Queremos lo mejor para todos los colombianos. Para ello es inmensamente más relevante que el Estado se administre correctamente, que todo lo que cada uno lograría con todos sus esfuerzos y logros individuales. Es, entonces, una verdad de a puño que lograr una institucionalidad pública
adecuada es importante y urgente.
En ese sentido debemos recoger, corregir, profundizar y afinar una sana combinación de entidades, con perfiles y vocaciones diferentes que, en su conjunto, hagan que nos salga bien. Ese cuadro se compone de entidades e instrumentos en los ámbitos de Planeación de largo plazo, Dirección de
políticas y ejecución, e Inspección, Vigilancia y Control (IVC).
El Gran Plan: La Planeación de Largo Plazo es crucial, en la medida en que los logros macro que necesita Colombia no se pueden obtener en el término que le corresponde a una administración presidencial. En efecto, si a los cuatro años del período se les restan los meses que corren antes de
aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y los que se deben ocupar en el empalme con el gobierno entrante, nos quedan unos 42 meses. Y nada que valga la pena llamar política pública se logra en ese tiempo. De ahí la relevancia de los documentos Conpes, las instancias de planeación, como pueden
ser las comisiones de regulación, y otras como la Unidad de Planeación Minero-Energética, que han
sido pensadas para trascender esos límites temporales.
Políticas y reguladores: Una vez que se cuenta con la visión y planeación detallada de largo plazo, cada jefe de sector (esto es, los ministros y directores de departamentos administrativos) está para trazar las políticas que, durante cada gobierno, se llevarán a cabo para cumplir lo que les corresponde en el cuatrienio, pero siempre con el claro y único propósito de avanzar en lo que se debe lograr en esa administración, como parte del gran plan.
Una primera tarea debe ser que el Plan Nacional de Desarrollo no solo refleje el programa con que se llegó al gobierno, para honrar a sus electores, sino que, efectivamente, recoja todas las planeaciones de largo plazo vigentes para cada sector. Y luego, que use todas sus capacidades legales para garantizar que todos los de su cartera actúen de manera entusiasta de ese modo.
La regulación, que siempre debe estar a cargo de expertos preferiblemente independientes, es la actividad de sentar reglas de juego. Por medio de esas disposiciones se fija el marco legal dentro del cual los particulares deben actuar, en consonancia con la libre empresa, la libre competencia y los incentivos y castigos que orientan hacia el bien común y, además, apoyan las metas de largo plazo.
Los manos a la obra: Los ejecutores son las entidades públicas y sus servidores, quienes hacen las cosas. Son quienes diseñan, estructuran y ejecutan obras; quienes gerencian, manejan y operan las empresas estatales. Además de hacerlo bien, tienen sobre sus hombros que cada peso, cada hora de
cada mujer y hombre que trabaja, esté en la ruta prevista en el Gran Plan como lo que debe lograrse en el largo plazo.
IVC: No todo sale bien siempre. Por eso la relevancia de las entidades y servidores responsables de hacer cumplir la ley y las regulaciones. Obviamente, a esas entidades y servidores hay que desligarlos de las funciones de política y regulación, para mantenerlos concentrados en sus labores de
enforcement o cumplimiento. Esas entidades y servidores deben existir para cumplir objetivos legalmente establecidos, ser muy poderosos y focalizarse solo en las desviaciones o infracciones que, además de afectar un interés general, sean tan sensibles que no se puedan corregir con el desarrollo normal en que, si alguien infringe la ley, un juez lo declara, y todos los que están en esa misma situación conocen el sentido de la sentencia y acomodan a ello su actuar.
Esta claridad debió existir siempre. Pero, si no es completamente claro, la única manera es comenzar.
Ya tenemos entonces una gigantesca responsabilidad para el siguiente gobierno.
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