El caso de Margarita Rosa de Francisco con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) pasó de ser un trámite académico a convertirse en debate político. Lo que parecía un descuento de matrícula terminó en una controversia pública con ribetes de espectáculo. Según documentos revelados por el concejal Daniel F. Briceño, la actriz y columnista, inscrita en el programa de Filosofía, recibió en 2022-1 un descuento de $1.344.000 bajo la categoría de “estrato 3”.
El inicio del escándalo
La denuncia fue clara: una figura pública con amplia trayectoria y solvencia apareció como beneficiaria de un apoyo destinado a estudiantes vulnerables. Margarita Rosa reaccionó de inmediato: negó haber solicitado subsidio alguno y aseguró que lo que recibió fue una matrícula de honor por mérito académico. Para respaldar su versión, publicó la resolución de agosto de 2023 y sus notas. Además, presentó un derecho de petición ante la UNAD y el Ministerio de Educación, con lo que trasladó la responsabilidad a las instituciones para aclarar el asunto.
La voltereta discursiva
En entrevistas posteriores, explicó que los descuentos aparecen registrados como “subsidio” aunque en realidad corresponderían a exenciones por rendimiento académico. En su derecho de petición planteó cuatro preguntas sobre la verificación de datos socioeconómicos, la remisión de información al Ministerio, la posibilidad de asignar beneficios sin postulación y la notificación a los estudiantes.
Ese movimiento, legítimo en términos formales, tuvo un efecto político: la carga de la prueba dejó de recaer en quien fue cuestionada y pasó a las entidades educativas. Un giro que en la opinión pública fue leído como una voltereta discursiva.
La “rebeldía” del estrato 3
El episodio más llamativo vino con su declaración en Semana: “Me molesta que esa pregunta aparezca allí… me parece de una vulgaridad espantosa decir que pertenezco al estrato 6. Entonces, pudo ser que alguna vez por rebelión haya escrito estrato 3”.
Un gesto que ella calificó como rebeldía abrió una polémica mayor: ¿es aceptable justificar la alteración de un dato sensible en un formulario oficial bajo esa lógica? Para sus críticos, es una explicación ligera para un hecho con consecuencias concretas: la asignación de un descuento que pudo corresponder a otro estudiante.
Cuando la alumna imita al maestro
Este episodio no es aislado. En el entorno del Pacto Histórico abundan cuestionamientos sobre credenciales. Según investigaciones de prensa (El Espectador, 2016), el presidente Gustavo Petro ha sido señalado por inconsistencias en su hoja académica: una especialización y una maestría inconclusas, y un doctorado no obtenido.
Su hijo Nicolás Petro enfrenta imputaciones de la Fiscalía por lavado de activos y falsedad en documento público, al aparecer en un certificado laboral de una empresa donde nunca trabajó.
Y su hermano Juan Fernando Petro estuvo en el centro del escándalo por los pasaportes diplomáticos irregulares, revocados por la Cancillería, de acuerdo con reportes oficiales divulgados en prensa.
Al incluirse en esta cadena de controversias, Margarita Rosa de Francisco parece haber seguido un libreto ya conocido: decisiones discutibles, documentos bajo sospecha y explicaciones que desplazan la responsabilidad.
Críticas y defensas
La reacción pública fue inmediata. Según señaló Juan José Lafaurie, un beneficio así pudo habérselo ganado un estudiante realmente vulnerable. La cantante Marbelle ironizó llamándola “gomela de estrato 3”. Algunos columnistas opinaron incluso sobre la posibilidad de falsedad en documento, aunque no existe proceso judicial en su contra por este hecho.
Desde el Gobierno, el ministro de Educación, Daniel Rojas, defendió el principio de gratuidad con la frase: “el derecho a la educación no distingue estratos”. Sin embargo, esa intervención trasladó la discusión hacia un dilema de política pública: ¿la gratuidad debe ser universal o focalizada?
El libreto repetido
La dinámica es evidente: primero se responde con tono moralista, luego se apela a la victimización y finalmente se traslada la carga de la prueba a otros. Es un libreto que no busca esclarecer del todo, sino ganar impacto mediático.
En ese sentido, el caso Margarita Rosa es más que un error administrativo: es la muestra de cómo ciertos referentes del Pacto Histórico han manejado sus credenciales y certificaciones. El problema ya no es solo personal, sino político.
El fondo del asunto
El verdadero debate no es si hubo subsidio o exención, sino el estándar de responsabilidad de las figuras públicas. Con la visibilidad y el capital simbólico que tiene Margarita Rosa de Francisco, la ciudadanía esperaba claridad inmediata. En cambio, recibió explicaciones ambiguas y un relato de “rebeldía”.
El riesgo es claro: se erosiona la confianza en la política de gratuidad, se normaliza que figuras influyentes manipulen la información y se degrada la noción de ética en lo público. Distintos episodios, un mismo patrón: credenciales cuestionadas, documentos dudosos y una ética pública cada vez más escasa.
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