Las afrentas contra las víctimas y el negacionismo de la verdad histórica deben tener un límite. Es completamente inadmisible que la senadora María Fernanda Cabal, quien hace parte de la Comisión de Paz del Congreso —donde ejerce funciones en pro del derecho a la paz— y de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer —encargada de promover y difundir los instrumentos normativos para los derechos de las mujeres—, pretenda capturar la verdad y negar cuatro décadas de violencia contra los integrantes de un partido como la Unión Patriótica, nacido de los acuerdos de paz en la década de los ochenta.
Es evidente el interés de sectores políticos de extrema derecha que, mediante eufemismos, buscan borrar décadas de violaciones a los derechos humanos promovidas o auspiciadas por el Estado o por sus agentes contra los integrantes de la oposición política en Colombia. Craso error pretender negar, de un solo brochazo, lo que ha sido reconocido en sentencias internacionales, como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023, que documenta cientos de desapariciones forzadas, miles de ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos que permitieron el exterminio de la U.P.
Algunos congresistas colombianos, que por mandato constitucional están limitados a evitar la proscripción, la persecución o la estigmatización, hoy intentan negar el derecho a la verdad. Mientras tanto, en el Cono Sur —en países como Chile o Argentina— no solo se reconocieron jurisprudencialmente los derechos a la verdad y la memoria frente a graves violaciones de derechos humanos, sino que sus parlamentos han emitido marcos normativos que refuerzan el reconocimiento de los derechos de las víctimas, elevándolos casi al rango constitucional.
Un ejemplo: entre 2022 y 2024 los órganos legislativos chileno y argentino, acudiendo a los principios de sus constituciones, promulgaron leyes sobre el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Adicionalmente, en el caso chileno, se determinó la conformación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad sobre las vulneraciones a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia durante la dictadura.
Sin desconocer los esfuerzos legales que se han adelantado en Colombia, no hemos avanzado al mismo ritmo que otras sociedades que, como la nuestra, han sufrido el horror de la violencia. De ahí que, en la coyuntura actual, donde renace la idea de un proceso constituyente, este podría partir por reorientar las bases fundamentales del Estado para reconocer constitucionalmente los derechos de las víctimas.
Ante las promesas incumplidas de nuestra democracia, la paz debe asumirse como principio fundamental, estrechamente ligada al derecho a la verdad y a la restauración. Si algo debe incluirse en una nueva Constitución para Colombia, es precisamente el derecho a la verdad, entendido como un reconocimiento integral de todas las víctimas y de todo lo que nos ha sucedido como sociedad en el contexto de la violencia. Lo contrario —el negacionismo de ciertos sectores políticos— solo perpetúa la impunidad.
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