El derecho al voto es, sin duda, la regla más sagrada de la democracia. Para los colombianos, representa la oportunidad de elegir y, a la vez, conocer a nuestros gobernantes, aunque muchas veces esa cercanía se desvanezca y volvamos al olvido hasta el próximo cuatrienio.
En medio del actual agite electoral surge una pregunta inevitable: ¿qué medidas tomará el gobierno para garantizar el ejercicio de este derecho en las regiones golpeadas por la violencia? El caso del Catatumbo es emblemático, pues desde el 16 de enero de 2025 vive una crisis humanitaria sin precedentes en su historia.
La campaña política ya comenzó. Hemos visto a candidatos encender fogones, cortar leña, preparar arepas y repartir abrazos. Sin embargo, frente al panorama de inseguridad, la pregunta persiste: ¿existen realmente garantías electorales en el Catatumbo para las elecciones que se avecinan?
Aquí, en el Catatumbo, la joya de la corona es la Curul Especial de Paz, destinada a las víctimas. Es la más codiciada y disputada, la que atrae a múltiples aspirantes que buscan quedarse con ella y disfrutar de sus beneficios durante los cuatro años que restan.
Entre los pretendientes aparecen mujeres esbeltas que parecen más destinadas a una pasarela de moda que a representar a la población víctima, junto a flamantes profesionales y empresarios que, tras años de indiferencia hacia la región, hoy exhiben una repentina humildad. Todos comparten un mismo rasgo: el súbito interés por un territorio históricamente abandonado.
Pero en medio de la carrera electoral parece haberse olvidado lo esencial: la seguridad. La violencia ha dejado más de 70 mil personas desplazadas, reduciendo drásticamente el número de votantes en el territorio. Surge entonces una inquietud legítima: si para esta curul solo pueden votar los habitantes rurales de los municipios incluidos en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), ¿qué medidas ha tomado el gobierno y la Registraduría Nacional para garantizar que los desplazados del Catatumbo puedan ejercer su derecho al voto?
Hoy nadie se atreve a exigir la presencia de la fuerza pública para restablecer el orden, pues hacerlo podría significar perder la posibilidad de ingresar al territorio en busca de votos. Los actores armados que controlan la región imponen sus propias reglas y limitan el ejercicio democrático.
El departamento de Norte de Santander, y en particular el Catatumbo, parecen tierra de nadie. Viajar por la carretera que conecta Cúcuta con Ocaña es enfrentarse no solo a curvas y precipicios, sino también a la ausencia total de fuerza pública. Si esto ocurre en las vías principales, ¿qué puede esperarse de los territorios más profundos del departamento?
La preocupación es evidente y legítima. La pregunta que se cierne sobre todos nosotros es clara: ¿habrá verdaderas garantías electorales en el Catatumbo para el año 2026?
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