Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, tiene un récord judicial difícil de igualar: 97 procesos en su contra por presunta corrupción. De ellos, 85 han sido penales, diez disciplinarios y dos fiscales y hasta ahora ha salido indemne.
Ha ganado batallas importantes, como la que obtuvo al cabo de veinte años de enfrentar acusaciones relacionados con una serie de asesinatos de profesores y estudiantes de la Universidad del Magdalena, donde fue rector. En su momento el veredicto de inocente lo catapultó de nuevo a la política hasta alcanzar los cargos más altos de elección popular en su departamento y perfilarse como aspirante presidencial.
Los demás procesos rotulados bajo el título del “gran robo al Magdalena” y por ahora la decisión más fuerte contra el político la ha tomado la Procuraduría, que lo buscó inhabilitar por doce años para ejercer cargos públicos.
En el campo penal la suerte podría comenzar a cambiarle desfavorablemente. Después de algunos tropiezos procesales y del cambio en la cabeza de la Fiscalía General de la Nación, con la que sus amigos le auguraban prontos archivos y prescripciones, el ente acusador acaba de decidir llevarlo a juicio por causa de uno de sus descalabros administrativos: el inflado contrato para la adecuación del Coliseo de Gaira, en Santa Marta.
El contrato fue firmado en 2015, pocos días después de la salida del cargo, por su sucesor y alter ego político Rafael Martínez a costo de $2.782 millones. La Fiscalía lo acusa de haber cometido los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
En realidad, Caicedo ha estado empapelado desde 2011 cuando conquistó la alcaldía de Santa Marta. Antes y después de la campaña siguieron lloviendo en su contra denuncias por corrupción lanzadas, según él, por sectores de ultraderecha que lo miraban con recelo y odio su pasado como candidato de la Unión Patriótica a la Asamblea Constituyente de 1991 y como vocero de la Corriente de Renovación Socialista -antigua facción del ELN- en un proceso de paz.
Ese año, cuando los fiscales delegaos ante la Corte comenzaron a actuar en su contra, Caicedo declaró públicamente que una de las cosas que más le dolían era que la justicia pretendiera ponerlo el mismo costal de las responsabilidades con figuras como Luis Miguel Cote y Rosa Cotes Vives, miembros de un clan al que él dice haber combatido.
Con base en denuncias de ciudadanos y organizaciones sociales los investigadores recogieron una muestra de contratos celebrados por la gobernación de Magdalena entre los años 2013 y 2019. Analizaron también la gestión contractual de Caicedo durante su paso por la Alcaldía de Santa Marta.
Cuando se abrió la especie de macrocaso “robo al Magdalena”, en 2023, Caicedo acababa de asumir como gobernador del Magdalena. los primeros investigadores encontraron “mérito suficiente para presentar ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá al exalcalde de Santa Marta y actual gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar, para que responda a las solicitudes de audiencias de formulación de imputación y de imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia, por tres eventos distintos en los que quedó al descubierto un presunto peculado que se acerca a los 1.670 millones de pesos”.
Al sumar cuantías, la fiscalía consideraba que los hermanos Cote y Caicedo serían responsables de la pérdida de más de $457.670 millones. Los contratados tachados provisionalmente de ilegales se relacionan con obras para el mejoramiento de la infraestructura del departamento y para colegios de Santa Marta.
La Fiscalía considera reprochable que Caicedo, pese a su formación como abogado y su experiencia en el manejo de recursos públicos, hubiese optado por “lesionar los intereses económicos de la ciudad y defraudar a toda una sociedad, particularmente a la juventud y a la la niñez de sectores pobres y vulnerables del corregimiento de Bonda y el barrio de Ciudad Equidad”.
Los reparos judiciales apuntaron, primero, hacia un contrato celebrado el 30 de diciembre de 2014 para la construcción de una mega biblioteca (así la denomina el contrato) para el colegio San Pedro Alejandrino. Los cargos imputados por este negocio están relacionados con los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Habría sobrecostos cercanos a los $5.000 millones.
Un segundo contrato del que se derivarían responsabilidades para el mandatario departamental es el de la construcción de dos centros de desarrollo infantil y de ludotecas para el barrio Ciudad Equidad, del corregimiento de Bonda. El valor del contrato, con adiciones, llegó a los $6.954.
Inhabilitado como está, el Gobernador ha insistido en que todavía persiste una carga de intención política en su contra.
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