Colombia se despertó con una noticia que dejó triste a más de uno. El Consejo de Estado suspendió de manera temporal el decreto del aumento al salario mínimo que había sido decretado por el presidente Gustavo Petro el pasado 26 de diciembre de 2025. El decreto elevaba el mínimo mensual hasta los dos millones de pesos, con un incremento del 23 por ciento, pero había sido demandado por distintos sectores que cuestionaron la forma en que el Gobierno fijó el ajuste que alegró a muchos.
| Lea también: ¿Con la suspensión del aumento al salario mínimo los empleados deben devolver lo que ya les pagaron?
El Consejo de Estado es un tribunal integrado por 31 magistrados. No todos intervinieron en la decisión de frenar el decreto. La suspensión fue adoptada por seis magistrados de la Sección Segunda de la Sala Contenciosa Administrativa. Ellos son Juan Enrique Bedoya Escobar, Jorge Iván Duque Gutiérrez, Jorge Edison Portocarrero Banguera, Elizabeth Becerra Cornejo y Juan Camilo Morales Trujillo, bajo la presidencia del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves. En la práctica, ese pequeño grupo fue el que tomó una decisión que afecta directamente el bolsillo de millones de trabajadores, al menos de manera temporal.
El Gobierno tiene ahora ocho días para expedir un nuevo decreto que defina el incremento del salario mínimo y ajuste la situación creada por la decisión del alto tribunal.
En medio de ese debate, surgió otra conversación: cuál es el valor del salario de los consejeros que tomaron la decisión. Los magistrados del Consejo de Estado no tienen un salario fijado de manera aislada. Por ley y por decreto, sus ingresos están atados a los de los congresistas. El decreto 594 expedido a mitad de 2025 estableció la forma en que se compone su remuneración mensual: una parte como salario básico, otra como gastos de representación y varias primas que completan el monto total. Ese esquema tiene un tope claro: en ningún caso pueden ganar más que los miembros del Congreso.
En la práctica, durante los últimos meses, ese tope ha significado ingresos cercanos a los 51 millones de pesos mensuales, la cifra que venían recibiendo los congresistas. Esa equivalencia aplica para los magistrados del Consejo de Estado y también para los de otras altas cortes. Es decir, quienes revisan y, en este caso, suspenden decretos del Ejecutivo, reciben ingresos que los ubican en la cima de la escala salarial del sector público.
Sin embargo, esa situación está a punto de cambiar. A comienzos de 2026, el presidente firmó un nuevo decreto que eliminó una de las primas más altas de los congresistas, la prima especial de servicios, que rondaba los 17 millones de pesos. Con esa decisión, el ingreso total de los congresistas bajó de 51 millones a cerca de 35 millones de pesos mensuales. Como los magistrados no pueden ganar más que ellos, esa reducción también se les aplicará. El cambio no será inmediato: la eliminación de esa prima entra en vigencia a partir de junio de 2026. Desde ese momento, los magistrados del Consejo de Estado pasarán a devengar alrededor de 35 millones de pesos al mes.
Quienes suspendieron el aumento del salario mínimo que buscaba llevar el ingreso básico de millones de trabajadores a dos millones de pesos mensuales, hoy reciben salarios que multiplican por más de veinte veces ese monto.
Mientras el Consejo de Estado cumple su papel de control y el Gobierno el de fijar la política salarial millones de trabajadores, quedan a la espera de saber cuánto valdrá su salario mínimo después de este pulso institucional.
Anuncios.
Anuncios.
