El 11 de julio de 2025, cuando entró en vigor el decreto 0799 que permite a cualquier juez del circuito, de cualquier lugar del país, conocer las tutelas contra el presidente de la República, abundaron las críticas de quienes creen que la norma buscaba alejar la sombra del Consejo de Estado que estaba rondando al jefe del Estado.
El presidente Gustavo Petro y su ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, presentaron la norma como un camino hacia “la imparcialidad estructural del sistema judicial” y para garantizar la seguridad jurídica porque las decisiones del primer mandatario no pueden estar sometidas a suspensiones provisionales sin una revisión constitucional de fondo.
La sombra del Consejo de Estado, que parecería incómoda del gobierno, ha vuelto a rondar por la Casa de Nariño con el propósito de moderar el lenguaje que el presidente Gustavo Petro utiliza en sus trinos para cuestionar o descalificar a todos aquellos que considera sus detractores.
Por decisión de sus magistrados Fredy Ibarra Martínez, Alberto Montaña Plata y Diego Enrique Franco Victoria esa alta corte acaba de ordenarle al jefe del Estado borrar de su cuenta X un trino en el que se refirió a la Asociación de Empresarios (Andi) como a una organización que promueve el odio étnico y promueve las prácticas esclavistas.
En el hilo abierto por Petro se leía: “Empresarios de Antioquia, vinculados al uribismo más radical, financian campañas para derrocar a este Gobierno. La Andi de Bruce MacMaster destruye el Gobierno por literal odio étnico y defiende el esclavismo moderno en las minas de esmeraldas. No pasarán”.
La oposición política también era blanco de su descarga dialéctica: “El nazismo dentro del uribismo es responsabilidad de Uribe, es mi mayor crítica a él como persona de historia. ¿Por qué no ha sido capaz de deslindar su movimiento político al que tiene derecho de los nazis colombianos que no tienen derecho porque son criminales?”.
Al censurar ese texto, el Consejo de Estado concluyó que expresiones de este corte, tales como “nazis”, “esclavistas” y “odio racial” alcanzan un tono infamante, carecen de sustento objetivo y exceden la crítica política legítima.
El 11 de julio de 2025 el Consejo había rechazado en primera instancia la tutela presentada por la Andi. Esa decisión, que acaba de ser revocada, fue tomada por la Subsección A de la Sección Tercera. El fallo de primera instancia consideraba que las afirmaciones del presidente Petro hacían parte de un debate propio de la dinámica de una democracia. Por eso la declaró improcedente y negó el amparo al derecho fundamental al buen nombre solicitado por la Andi. Esa es la decisión que acaba de ser revocada.
Ya en diciembre de 2024 el mismo Consejo de Estado había ordenado al jefe del Estado retractarse públicamente de declaraciones contra Germán Vargas Lleras. El día 8 de ese mes publicó en su cuenta X, el canal que más suele usar, un mensaje en el que cuestiona la autoridad moral de algunos dirigentes políticos, incluido el exvicepresidente, para oponerse a la reforma a la salud. Fue más allá y dijo que sus hermanos se beneficiaban con dineros públicos de la salud.
El Consejo de Estado consideró que esas afirmaciones generaban una interpretación que señalaba a Vargas Lleras como responsable de hechos que aún estaban en investigación y ordenó a Petro retractarse.
El presidente habló de una posible injerencia de Vargas Lleras en las decisiones de la justicia. El Consejo de Estado consideró, adicionalmente, que ese tipo de afirmaciones no sustentadas constituían una afectación al buen nombre de Vargas Lleras. Petro no lo hizo, pero su fuero especial no permite que alguna autoridad ordene su arresto por desacato.
Anuncios.
Anuncios.
