Entre el 24 y el 26 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov; la exgestora social, Sara Catalina Pedraza Canaría; y la directora de la Unidad Especial de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán.
El proceso judicial, seguido con atención por la ciudadanía, dejó en evidencia hechos preocupantes que merecen escrutinio público.
Los delitos imputados
La Fiscalía General de la Nación acusó a Krasnov de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos. A Pedraza y Acevedo se les imputó como cómplice y coautora, respectivamente.
El principal testimonio provino de Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez, exgerente de Ecovivienda, quien se acogió al principio de oportunidad. Aseguró haber recibido presiones y amenazas directas del alcalde para firmar, contra su voluntad, un contrato de prestación de servicios que beneficiaba a un abogado cercano al mandatario. Según la Fiscalía, esto habría tenido como fin retirar una demanda de nulidad electoral en su contra.
Camargo relató que incluso lo hicieron firmar una declaración juramentada bajo amenazas de difundir videos comprometedores de su vida privada y de atentar contra su hija en Alemania.
El juez Martín Hernán Martínez, segundo penal municipal con función de control de garantías, impuso medidas no privativas de la libertad a Krasnov y Pedraza:
- Prohibición de salir del país.
- Prohibición de comunicarse con el testigo principal.
- Obligación de asistir a las audiencias.
Riesgos y delitos adicionales
Para este columnista, los hechos descritos podrían configurar otros delitos graves como concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho y fraude procesal. Además, se denunció pérdida de documentos y nuevas amenazas a testigos, lo que refuerza la necesidad de medidas más estrictas.
Permitir que Krasnov siga en el cargo podría comprometer la investigación y poner en riesgo derechos fundamentales, como el acceso a la verdad y a la justicia.
El arraigo y las contradicciones de Krasnov
En la audiencia, el alcalde defendió su arraigo a Colombia argumentando que incluso había recibido visa estadounidense. Sin embargo, en enero de 2024, en entrevista con el periodista ruso Alexey Pivovarov, había declarado que no pensaba morir en Colombia y que quería volver a Rusia en su vejez.
Esto plantea la duda sobre su verdadero compromiso con Tunja, más aún cuando posee un apartamento en otra ciudad.
El debate por el idioma
Krasnov solicitó un traductor de español a ruso, alegando que no comprende algunos términos jurídicos. El juez rechazó la petición, calificándola de maniobra dilatoria.
El propio alcalde admitió: “Nunca firmo ningún papel sin que un jurídico lo revise porque no entiendo. Yo nunca leo ningunos comunicados porque igual no los entiendo”. Estas palabras, de ser ciertas, ponen en entredicho su capacidad para gobernar, pues el cargo exige plena comprensión y responsabilidad sobre los documentos oficiales que firma.
Paradójicamente, Krasnov fue contratista de la UPTC como traductor de ruso y alemán, lo que genera más interrogantes sobre la veracidad de su argumento.
Un proceso abierto
El juez Martínez señaló: “Estamos frente a un fenómeno que ha impactado al país, un cáncer actual: la corrupción administrativa”.
Krasnov fue calificado como coautor, Acevedo como coautora y Pedraza como cómplice. El proceso apenas comienza, pero se espera que salgan a la luz más implicados y nuevas revelaciones.
La ciudadanía tunjana observa con preocupación cómo su alcalde enfrenta un proceso que no solo cuestiona su legalidad, sino también la ética y transparencia en el ejercicio del poder.
También le puede interesar:
Anuncios.
Anuncios.
