiento abierto”.
La jueza hizo cuentas separadas y concluyó que el tiempo efectivo de privación de libertad, que llegaba ese día a 48 meses y diez días de corrupción, adicionado al tiempo de redención del castigo por estudio y trabajo en la cárcel le daba derecho a Tapia a la libertad y se la otorgó.
En su providencia remarcó que el confeso delincuente había superado entonces el umbral de los 45 meses y seis días exigidos por la ley para el otorgamiento del beneficio de la libertad condicional. Ordenó entonces que le abrieran a Tapia las puertas de la cárcel de El Bosque, en Barranquilla para que se moviera bajo un régimen extramural.
Pronto se trasladó a Montería a darse la gran vida con su nueva esposa con quien tuvo una hija, la congresista Saray Robay.
Solo le puso una condición sencilla: quedaría sometido a un periodo de prueba de 27 meses y 20 días de prisión, equivalente al tiempo que le restaba para purgar completa su condena como autor de los delitos de falsedad documental, fraude procesal y peculado por apropiación agravado. Era el gran cerebro de la trama de corrupción tejida alrededor del proyecto de Centros Poblados a cargo del Ministerio de las TIC.
Tapia había admitido su participación y se comprometió a devolver $5.000 millones, algo que hizo sin dilaciones demostrando su gran poder económico.
La seccional de Disciplina judicial del Atlántico fue drástica con la juez que autorizó la salida del condenado Tapies de la cárcel del Bosque
Además de la indignación causada, el caso parecía ya olvidado. Sin embargo, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del departamento del Atlántico se acaba de encargar de que no se pierda la memoria. El organismo -reemplazo del antiguo Consejo Seccional de la Judicatura- abrió investigación contra la jueza Fernández Castellón para establecer si su controversial decisión estuvo mediada o no por alguna circunstancia ajena al derecho y a la ética.
El Consejo examinará también las razones que tuvo la jueza para demorar, más allá de los tiempos procesales, el trámite del recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la Nación
Se trata de una apertura formal de investigación, iniciada tras el fin de la indagación preliminar iniciada a comienzos de mayo. Una decisión de esa naturaleza es tomada habitualmente cuando existen fuertes indicios de la responsabilidad del funcionario sometido al proceso disciplinario.
El Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá decidió enmendar errores cometidos por la justicia para que Tapia estuviera por fuera de prisión y revocó los beneficios otorgados por la juez de ejecución de penas de la capital del Atlántico.
El juez reprochó la conducta del zar de la contratación y apuntó su dedo acusador hacia él cuestionando su proclividad a delinquir.
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