La decisión del Consejo Nacional Electoral, adoptada como máxima instancia con seis votos contra tres, confirmó la violación grave de los topes electorales por parte de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro al poder. Con un exceso superior a los $5.300 millones, el fallo sancionó al gerente Ricardo Roa, a la tesorera Lucy Aydee Mogollón, a la auditora María Lucy Soto y a los partidos Colombia Humana y UP, multados con $583 millones cada uno. El origen político del Gobierno queda así marcado por un esquema flagrantemente violatorio de la ley que despedazó su legitimidad. A ello se suman revelaciones sobre manejo indebido de información al interior del Estado, con nombres como el de Wilmar Mejía, de la Dirección Estratégica de Inteligencia, mencionado en los “Archivos Calarcá”, lo que amplía las alarmas sobre fallas de seguridad e infiltración de estructuras ilegales.
El caos como modelo, no como improvisación
Petro llegó al poder prometiendo reconstrucción y reconciliación, pero su administración condujo al país al deterioro institucional más acelerado de las últimas décadas. La Paz Total, vendida como la gran salida, terminó convertida en una Paz Letal, cuya arquitectura redujo capacidades, desmontó inteligencia, fracturó cadenas de mando y abrió espacios que las organizaciones criminales ocuparon sin resistencia. Las instituciones cedieron mientras los grupos armados avanzaban, y el Estado se fue quedando sin presencia real en vastas regiones del país.
Colombia bajo dominio criminal: el tamaño de la catástrofe
Hoy, los grupos armados y las estructuras narcoterroristas ejercen control o influencia sobre el 75 % del territorio nacional. La violencia se consolidó como un sistema: en 2024 se registraron 492 ataques contra lideres sociales y políticos, incluidos 206 asesinatos, además de 1.200 desplazamientos forzados y cientos de secuestros. Municipios estratégicos como Buenaventura, Quibdó, Cúcuta y zonas de Medellín figuran entre los 45 territorios importantes dominados por bandas, disidencias y redes criminales. Es un dominio territorial sólido, con control social, coerción política y un Estado que se repliega cada día más.
La grieta expuesta: los “Archivos Calarcá”
La fractura institucional se hizo evidente con los “Archivos Secretos Calarcá”, revelados por Noticiero Caracol. En los computadores incautados al comandante del Bloque Jorge Suárez Briceño aparecieron referencias a contactos con funcionarios estatales y miembros de la Fuerza Pública. Información avalada y revisada por la Fiscalía General de la Nación.
Colombia como paciente abierto: la hecatombe programada
La Paz Total no solo falló: descuartizó la capacidad de reacción del Estado. Petro abrió más de veinte mesas de negociación simultáneas, como si a un paciente lo operaran del corazón, los riñones y el hígado al mismo tiempo. No fue ingenuidad ni exceso de optimismo; fue una estrategia que fracturó la coherencia institucional. Cada mesa abierta debilitó otra estructura; cada concesión frenó la acción militar; cada suspensión operacional dejó un territorio expuesto.
El ELN: dos años de mamadera de gallo
Si un actor se ha burlado del Estado sin pudor alguno, fue el ELN.
Mientras el Gobierno insistía en que “el proceso avanza”, el ELN convertía la mesa en un escenario para ganar tiempo, reorganizarse y expandir su presencia. En varias regiones, consolidó control social mediante amenazas, extorsión, reclutamiento y coerción armada. Hizo lo que quiso: una mamadera de gallo nacional, un juego político que le permitió fortalecerse mientras el Estado retrocedía.
Calarcá, el beneficiado sin explicación
Según los archivos incautados, el bloque de Calarcá habría manejado información sensible sobre operativos, movimientos y desplazamientos de unidades del Ejército, un acceso que revela la magnitud del deterioro institucional y la vulnerabilidad del Estado frente a filtraciones. Aun así, y pese a secuestros, ataques y reiteradas rupturas del cese al fuego, el bloque de Calarcá conservó aperturas políticas, reconocimiento y flexibilidad en la negociación, un trato privilegiado que contrastó con la presión aplicada a otros grupos armados.
El contraste con Mordisco: incoherencia calculada
Mientras Calarcá recibía concesiones, información de inteligencia y canales abiertos, Iván Mordisco enfrentaba presión militar directa. Ambas estructuras tienen economías criminales casi idénticas, pero el Gobierno escogió con quién construir su narrativa. La Paz Total no eligió interlocutores por paz, sino por conveniencia económica verificada y descubierta en el bajo mundo del soborno
El caso Huertas y Wilmar Mejía: cuando la grieta atraviesa al Estado
La mención del general Juan Miguel Huertas en los archivos, hoy bajo indagación disciplinaria y con antecedentes cuestionados cuando estaba en servicio activo, junto con la aparición del nombre de Wilmar Mejía, señalado en los “Archivos Calarcá” como parte de la Dirección Estratégica de Inteligencia, reveló un riesgo profundo: sectores del Estado mencionados en documentos de una estructura criminal.
Colombia llega a este presente más fragmentada, infiltrada y vulnerable que nunca. Petro no construyó: demolió. No trajo paz: instaló el caos. No fortaleció el Estado: lo dejó sin capacidad de contención. Los violentos no avanzaron por sorpresa: ocuparon el vacío que el Gobierno abrió. Las guerrillas no crecieron solas: crecieron porque el Estado retrocedió.
Colombia no está rota por accidente: fue desarticulada por decisiones del gobierno, quien descuartizó a Colombia.
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