Los cálculos previos que proliferaban en redes eran parciales y estaban rezagadas. El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, con herramientas de tecnología de punta a mano, encontró que durante los primeros siete días de noviembre de 2025 el gobierno firmó contratos interadministrativos por $9 billones.
Lo hizo, como acosado por la prisa, antes de que entrara en vigor la Ley de garantías Electorales. La carrera fue tan de largo aliento que, en un solo día, el 7 de noviembre -en vísperas de que comenzara a regir la prohibición legal- fueron comprometidos $6,1 billones, equivalentes al 68% del total contratado durante ese lapso.
Rodríguez cumplió lo prometido el 10 de noviembre: aplicó el Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo y analizó la información reportada en SECOP entre el 1 y el 7 de noviembre de 2025. Así, identificó el que ahora denomina como “un comportamiento contractual atípico y altamente concentrado”.
Los $9 billones representan una cifra que supera ampliamente los niveles históricos de contratación mensual observados en 2025. Los $6,1 billones, del día 7, equivalen al 68% de toda la contratación registrada en la semana.
Las cifras confirman que solo este día representa 2,9 veces el promedio mensual registrado entre enero y agosto de 2025 ($2,1 billones), lo que equivale a un incremento del 190% frente al comportamiento histórico previo.
A juicio de la Contraloría, esa concentración atípica en una sola fecha constituye un indicador crítico de fallas en la planificación y posibles aceleraciones contractuales asociadas al cierre preelectoral.
De acuerdo con la información recogida por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), el Departamento de Prosperidad Social fue la entidad que tuvo mayor concentración de contratación, con $770 mil millones que equivalen al 8.5% del total de la contratación del Estado.
En lo que respecta a los contratos en los departamentos, la misma central tecnológica de la Contraloría se encuentra realizando el análisis de los datos para determinar el valor en cada región.
La Diari, en equipo con la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, adelanta un seguimiento riguroso y permanente sobre la caracterización de todos los contratos suscritos durante los meses de septiembre, octubre y los primeros siete días de noviembre, analizando su comportamiento agregado por valor contratado, entidades ejecutoras, modalidades y objetos contractuales.
Con ese ejercicio espera identificar con precisión operaciones sensibles, como actividades logísticas, eventos, suministros y otros tipos de contratación susceptibles de incrementarse en época preelectoral, con el fin de anticipar riesgos, emitir alertas tempranas y garantizar que los recursos públicos no sean comprometidos en contravención de la Ley de Garantías ni destinados a fines distintos a las reales necesidades de las comunidades.
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