La censura que le impusieron al periodista Juan Pablo Barrientos

La censura que le impusieron al periodista Juan Pablo Barrientos

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octubre 29, 2019 | Foto: Juan Pablo Barrientos al lado del libro "Dejad que los niños vengan a mi"

Desde que el periodista Juan Pablo Barrientos publicó su libro Dejad que los niños vengan a mí, una investigación sobre la pederastia dentro de la Iglesia Católica de Colombia, no han parado los ataques y las críticas en su contra, principalmente de los señalados en la investigación periodística. Con varias tutelas, han pedido retirar el libro de todas las liberarías del país. Un juez de San Rafael, Antioquia, acogió la petición y como medida cautelar prohibió su distribución y venta hasta que no lo revise al detalle; mientras que el juez Segundo Promiscuo Municipal de La Ceja, Antioquia, quien tramita una de las tutelas interpuesta por un sacerdote, resolvió dar cuatro horas al periodista para que entregue los datos de una de sus fuentes, señalando que “la negativa a entregar la información requerida llevará a imponer las acciones disciplinarias y/o penales a que haya lugar”. Este es el comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa, que rechazó la censura que le están imponiendo a Barrientos, quien presentará su libro en Medellín el próximo 31 de octubre, precisamente, el día de los niños en Colombia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los casos de censura y acoso judicial de los que ha sido víctima el periodista Juan Pablo Barrientos debido a la publicación de su investigación sobre casos de pederastia en la iglesia Católica en Colombia, Dejad que los niños vengan a mí. En una reciente decisión judicial, se ordenó suspender la reproducción, comercialización y venta del libro.

En la última semana, Juan Pablo Barrientos ha sido notificado de tres tutelas interpuestas en su contra por dos sacerdotes y un ex coordinador de monaguillos, presuntamente responsables de delitos contra la integridad sexual de una de las fuentes del libro.

La decisión más preocupante ocurrió el pasado 25 de octubre cuando el Juez Promiscuo Municipal de San Rafael, Antioquia, ordenó, de forma transitoria, al periodista y su editorial, “suspender la reproducción, comercialización y venta del libro llamado ‘Dejad que los niños vengan a mí’”. Dicha decisión fue tomada como medida provisional en el marco del proceso de tutela interpuesto contra Barrientos por el ex coordinador de monaguillos del municipio. 

La orden de suspender la publicación del libro es contraria a la prohibición de censura previa de los artículos 20 de la Constitución Política y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Constitucional ha dicho que las autoridades, incluidos los jueces, no pueden establecer medidas de “supeditar la divulgación del contenido a su permiso, autorización, examen previo, o al recorte, adaptación o modificación" (sentencia T-391 de 2007).

Pero esa no ha sido la única decisión que viola directamente los derechos fundamentales del periodista. Hoy 29 de octubre, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Ceja, Antioquia, quien tramita una de las tutelas interpuesta por un sacerdote, resolvió dar cuatro horas al periodista para que entregue los datos de una de sus fuentes, señalando que “la negativa a entregar la información requerida llevará a imponer las acciones disciplinarias y/o penales a que haya lugar”.

La Corte Constitucional ha señalado que la facultad de negarse a entregar la información que obtuvieron durante la reportería es un derecho fundamental de los periodistas (sentencia T-594 de 2017). Este derecho es catalogado como inviolable por el artículo 74 de la Constitución. 

Dichas demandas de tutela, con las cuales se pretende suspender la publicación y lanzamiento oficial del libro, así como que se revele el nombre de las fuentes, configuran una estrategia de acoso judicial contra la prensa. En estos casos, los mecanismos judiciales están siendo usados para intimidar a un periodista e impedir la difusión de información de interés público. 

Teniendo en cuenta lo señalado, la FLIP ha adelantado distintas acciones en apoyo del periodista para revertir las decisiones. Además, le exige a los funcionarios judiciales del caso que respeten las garantías constitucionales del derecho a la libertad de expresión y que, en consecuencia, revoquen las decisiones inconstitucionales y se abstengan de tomar decisiones que violen el derecho fundamental a la libertad de expresión de los periodistas colombianos.

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