La OCDE no es un comité de opinión ni un grupo de activistas. Es el club de las 38 economías más poderosas del planeta, el organismo que fija los estándares del comercio global, la transparencia y la lucha contra el soborno transnacional. Cuando la OCDE afirma que el sector defensa es el más propenso a corrupción y que las comisiones ilegales suelen flotar entre el 5 % y el 10 %, habla con la autoridad de países que mueven más del 60 % del PIB mundial.
Y precisamente ahí empieza el ruido: Colombia se metió, sin explicar por qué, en uno de los mercados más sucios del planeta, comprando aviones que ya han sido protagonista de escándalos en tres continentes. Un avión que no llega con hoja de vida militar, sino con un prontuario. Nunca han sido probados en conflictos bélicos.
Sudáfrica, Hungría, República Checa: el Gripen llega a Colombia con un historial de más de USD 700 millones en sobornos comprobados y multas. Los demás…
El Gripen no aterriza en Colombia como una innovación tecnológica; llega como un fósil viviente de corrupción internacional. En Sudáfrica, el Arms Deal, uno de los escándalos más grandes de la historia del continente, destapó más de USD 250 millones en sobornos disfrazados de consultorías, triangulados por bancos europeos y justificados con contratos creados únicamente para esconder pagos ilegales. Derribó ministros, fracturó partidos, cambió la historia política del país.
En Hungría, la misma historia con distinto acento: 17 millones de euros en comisiones ocultas, lobistas comprados como si fueran piezas de ajedrez y decisiones públicas moldeadas por operadores privados. Las investigaciones británicas detallaron pagos que parecían extraídos de un manual de corrupción escrito por un burócrata cínico.
La República Checa tampoco escapó. El leasing de los Gripen terminó salpicado por 15 millones a 20 millones de euros en triangulaciones hacia intermediarios austríacos cuya “asesoría” jamás pudo explicarse. Ni estrategia militar, ni análisis técnico: solo el viejo truco del intermediario caro.
Y el remate vino desde Occidente. BAE Systems, socio de Saab, tuvo que pagar USD 400 millones al Departamento de Justicia de EE. UU. por prácticas corruptas vinculadas a estas mismas operaciones.
Colombia paga 55 % más que Tailandia: hasta USD 1.326 millones de diferencia
La operación colombiana tiene un aroma aún más penetrante: el sobreprecio. Tailandia pagó USD 550 millones por cuatro Gripen. Colombia pagará entre USD 3.360 y USD 3.620 millones por 17. Traducido: USD 137,5 millones por unidad en Tailandia contra USD 210–215 millones en Colombia. Esa diferencia, calculada avión por avión, crea un hueco de USD 1.224 a USD 1.326 millones. Es difícil encontrar una justificación técnica para un sobreprecio tan obsceno. Es muy fácil encontrar una explicación cuando se mira el historial del Gripen en otros países.
Una compra empresa–Estado: el patrón exacto donde nacen las comisiones ilegales
Cada escándalo internacional del Gripen ocurrió con el mismo diseño contractual: empresa–Estado, nunca Estado–Estado. Cuando Suecia hace acuerdos militares entre gobiernos, la supervisión es estricta, los pagos son transparentes y las auditorías son inevitables. Pero cuando Saab negocia sola, el margen para incluir consultoras, intermediarios, asesores fantasmas y honorarios “justificables” se abre de par en par.
Colombia eligió ese modelo. Lo eligió sabiendo lo que ha pasado en otros países. Y lo eligió sin un solo documento público que lo justifique.
El factor Verónica Alcocer: diplomacia paralela en un negocio de USD 3.600 millones
Aquí el contrato deja de ser solo costoso y empieza a ser preocupante. La primera dama no tiene visa estadounidense, está en la Lista Clinton, y ningún banco serio quiere correr el riesgo de operar con alguien bajo sanción OFAC. En ese contexto, Verónica Alcocer, excluida de Estados Unidos y del sistema financiero global dependiente del dólar, aparece instalada en Europa, especialmente en Suecia, justo cuando Colombia negocia el contrato militar más caro de su historia.
No viaja sola: el embajador en Suecia, un lagarto muy cuestionado, Guillermo Reyes, es el esposo de una de sus amigas íntimas. Un diplomático sin inglés fluido, sin trayectoria en defensa y sin el perfil técnico necesario para una negociación de miles de millones. Es el tipo de movimiento que en cualquier país serio dispararía alarmas sobre tráfico de influencias. En Colombia, el Gobierno lo llama “agenda internacional”.
El problema no es lo que Verónica hace; es lo que representa. Una figura sancionada, sin visa, moviéndose en el país fabricante del avión, con diplomacia paralela y sin controles creíbles. Es la definición exacta del ambiente donde prosperan los contratos contaminados.
Petro criticó aviones durante una década. Hoy compra 17, más caros y sin transparencia
Durante años, Gustavo Petro señaló a gobiernos anteriores por comprar aviones. Hoy compra más, los paga más caros y los justifica menos. No es solo incoherencia política: es la prueba viviente de que la moral pública nunca fue parte del proyecto.
El motor estadounidense: USD 45 millones bajo control de un país que sancionó a Petro y a Verónica
El Gripen depende del motor General Electric F414, regulado por EE. UU. bajo ITAR. Y Estados Unidos, el país que debe autorizar ese componente, sancionó al presidente y a la primera dama. Colombia compromete más de USD 3.000 millones. ¿Sancionará a la compañía Saab?
No hace falta buscar escándalos. El escándalo es el contrato. Y el Gobierno es el terreno fértil donde aterrizó.
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