Cuando una democracia empieza a pensar en castigar pueblos enteros privándolos de lo más elemental —agua, alimentos o transferencias públicas— ya no hablamos de táctica política: hablamos de -asedio-
Eso fue exactamente lo que planteó la senadora Paloma Valencia en el congreso de Colfecar: condicionar y recortar el acceso a alimentos, agua y las transferencias estatales a los resguardos indígenas que, a juicio suyo, respalden o ejecuten bloqueos en el Cauca. La propuesta, presentada como “presión sin uso de la fuerza”, propone convertir la supervivencia en moneda de cambio político.
Decir que algo “se puede hacer sin violencia” mientras se corta el flujo de comida y agua es jugar con las palabras. El hambre y la sed no son “no violencia”: son herramientas que dañan primero a los niños, a las mujeres embarazadas, a los ancianos, a los enfermos —a quienes menos tienen poder— y, por tanto, son formas de violencia estructural y colectiva. El antecedente brutal que hoy conocemos por las imágenes y los testimonios que nos llegan de Gaza lo demuestra: cuando a una población se le impide acceder a insumos básicos, el daño no es táctico, es humanitario y duradero.
Organismos internacionales han señalado que en Gaza la restricción de suministros ha derivado en una crisis calificada como hambruna y en acusaciones sobre el uso de la privación de alimentos y agua, como método de guerra.
Comparar una propuesta política en Colombia con un asedio como el de Gaza puede sonar hiperbólico hasta que uno mira el mecanismo: bloquear entradas de alimentos a un territorio para forzar una conducta política delata la misma lógica —la lógica del castigo colectivo— que la comunidad internacional ha denunciado en conflictos donde se ha usado el hambre como arma.
Es un eco peligroso de prácticas que, en el escenario internacional, han sido calificadas como crímenes contra la humanidad cuando se busca, deliberadamente, destruir condiciones de vida.
Además, en Colombia existen marcos constitucionales y obligaciones internacionales que protegen los derechos colectivos de los pueblos indígenas: autonomía, consulta previa y protección de la vida en sus territorios.
Proponer retirar transferencias estatales o cortar el acceso a bienes esenciales como agua y comida, sin procesos judiciales que determinen responsabilidades individuales abre la puerta a medidas arbitrarias y discriminatorias con claras aristas coloniales: castigar a la comunidad por las acciones de algunos. Es, en el fondo, la vieja lógica del “indio culpable” que se pretende resolver con hambre.
Hay un argumento instrumental —y populista— que sostiene: “presionamos y la protesta termina; protegemos la movilidad y el comercio”. Pero las consecuencias políticas y humanas son peores que cualquier bloqueo temporal de una carretera. El riesgo real es que normalicemos la idea de que el Estado puede usar el acceso a la vida como palanca de poder. Hoy es una carretera; mañana podría ser el agua de una región, la energía de un barrio, la atención en salud. Ese precedente erosiona el contrato social y legitima la venganza administrativa sobre la justicia.
Si el objetivo es resolver los bloqueos, hay alternativas que no instrumentalizan la supervivencia: negociar con representantes legítimos, activar mecanismos de mediación imparcial, investigar y sancionar a quienes cometan delitos de forma individual —no colectivizar la culpa—, y diseñar rutas de diálogo que atiendan las causas estructurales de las movilizaciones (tierra, derechos, incumplimientos). Todo ello exige decisión política, sí, pero no a costa de convertir comunidades en territorios sitiados.
Si aspiramos a una democracia que se respete a sí misma, la respuesta a un bloqueo no puede ser el hambre como moneda de cambio. Eso sería, con todas las palabras, miserable.
La propuesta de asedio contra los pueblos indígenas no es un hecho aislado en el discurso de Paloma Valencia. Con anterioridad, la misma senadora objetó que los bancos prestaran a los campesinos, bajo la excusa de que “les puede pasar algo”. Lo que nunca aclaró la señora Valencia es qué les puede pasar realmente a esos campesinos que accedan a un crédito.
Ese discurso revela una coherencia preocupante: el campesino no merece crédito y el indígena no merece agua ni alimentos si protesta. En ambos casos, el mensaje es el mismo: los pueblos que producen la vida —la comida, el territorio, el agua— deben permanecer subordinados, controlados y castigados si se atreven a reclamar derechos, según la señora Paloma Valencia.
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