El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y su amigo y compañero en su larga trayectoria pública Jorge Perdomo no se presentaron a la audiencia de lectura del fallo mediante el cual el Tribunal Superior de Bogotá absolvió, en decisión dividida, al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Los dos, Montealegre y Perdomo, tenían la calidad de víctimas y por derecho propio podrían estar en el tribunal o a menos conectados a la audiencia virtual. “A lo mejor no se sentían cómodos con la posibilidad de encontrarse allí con la magistrada María Leonor Oviedo Pinto”, comentó un auxiliar del Tribunal.
¿Por qué lo dijo? Porque la jurista, la única que salvó su voto frente a la decisión mayoritaria, fue subalterna de ambos en la fiscalía general de la Nación en la época en que Montealegre era fiscal y Perdomo su segundo. En 2014, los dos recibieron denuncias según las cuales Oviedo, entonces fiscal 13 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, estaba disfrutando de un crecimiento patrimonial posiblemente injustificado.
Un anónimo, que legalmente debía ser considerado, la señalaba cuantiosas consignaciones bancarias, viajes al exterior y la compra de bienes suntuosos en Cundinamarca y Nariño por parte de la operadora judicial. El autor del escrito se refería a ella como una funcionaria que solía bloquear o dar curso a procesos; según sus conveniencias.
Las pretendidas denuncias no prosperaron y aunque el fiscal y su vicefiscal dispusieron de indagaciones internas, estas no fueron suficientes para confirmar la veracidad de los libelos que circulaban en contra de la hoy magistrada.
La jurista también ha sido objeto de cuestionamientos por no haber aprobado exámenes de méritos, pese a lo cual la Corte Suprema de Justicia la confirmó en su posición actual.
En contraste, fuentes de la Rama Judicial del Valle del Cauca la recuerdan como una abogada estudiosa y acuciosa que inició su carrera en Cali, donde instruyó con éxito varios de los procesos que tuvo a cargo antes incluso de que comenzara a regir el actual sistema penal acusatorio.
No ha evidencia de una estrecha amistad de ella con sus antiguos jefes, Montealegre y Perdomo, casi en el cual habría podido ser objeto de una recusación.
Por eso, en la sala del 14 de octubre de 2025, donde la Sala 19 del Tribunal Superior de Bogotá adoptó la decisión anunciada públicamente este 21 del mismo mes, ella obró con entera libertad al dejar oír su voz disidente frente a la decisión mayoritaria.
A juicio de la magistrada Oviedo, la decisión de primera instancia que condenó a Uribe debió ser confirmada en todos sus términos. Su criterio quedó consignado en un salvamento de voto de 400 páginas, que también fue presentado de manera resumida en la audiencia de este 21 de octubre.
Pese a no estar de acuerdo con ella, sus compañeros de sala, Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y Alexandra Ossa Sánchez, reconocieron que su posición fue juiciosa y sustentada de buena fe.
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