El martes 27 de agosto de 2025, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, lanzó una carga de profundidad contra el proyecto Troncal de los Andes que busca descongestionar el acceso a Bogotá por la autopista del norte -la más congestionada del país- y liberar a Chía del tránsito pesado que contamina por polución y ruido sus vías internas.
Idárraga dijo que el proyecto es hijo de un “volteo de tierras”, expresión que en el léxico de la corrupción en Colombia es entendido como un cambio súbito a los planes de ordenamiento territorial (POT) para favorecer intereses perversos de particulares que han pagado coimas a cambio de esos beneficios
También afirmó que el proyecto, conocido también como Unidad Funcional y hace parte de la Concesión Accenorte, gerenciada por el reconocido empresario Óscar Gutiérrez, careció de estudios previos y fue aprobado a las volandas por un consejo de ministros en 2015.
En medio de esos trámites, según Idárraga precipitados, el municipio cundinamarqués de Chía habría terminado regalándole al operador privado 114.000 metros cuadrados que hacen parte del patrimonio público, pese a que se trata de una APP (Alianza público-privada) sin recursos públicos.
El cambio en el POT, por el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro denunció penalmente al alcalde, a los concejales de Chía y al director de la CAR, como autoridad ambiental, le habría cambiado la vocación a unas tierras que desde el año 2000 estaban destinas a una reserva para vías terciarias que no podrían tener más de 40 metros de ancho.
El explosivo coctel que armó Idárraga incluía otro fuerte detonante. Según él, el volteo de tierras también originó un fenómeno de inequidad tributaria porque bienes colindantes y de características similares terminaron pagando impuestos prediales con diferencias abismales. Como supuestos beneficiarios de los cobros en condiciones preferencias mencionó a la viuda de un ministro del gabinete de Iván Duque y a prestantes familias de la región como los Cavelier y los Pizano.
Un desmentido que llega del mismo gobierno
Inmediatamente terminó la presentación de del secretario de Transparencia de la Casa de Nariño, realizada en un pequeño auditorio en que se encontraban representantes de medios de comunicación de Chía y algunos periodistas independientes, la Agencia Nacional de Infraestructura -otro entidad del gobierno- preparó un desmentido.
Aunque para algunos podría tratarse de un caso de “fuego amigo”, el comunicado de la ANI se detuvo en consideraciones técnicas dirigidas a alguien no experto en materia de concesiones viales.
“Con respeto institucional, pero con el compromiso de garantizar la veracidad y transparencia en la información pública, presentamos las siguientes precisiones”, comenzaba diciendo el pronunciamiento de la ANI. Y luego de detenía en cada una de las afirmaciones de Idárraga para desvirtuarlas.
Explicó, por ejemplo, que no existe ninguna ilegalidad en la entrega de bienes inmuebles por parte de las entidades territoriales para la ejecución de proyectos de infraestructura del transporte, pues los predios no se consideran como un desembolso de recursos públicos.
“Los bienes inmuebles no son erogaciones del Tesoro, ni recursos del presupuesto del municipio de Chía y, en consecuencia, no se considera desembolso de recursos públicos para los proyectos de infraestructura. Por tanto, la cesión de predios del municipio de Chía no desnaturaliza la esencia de la Iniciativa Privada”, enfatizó.
De hecho, ese mecanismo jurídico ha sido aplicado en otros proyectos de infraestructura en el país porque facilita la ejecución de obras de gran impacto sin recurrir a nuevos gastos en adquisición predial por parte del Estado, siempre y cuando esté la respectiva entidad territorial esté acuerdo, como en este caso lo estuvo Chía.
La ANI también contradijo la afirmación de Idárraga sobre la ausencia de estudios previos: “En su etapa precontractual -se lee en el documento- la Iniciativa Privada surtió las etapas de prefactibilidad y factibilidad en las que se realizó un estudio integral del alcance de las intervenciones y del modelo financiero. Producto de este análisis, el contrato de concesión contempló dos opciones a elección de la ANI para la Unidad Funcional 3: la Conectante Hatogrande con alcance de construcción doble calzada o la Variante Chía con intervenciones de operación y mantenimiento”.
Fue la propia ANI la que determinó, mediante estudios técnicos y la validación de la Interventoría, que la variante de Chía ofrecía las mejores condiciones de movilidad, funcionalidad vial y eficiencia del Capex disponible, es decir, la capacidad de financiación.
El Convenio Interadministrativo N.º 019 de 2017, entre la ANI y Chía, comprometió al gobierno municipal a entregar gratuitamente el 90 por ciento de los predios necesarios para la ejecución de variante Chía. Eso contribuyó a despejar el camino para la construcción de una doble calzada de 3.4 kilómetros, dos puentes vehiculares sobre el río Bogotá y la intersección El Humero.
“Desde abril de 2016 se daba por hecho la selección de la variante de Chía como alternativa de la Unidad Funcional 3”, afirmó en su rueda de prensa Idárraga al dar contexto a sus denuncias sobre posibles precipitud y favoritismo. “Esta afirmación -respondió la ANI- también es equivocada. El Contrato de Concesión del proyecto Accenorte se suscribió el 10 de enero de 2017 y contemplaba dos opciones para la Unidad Funcional 3 a elección de la ANI. Solo hasta el 13 de mayo de 2019, mediante la suscripción del otrosí N.º 1, la ANI definió contractualmente que la mejor opción desde el punto de vista técnico y financiero era la variante Chía”.
¿Está el concesionario usufructuando bienes públicos, como lo asegura el alto funcionario de la Casa de Nariño? La respuesta de la Agencia Nacional de Infraestructura es que los bienes no serán destinados a actividades de explotación económica del concesionario, sino a la construcción de infraestructura de transporte, cuyos únicos beneficiarios son los ciudadanos.
Adicionalmente, en medio de controversia y trabas la variante Chía no ha podido ser construida y entregada, motivo por el cual no hay ningún tipo de retribución.
De frente contra el sistema de concesiones
Andrés Idárraga admite que denuncia de este tipo reflejan la posición que el gobierno frente al sistema de concesiones. El jefe del Estado es amigo de frenar las que están en curso y de abolirlas en el futuro para que sea el Estado el que asuma la carga de la construcción de infraestructura vial.
De esa política ha hecho parte el anuncio reciente de Petro en el sentido de abolir las vigencias futuras como mecanismo de financiación, posición que produjo una reacción en adversa en bloque por parte de varios exministros expertos en su manejo.
Uno de los periodistas que asistió a la presentación de Idárraga observó que su posición contra el proyecto Troncal de los Andes coincidía, casi por completo, con la del empresario Mauricio Mustafá, una especie de veedor ciudadano que ha abierto varios frentes de oposición y que recientemente logró, por ejemplo, que un juez de Zipaquirá suspendiera los cambios en el POT de Chía.
“No se si el señor Mustafá sea o no un empresario, pero sí ha sido uno de los denunciantes que tiene unos predios en los humedales de la región”, respondió Idárraga.
En todos los documentos relacionados con la controversia que la Casa de Nariño busca avivar aparece el nombre de Mustafá como representante de los dueños de predios de la comarca por donde pasará la troncal. Una de sus intenciones principales, según se advierte, es que el trazado de la obra cambie algunos metros para que no incluya, como lo dice Idárraga, bienes públicos.
De todas maneras, un cambio la enviaría, o bien hacia humedales que están protegidos, o bien hacia predios particulares que se valorizarían. Activo en redes y en todos los demás escenarios, Mustafá no ha aclarado si corre o no el riesgo de enfrentarse a un conflicto de interés personal. Tiene aceptación entre la comunidad, es verdad, pero la comunidad también quiere salir de dudas.
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