Cada vez que el país se le sale de las manos, Gustavo Petro saca de su sombrero una nueva distracción. Esta vez no fue un enemigo imaginario ni un decreto milagroso, sino una palabra con aroma mesiánica: Constituyente.
Pero cuidado: detrás de esa palabra grandilocuente se esconde una coartada. No busca una nueva Constitución; busca una excusa para su fracaso y una escalera para seguir vigente después de 2026.
¿Qué es una asamblea constituyente y quién puede convocarla?
Una Asamblea Nacional Constituyente no es un antojo presidencial. Es el mecanismo más serio que tiene una democracia para rediseñar sus cimientos. Está regulada en el artículo 376 de la Constitución de 1991, y su esencia es simple: solo el pueblo puede convocarla, nunca el presidente.
¿Por qué? Pues el presidente es parte del tablero, no el dueño del juego. Fue elegido por las mismas reglas que ahora pretende modificar. Sería como si el árbitro, viendo que su equipo va perdiendo, pitara un penalti a su favor y además lo cobrara.
La Constitución no es plastilina ni espejo retrovisor. Es el pacto que protege a todos, incluso de quienes quieren moldearlo a su conveniencia.
Y lo más paradójico: Petro citó al jurista español Eloy García para justificar su idea de Constituyente. Pero García, profesor de Derecho Constitucional, salió a desautorizarlo públicamente. Con serenidad académica, respondió:
“No se puede romper la Constitución para hacer otra fuera de la Constitución.”
Y agregó:
“Si se destruye el orden, no se elige a un presidente, sino a un dictador.”
Petro lo citó para adornar su discurso; García lo desmintió públicamente para defender la democracia.
El reloj de la legalidad: dos años del pueblo, no del petrismo
Supongamos que alguien, congresistas o ciudadanos, presenta la idea formalmente el 16 de marzo de 2026, cuando arranca la nueva legislatura. Desde ahí comienza una maratón de siete etapas que toma casi dos años.
Cada paso tiene su tiempo, su órgano y su función. No hay “Constituyente exprés” ni decreto mágico.
Etapa 1: Presentación del proyecto (marzo de 2026).
Se radica ante el Congreso. Si no cumple requisitos o no tiene apoyo político, muere ahí mismo.
Etapa 2: Debates en el Congreso (marzo a junio de 2026).
Tres meses de discusiones. Se requieren mayorías absolutas. Si no hay consenso, se archiva.
Etapa 3: Revisión de la Corte Constitucional (junio a agosto de 2026).
La Corte revisa que no se viole la Carta del 91. Si ve sustitución del orden constitucional, lo tumba.
Etapa 4: Referendo del pueblo (diciembre de 2026).
El pueblo vota si quiere o no la Constituyente. Si no se alcanza el umbral o gana el “No”, fin del proceso.
Etapa 5: Elección de constituyentes (marzo de 2027).
Si el referendo pasa, la Registraduría organiza elecciones para elegir a los delegados.
Etapa 6: Trabajo de la Asamblea (abril a diciembre de 2027).
Los constituyentes redactan el texto. Si se extralimitan, la Corte puede intervenir.
Etapa 7: Refrendación popular (febrero de 2028).
El pueblo vuelve a votar. Solo si aprueba el nuevo texto, hay nueva Constitución. Si no, sigue vigente la de 1991.
Resultado: dos años exactos, con contrapesos y sin atajos.
Los fantasmas de la historia
Aquí aparece un detalle que duele y pesa: el padre del jurista Mauricio Gaona, el magistrado Manuel Gaona Cruz, fue asesinado en la toma del Palacio de Justicia por el M-19, el mismo grupo guerrillero al que perteneció Gustavo Petro.
Hoy, 39 años después, ese hijo —constitucionalista y voz respetada— advierte con claridad el peligro del experimento que propone su antiguo verdugo ideológico:
“El presidente no puede ser juez y parte de un proceso constituyente. Si el poder que juró defender es el que quiere destruir, lo que hay no es democracia, sino autogolpe.”
Y añade:
“Quien usa la Constitución para dinamitarla comete un acto de deslealtad institucional.”
El contraste es brutal: mientras Petro intenta reescribir las reglas del Estado, el hijo de una víctima del M-19 le recuerda que la Constitución no se manosea con fines personales.
La inviabilidad en números
La historia también enseña realismo. En el referendo de Álvaro Uribe del 25 de octubre de 2003, con 25 millones de votantes habilitados y una favorabilidad del 85 %, solo una de las 15 preguntas superó el umbral del 25 % del censo, equivalente a 6,26 millones de votos: la que proponía la “muerte política” para los corruptos. Las demás fracasaron.
Hoy, con un censo de 39 millones y una exigencia mínima de 9,7 millones de votos, el panorama de Petro es infinitamente más adverso. Con una aprobación inferior al 30 % y un país dividido, alcanzar esa cifra es una quimera.
La experiencia demuestra que ni el carisma ni el poder presidencial sustituyen la matemática electoral: sin respaldo masivo, no hay Constituyente posible.
Menos plastilina, más República
Colombia no necesita otra Constitución; necesita cumplir la que ya tiene.
La de 1991 no es perfecta, pero garantiza derechos, equilibrio y libertad.
Del ismo autor: El Pacto Histórico y su laberinto sin GPS
Anuncios.
Anuncios.
