Cada vez que una persona compra una cajetilla de cigarrillos ilegales en una tienda de barrio, no solo afecta al dueño de aquel negocio. Esa transacción, aparentemente pequeña, también golpea el sistema de salud, reduce la inversión en educación y fortalece las economías criminales. El problema se ha vuelto tan grande que hoy el 36% de los cigarrillos que circulan en el país son ilegales, según el último estudio de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y la firma Invamer. Se trata de la cifra más alta en casi diez años, con pérdidas anuales que superan el billón de pesos.
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Frente a este panorama, varias entidades públicas y privadas decidieron actuar y enfocarse en quienes llevan el pulso del comercio diario: los tenderos. De ahí nació la estrategia Zonas de Comercio Legal (ZCL), que busca que más de mil pequeños comerciantes de barrio se conviertan en ‘Embajadores de la Legalidad’.
La propuesta es clara, aunque no deja de ser ambiciosa: si tenderos, panaderos, dueños de licorerías y minimercados logran reconocer y ofrecer solo productos legales, se puede cerrar la puerta a buena parte del contrabando que circula en las calles. Ellos son quienes tienen el contacto directo con los consumidores.
Detrás del plan están la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la Federación Nacional de Departamentos, Fenalco, Coltabaco y otros aliados que ven en los tenderos un eslabón clave para reducir un delito que afecta tanto a la economía como a la seguridad.
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El contrabando no es solo un problema de evasión de impuestos. Los números hablan por sí solos: entre 2017 y 2024, Colombia dejó de recaudar 5,3 billones de pesos por cuenta de los cigarrillos ilegales. Es decir, la mitad del presupuesto anual de Medellín.
Las regiones del Caribe y la frontera con Venezuela están entre las más golpeadas: en La Guajira, el 87% de los cigarrillos que se consumen son de contrabando; en Cesar, el 81%; en Magdalena, el 79%; y en Norte de Santander, el 75%. En las zonas rurales, la situación también es crítica: más de la mitad del consumo (51%) corresponde a marcas ilegales.
En la práctica, eso se traduce en menos presupuesto para hospitales, colegios y programas sociales, mientras más plata termina alimentando economías ilegales que sostienen el crimen.
¿Cómo funciona la estrategia?
En su versión 2025, Zonas de Comercio Legal combinará formación virtual y presencial. Se capacitará a 337 tenderos que ya hacían parte de la red y a 738 nuevos participantes que ingresan al programa. Los talleres abordarán temas como normatividad, finanzas, contabilidad, mercadeo, servicio al cliente y, sobre todo, cómo reconocer productos legales frente a los ilegales.
El impacto se concentrará en 11 ciudades principales: Bogotá, Medellín y su área metropolitana, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Montería, Riohacha, Santa Marta y Valledupar. La idea es que los comerciantes puedan hacer crecer sus negocios, competir en condiciones justas y convertirse en un ejemplo de legalidad dentro de sus comunidades.
Los tenderos que terminan la capacitación son reconocidos como ‘Embajadores de la Legalidad’. Más que un diploma o un sello colgado en la pared, lo que se busca con ese título es que los clientes confíen en ellos. Saber que en esa tienda se vende producto legal es un respaldo tanto para el consumidor como para el barrio.
En la práctica, se trata de consolidar una red nacional de pequeños comercios que no solo hagan frente al contrabando, sino que también cambien la cultura alrededor del consumo.
Una apuesta conjunta
La estrategia ZCL no es nueva. Desde 2020 se viene implementando y poco a poco ha logrado ganar terreno. Lo que sí es nuevo es la magnitud que busca alcanzar en 2025, con más de mil tenderos capacitados y el respaldo de una alianza público-privada que se ha fortalecido.
Para la Policía Fiscal y Aduanera, el contrabando es una amenaza tan seria como otros delitos económicos, porque detrás hay estructuras criminales que se enriquecen mientras el Estado deja de recaudar recursos vitales. Para las asociaciones de comerciantes, la prioridad es garantizar que las tiendas de barrio no se conviertan en puntos de distribución de productos ilegales.
Para los tenderos, suele ser una decisión tan sencilla como dura: rechazar al proveedor que les vende más barato, aun sabiendo que detrás de esa oferta hay mercancía ilegal.
En un país donde los índices de contrabando siguen creciendo, la lucha no solo se libra en puertos y carreteras. También está en la tienda de la esquina, en la panadería que abre a las cinco de la mañana o en el minimercado donde la gente compra fiado. Allí, en la cotidianidad del comercio de barrio, se define buena parte del éxito o fracaso de las políticas contra este delito.
La estrategia Zonas de Comercio Legal busca precisamente eso: trasladar la defensa de la legalidad a los lugares donde el consumidor toma la decisión final. Y aunque el camino es largo, lo cierto es que cada tendero que se suma a esta red se convierte en un eslabón clave para cerrar el paso al contrabando y fortalecer la economía formal.
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