Es indudable que los medios de comunicación y la administración de justicia en Colombia actúan de manera clasista tanto en el cubrimiento noticioso como en la aplicación de la justicia penal.
A propósito de la lamentable muerte violenta del joven estudiante de la Universidad de los Andes y de la joven caleña perteneciente a una élite social —casos que han recibido un amplio despliegue mediático y se han convertido en noticias de primer orden nacional—, resulta evidente que dicha visibilidad ha contribuido a un esclarecimiento más rápido de las investigaciones penales y a la identificación de los responsables. Esto, sin duda, es positivo; sin embargo, contrasta con lo que ocurre con la mayoría de la población que no pertenece a universidades de élite ni a clases sociales privilegiadas, y que además carece de los recursos para contratar abogados de renombre.
¿Cuántos homicidios y lesiones graves se cometen diariamente en el país sin recibir la misma atención mediática ni la misma celeridad investigativa, simplemente porque las víctimas no son estudiantes de universidades prestigiosas ni miembros de élites sociales, y cuyos casos apenas quedan registrados en los archivos de Medicina Legal?
Cada día mueren trágicamente numerosas personas cuyos únicos dolientes son sus familias y allegados, mientras que la justicia, en la mayoría de estos casos, no actúa con la misma diligencia para esclarecer los hechos ni identificar a los responsables. Esta desigualdad en la atención y en la respuesta institucional revela, una vez más, el profundo sesgo clasista que atraviesa tanto a los medios como al sistema judicial.
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