Desde hace más de siete años, los habitantes del municipio de Cogua (Cundinamarca) vienen denunciando un caso que se ha convertido en símbolo del abandono ambiental y la impunidad local. En la vereda Casa Blanca, una empresa conocida como Minas Aposentos S.A.S. estaría detrás de un daño ambiental sin precedentes: una presunta explotación ilegal de carbón que ha causado deforestación masiva, destrucción de quebradas, muerte de cientos de animales y desplazamiento de miles más, alterando de forma grave el equilibrio ecológico del territorio.
Pese a las múltiples sanciones impuestas por la CAR y las reiteradas clausuras de la Inspección de Policía y la Alcaldía de Cogua, la mina ha sido cerrada al menos cinco veces, pero los sellos oficiales han sido removidos y vulnerados, permitiendo que las operaciones continúen con aparente normalidad. A ello se suman daños estructurales en viviendas vecinas, generados por detonaciones y vibraciones constantes, sin que las familias afectadas hayan recibido una respuesta efectiva.
La comunidad asegura que el presunto responsable y cabecilla del grupo detrás de estas actividades sería Carlos, conocido en la zona con el alias de “Longanizo”, quien, según versiones ciudadanas, mantendría influencias dentro de la Alcaldía e incluso de la Inspección de Policía de Cogua, lo que explicaría —presuntamente— la falta de control y las continuas reaperturas de la mina.
El caso cobró notoriedad nacional cuando la empresa fue relacionada con la frustrada venta de un vehículo de lujo al influencer Mr. Stiven, hecho que destapó una serie de investigaciones penales por presunta explotación ilícita de yacimientos mineros, lavado de activos, fraude procesal, violación de sellos, daño ambiental y posible concierto para delinquir.
Vecinos del sector señalan como presunto cabecilla a Carlos “Longanizo”, quien al parecer habría desviado recursos provenientes de la minería ilegal hacia negocios de compraventa de vehículos. Este grupo estaría siendo investigado por lavado de activos, y las autoridades no descartan una posible extinción de dominio sobre los bienes vinculados a estas operaciones, razón por la cual el influencer habría desistido del negocio tras conocerse los antecedentes del grupo.
Según sobrevuelos con drones y reportes vecinales, las actividades extractivas se realizan en horas de la noche y la madrugada, eludiendo los controles de la autoridad ambiental y —presuntamente— con la tolerancia de algunos funcionarios locales. A pesar de las denuncias, el acompañamiento de la CAR y los llamados de la comunidad, la Alcaldía e Inspección de Policía parecen no haber logrado frenar la continuidad de las operaciones, lo que ha generado gran malestar entre los habitantes del sector.
El impacto ambiental ya es visible: quebradas destruidas, fauna desplazada, suelos erosionados y extensas zonas deforestadas. Los ciudadanos advierten que, de continuar la inacción institucional, el daño podría volverse irreversible.
La población de Cogua exige a las autoridades regionales y nacionales que actúen con transparencia y firmeza, que se investigue el alcance de las presuntas relaciones entre este grupo y funcionarios locales, y que no se permita que los intereses particulares sigan por encima del derecho colectivo a un ambiente sano.
Porque en Casa Blanca, Cogua, la naturaleza agoniza mientras —presuntamente— la ilegalidad se ampara en la indiferencia oficial y la posible complicidad de la Alcaldía de Cogua, bajo el mando del alcalde Cristian Chávez.
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