La razón por la cual el tema de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente asusta a tantos es porque en los extremos políticos se considera que es un mecanismo para revivir la reelección presidencial, lo cual significaría el regreso de Álvaro Uribe Vélez o Gustavo Petro Urrego al poder, como si fueran eternos, indispensables e imprescindibles. A cualquiera que se le ocurra plantearlo le llueven rayos y centellas desde la orilla opuesta, cuando en realidad la necesidad de que haya una Constituyente clama al cielo si se quiere arreglar el inconmensurable desorden nacional.
Hoy la idea no tiene futuro por la manera como ha sido usada por el Gobierno como una amenaza contra el Congreso, por no aprobar con celeridad y sumisión las propuestas presidenciales. Una estrategia política sin mucho sentido puesto que el trámite de convocatoria, elección, discusión y aprobación de una Asamblea Constituyente toma al menos dos años y medio, y la idea de convocarla al margen del Congreso es un puro juego pirotécnico para la galería.
Tampoco es un asunto que pueda plantearse en medio de una campaña política, donde hay tantos partidos y tantos candidatos que se descalifican mutuamente. Para que su convocatoria tenga viabilidad política tienen que suceder dos cosas: la primera, que no sean los extremos los que ganen la elección presidencial; y la segunda, que si hay un presidente electo de centro éste tenga la capacidad de convocar a los extremos, proponer con ellos la Asamblea y hacer de ella la principal agenda del nuevo gobierno.
La convocatoria implicaría la revocatoria del Congreso
Como una de las principales tareas de esa asamblea sería reformar a fondo la política y por supuesto la composición de las Cámaras Legislativas, la convocatoria implicaría la revocatoria del Congreso para que haya uno nuevo escogido con las nuevas normas, que fue lo que pasó cuando se aprobó la Constitución de 1991. Para decir sólo un par de cosas, es necesario cambiar la manera como se elige el Senado de la República, hoy por circunscripción nacional que hace excesivamente costosas esas campañas y deja sin representación a medio país. Sería muy útil también establecer elecciones de mitaca para la Cámara de Representantes, cuyos miembros tendrían períodos de dos años, lo cual sería la manera de evaluar con efectos políticos la gestión del gobierno justo en la mitad de su período y no como se hace ahora en las elecciones regionales, que tienen otras agendas y protagonistas, apenas un año después de la elección presidencial.
Ello para no mencionar la abolición del voto preferente que atomiza a los partidos, la financiación estatal de la totalidad de las campañas políticas, cuya ausencia es la fuente principal de corrupción pública pues deja a los congresistas electos en manos de sus financiadores, la reducción del tamaño del Congreso y el fortalecimiento institucional de los partidos políticos, convertidos en aventuras personales.
Pero la reforma política es solo uno de muchos temas, aunque quizás sea el más importante, dados sus efectos en la gobernabilidad y en la moralidad públicas. Habría que hacer una evaluación de las instituciones creadas por la Constitución de 1991, reformada de manera cosmética más de cincuenta veces, porque alguna razón habrá para que treinta y tantos años después sea tan inadecuada para el buen gobierno. Ojalá hubiera un gobierno de centro, único capaz de barajar y repartir de nuevo.
Del mismo autor:La fecha clave de la política: 8 de marzo de 2026
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