Ludwig Wilson Mejía, funcionario de la Dirección de Abastecimiento de Ecopetrol y encargado de los trámites de defensa jurídica de la empresa, no ha concluido aún sus explicaciones sobre las razones que le llevaron a promover la firma del polémico contrato por cerca de cinco millones de dólares con Covington & Burling para evaluar riesgos los jurídicos y reputacionales para la petrolera por las denuncias periodísticas contra su presidente en presuntos casos de corrupción.
Algunos de los miembros de la Junta Directiva lo han requerido con insistencia, tras conocer varios contratos que demuestran que la empresa ya contaba con un auténtico dream team , un selector y escogido equipo de abogados colombianos, para su asesoría en ese y otros frentes sensibles de su operación.
De la nómina de los poderosos bufetes jurídicos con contratos vigentes con Ecopetrol y su grupo empresarial hace parte la norteamericana Baker & McKenzie S.A.S que tiene socios colombianos y actualmente presta sus servicios a los operadores de la Refinería de Cartagena (Reficar).
También está integrado a ese equipo Gómez Pinzón Abogados S.A.S que acaba de asociarse con la española Pérez Llorca que de acuerdo con el objeto del contrato tiene a cargo una asesoría integral en diversas ramas del derecho, con una especie de énfasis en la aplicación y administración de la inteligencia artificial en el ámbito de los nuevos negocios.
La defensa de los intereses de Ecopetrol en relación con las normas más elevadas de competencia, idoneidad e integridad profesional está a cargo de la firma Quiñonez Cruz Abogados S.A.S,especializada en temas tributarios, que atiende simultáneamente procesos de nulidad contra decisiones de Ecopetrol que se ventilan ante la justicia contenciosa administrativa.
Como cancerbero de la compañía en materias contractuales actúa el bufete peruano Miranda & Amado Abogados. Más recientemente, a comienzos de septiembre de 2025, Ecopetrol acudió a los servicios jurídicos de una firma del exmagistrado del Consejo de Estado Martín Gonzalo Bermúdez para que la represente en un proceso de controversias contractuales mediante el cual la firma Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S (Helicol) busca cobrarle una indemnización por cerca de 22,2 millones de dólares, es decir, cerca de 90.000 millones de pesos.
De acuerdo con las condiciones del contrato firmado con el bufete Bermúdez Villamizar y Asociados y publicado en la página licitacionescolombia.com, Ecopetrol y su filian Cenit pagarán solidariamente honorarios por 1.950 millones de pesos para defenderse en el proceso que curso el Tribunal Administrativo del Casanare, iniciado cuando dieron por terminado un contrato de sinergia para el transporte aéreo por un supuesto incumplimiento de Helicol.
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Una de las diferencias más importantes de esta última vinculación con las anteriores es que el monto de los honorarios ya esta pactado, mientras que el pago a los primeros está sujeto a los resultados y crecen en la medida de los ejecución y eficacia de la gestión.
La Procuraduría General de la Nación indaga debilidades en los procedimientos de contratación en Ecopetrol, entre ellas la mala clasificación del riesgo y aprobaciones en niveles operativos en asuntos de defensa jurídico, pero lo hace exclusivamente a propósito del multimillonario contrato suscrito con Covington.
En otras palabras, Ludwig Wilson Mejía, quien está siendo investigado por la Procuraduría aparece en ambos frentes que afectan al presidente Ricardo Roa Barragán y a la compañía: fue el habilitado operativo en la contratación del bufete en EE. UU. y ahora estaría buscando ampliar, sin justificación clara, los convenios para vincular más firmas, pese a la solvencia de las ya contratadas.
“Se trata de dos episodios que reavivan las preguntas sobre el rigor de los filtros internos y el control en la contratación jurídica de la petrolera”, comentó una fuente próxima a la junta directiva de la que acaba de retirarse Mónica de Greiff, la última de los integrantes de la primera junta conformada por el ex ministro José Antonio Ocampo cuando comenzó el gobierno Petro y quien había sido nombrada presidente de la misma.
Un informe sobre esta situación será presentado a la persona que la sustituya en la próxima junta a la exministra De Greiff, cuya renuncia ya se hizo efectiva, pues la plana directiva le recomendará al presidente de la compañía, Ricardo Roa.
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