El video de Salud Hernández expone una realidad estremecedora: lo grotesco de Uriel —representante de la violencia armada que se celebra como espectáculo, casi con impunidad— se manifiesta con claridad a través de imágenes, discursos y actitudes que revelan no solo la presencia del conflicto, sino su normalización. Lo más grave no es únicamente la violencia explícita —disparos, amenazas, exhibiciones de poder—, sino la complacencia, la pasividad de las autoridades municipales y departamentales que parecen observar, sin actuar, cómo estos hechos se reproducen en espacios públicos.
Ese silencio institucional —ausencia de pronunciamientos firmes, demoras en investigaciones, falta de protección a víctimas y testigos— se convierte en complicidad tácita. Si las autoridades no intervienen, si no hay sanción ni oportunas respuestas, se refuerza la idea de que el poder ilegal y armado puede disputar territorio con plena impunidad.
Este video pone en evidencia una crisis profunda del proceso territorial de paz en Nariño. ¿De qué sirve hablar de “territorialidad” si el control real lo imponen las guerrillas o los grupos armados al margen de la ley? Si la paz se negocia con quienes mantienen estructuras criminales, sin desmonte claro de sus mecanismos de poder, corremos el riesgo de consolidar una paz precaria —o, peor aún, una paz con apariencia— que legitima la influencia armada como interlocutora. En este escenario, el proceso de paz territorial se ve socavado cuando no logra imponerse la autoridad civil democrática y el respeto irrestricto del Estado de derecho.
¿La paz en Nariño se construye con la guerrilla o con bandoleros visibles? No. La paz auténtica exige que el Estado recupere su monopolio legitimado de la fuerza, que las instituciones cumplan su rol, que los ciudadanos confíen en la justicia. Solo así puede deslegitimarse el uso del arma como método de resolución. En cambio, si las negociaciones ocurren sin un marco jurídico sólido, sin control social y sin reparación, estamos ante un fracaso programado.
Por ello, es urgente la intervención y la investigación rigurosa de entidades como la Fiscalía General, la Procuraduría, la Contraloría y los organismos de derechos humanos. Que se esclarezcan vínculos, rutas de financiación, responsabilidades políticas y administrativas. Que no haya impunidad y que el Estado recupere su autoridad moral.
Producto de un análisis de este histórico documento me permito presentar algunas propuestas serias y firmes para alcanzar una paz con justicia en Nariño y Colombia:
1. Marco jurídico para negociaciones legítimas, es decir, crear un marco legal nacional que regule las negociaciones territoriales: acuerdos vinculantes con controles ciudadanos, participación transparente, supervisión internacional y mecanismos de cumplimiento. Que no se haga “negociación de hechos consumados”, sino acuerdos bajo la Constitución y la ley.
2. Desarme verificado y desmonte de estructuras armadas: Las negociaciones deben implicar entregas reales de armas, rearticulación política de combatientes inscritos, disolución de cadenas logísticas criminales y desmantelamiento de redes de financiamiento.
3. Fortalecimiento institucional Local, consistente en Invertir en capacidad real de gobernabilidad local: presencia de jueces, defensorías, programas de desarrollo territorial con bienes públicos palpables.
4. Justicia transicional con reparación simbólica y real: Que los pobladores afectados puedan acceder a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Que las víctimas sean el centro, no sujetos secundarios.
5. Construcción social de paz desde lo local: envolver comunidades, liderazgos sociales, educadores y jóvenes en espacios deliberativos que discutan memoria, reconciliación local con apoyo técnico estatal, para que la paz no sea impuesta, sino construida.
6. Supervisión externa internacional y nacional: Que organismos independientes (Defensoría del Pueblo, Veedurías Nacionales, Comités de Derechos Humanos internacionales) monitoreen el cumplimiento de los acuerdos con acceso público.
7. Educación ciudadana de humanización y derechos: promover escuelas y espacios comunitarios de educación en cultura de derechos, convivencia, no violencia, para cambiar mentalidades arraigadas hacia el uso del arma como poder.
Este video de Salud Hernández no es solo una denuncia; es un espejo doloroso. El rostro grotesco de Uriel representa lo que sucede cuando los vacíos del Estado permiten que la violencia, la impunidad y el miedo se consoliden como poder de facto. Si no actuamos urgentemente, el fracaso del proceso de paz territorial será una de las heridas más profundas que dejará nuestra historia reciente.
La paz en Nariño exige valentía institucional, respaldo social y un marco jurídico robusto que imponga legalidad, no que la negocie al borde de la rendición. Esa paz merece nacer con justicia, no con acuerdos blandos.
Uriel no es un referente de paz, simboliza lo grotesco de un intento territorial que se desmorona por cuenta de sus propios actores. Sin ideales, sin otra ideología que las balas y las caballerizas de patrón que sabe mandar o es como un buen gallo que no se echa para atrás... Así no se pinta la paz, de esta manera se labra una puerta que conecta a Nariño con un infierno que difícilmente podrá contener entre sus llamas a los demonios que lo habitan.
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