Por estos días de fin de año, los empleados públicos del Estado reciben las prestaciones salariales a las que tienen derecho, producto de antiguas conquistas sindicales, muchas veces ignoradas por la mayoría y que no cayeron del cielo, como también la carrera administrativa. Es así como reciben su prima de Navidad, de vacaciones e intereses sobre las cesantías, entre otras.
Lamentablemente, la función pública, como consecuencia del impacto del neoliberalismo, se ha venido ejecutando durante más de 30 años por personas que, si bien según la hipocresía de la institucionalidad de la función pública, el servicio civil y las oficinas jurídicas de las entidades públicas son contratistas privados y su régimen tiene este carácter, son empleados públicos en la realidad administrativa. Situación que ha sido hábilmente aprovechada por la clase política de todos los colores para construir redes clientelares que les garanticen su elección continuada.
En este marco, estos contratistas, que en la realidad laboral son empleados públicos, para estas épocas no reciben, por obvias razones legales, las demás prestaciones salariales de los otros empleados públicos. Recibirán únicamente los honorarios mensuales. Discriminación odiosa que genera un clima laboral nada amable, pero que es aceptada estoicamente porque, de lo contrario, no tendrían trabajo.
Pero, aparte de esta patética situación, estos contratistas tendrán que esperar si son llamados a continuar con el contrato, es decir, si podrán seguir trabajando. En algunos pocos casos, su desempeño profesional y la necesidad de la función les permitirá continuar, pero la mayoría dependerá del visto bueno o de la popular “palanca” para seguir vinculados. Y ahí no dependerá de la necesidad ni del profesionalismo, sino de la palanca política o la relación social.
En Bogotá, el nuevo alcalde en nada ha cambiado estas prácticas y continúa la farsa de la plataforma lopista de “palanca, no talento”. Según me contaba un joven profesional del Distrito, docente, al terminar su contrato le preguntaron qué político lo respaldaba. Hoy está en un país del norte, subempleado.
Con el gobierno nacional del cambio no se cumplió la promesa de eliminarlos ni reducirlos; por el contrario, se han multiplicado y no van a ser afectados con la tijera del recorte presupuestal. Se requieren con urgencia para garantizar la elección del próximo Congreso.
El movimiento sindical tradicional, e incluso el alternativo, ya alista las peroratas demagógicas y los próximos pliegos de solicitudes, que serán aceptados por los gobiernos de turno, para pedir ampliaciones de planta con los objetos contractuales de estos contratistas. Será un nuevo desgaste administrativo y una dilación de un año más, como desde hace 30, para darle solución de fondo a esta realidad del Estado colombiano, que la clase política —el poder detrás de todas las decisiones del Estado— no permitirá resolver, porque son un factor de poder y control social para garantizar su próxima elección.
En un país vecino se dio solución de fondo a esta realidad, cáncer del Estado y abuso de poder de la clase política tradicional. Allí se tomaron medidas estructurales para atacar este flagelo: se contratará única y exclusivamente para desempeñar reales necesidades administrativas previamente demostradas; se racionalizará su vinculación; se garantizará el derecho a la igualdad de oportunidades, la transparencia y la idoneidad, para que toda persona pueda aspirar a un contrato mediante pruebas y exámenes, sin tener que recurrir a terceros.
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